Europa se juega en las urnas el futuro del Pacto Verde (y de un continente habitable)

Benjamin van Bunderen no necesita que le expliquen los riesgos del cambio climático, uno de los puntos calientes de estas elecciones europeas en las que las políticas medioambientales están siendo cuestionadas. Las atacan las fuerzas ultras, y otras no tan radicales, que quieren pisar el freno legislativo verde o incluso revertir algunas de las leyes y metas ya fijadas. A sus 17 años, este activista belga está convencido de la necesidad de la lucha por el medio ambiente, después de haber estado a punto de morir en las graves inundaciones del verano de 2021 en Bélgica y Alemania. Este tipo de catástrofes naturales —como los incendios, olas de calor o sequías— son cada vez más frecuentes y brutales, algo que los expertos vinculan directamente al calentamiento global. En las últimas tres décadas, Europa se ha calentado el doble de la media mundial.

Su amiga Rosa, de 15 años, a quien había conocido en el campamento de verano en la localidad belga de Marcourt, no tuvo tanta suerte: aunque Van Bunderen intentó salvarla, acabó arrastrada por la súbita crecida del río. Su cuerpo fue hallado tres días más tarde. Fue una de los dos centenares de víctimas mortales que dejaron las inundaciones en el centro de Europa ese verano, que también provocaron pérdidas por 44.000 millones de euros.

“Cuando hablamos de cambio climático, muchas veces se habla solo de cifras y estadísticas. Es muy importante recordar que se trata de gente. Las personas están muriendo, están sufriendo por el cambio climático”, puntualiza desde Bruselas el adolescente, que ha creado la organización Justicia climática para Rosa, que busca concienciar del coste humano y medioambiental del cambio climático. También participa en una querella recién presentada contra la petrolera francesa TotalEnergies por lucrarse con los combustibles fósiles responsables de los gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

Este domingo, Van Bunderen votará por primera vez —Bélgica permite votar en las europeas desde los 16 años—, convencido de que hay que defender el Pacto Verde europeo, el plan aprobado durante el mandato que ahora acaba para adaptar las políticas de la UE sobre clima, energía, transporte y fiscalidad al objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% respecto a los niveles de 1990 de aquí a 2030.

“Vamos cuesta abajo”

“Estoy muy preocupado, vamos cuesta abajo, necesitamos preservar el Pacto Verde. No puedes construir un mundo verde en un planeta muerto”, señala. Las encuestas indican que Van Bunderen no está solo. Según un Eurobarómetro realizado en marzo, durante las protestas del campo que impulsaron a muchos políticos a revertir políticas medioambientales por miedo a perder capital político, el 78% de los europeos considera que las cuestiones climáticas tienen un efecto directo en su vida diaria y su salud, algo que en países como España, Grecia o Portugal preocupa del 88% al 98% de la población. El 84% de los encuestados creen que la UE necesita legislación para proteger el medio ambiente en su país.

También en marzo, la Agencia Europea de Medio Ambiente advirtió de que la UE no está preparada para el avance acelerado de los riesgos climáticos. “Cientos de miles de personas podrían morir por olas de calor y las pérdidas económicas podrían exceder el billón de euros anuales” si no se realiza una “acción decisiva ya” alertó. En un foro de defensa celebrado la semana pasada en Bruselas, el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, añadía un riesgo geoestratégico del cambio climático: “Va a ser uno de los mayores problemas de seguridad del mundo, porque millones de personas van a tener que desplazarse y van a crear nuevas oleadas de migración”, advirtió ante decenas de ministros de Defensa, altos militares y expertos en seguridad de todo el mundo.

Pese a ello, Europa, que durante esta legislatura que ahora acaba se puso a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y la política medioambiental, amenaza ahora con pisar el freno. Lo hace asustada por el impacto en las urnas que está teniendo el descontento social tras años de crisis e inflación capitalizados por una extrema derecha que ha hecho del medio ambiente su chivo expiatorio. “Por supuesto que vamos a derogar el Pacto Verde”, ha prometido el cabeza de lista de Vox, Jorge Buxadé, durante el debate de candidatos organizado este lunes por EL PAÍS y la Cadena SER.

“La reacción adversa es muy real. Ya está sucediendo”, advierte Anaïs Berthier, responsable de la oficina en Bruselas de Client Earth, una organización de abogados que pleitean en 60 países contra empresas y gobiernos “para que rindan cuentas de sus compromisos medioambientales”. “Hay voluntad de contar con una agenda desreguladora, como hemos visto con la Política Agrícola Común (PAC)” tras las protestas agrícolas, recuerda.

Pero también hay una preocupación genuina por los temores al coste extra que implicará la implementación, en los próximos años, de medidas de contención del cambio climático a todos los niveles, todo ello cuando la amenaza de una guerra hace disparar otros gastos en la UE, sobre todo en defensa. Incluso los más arduos defensores del Pacto Verde conceden que en el momento en que este se encuentra, que va a ser sobre todo de implementación en los próximos cinco años, será clave lograr un “acompañamiento social” para garantizar una transición verde justa.

Verde y social

“El Pacto Verde ha sido una apuesta ganadora en muchos frentes, la modernización de la economía, la aportación de recursos que permitan reducir las brechas, las diferencias entre los Estados miembros, y también las diferencias dentro de una sociedad, reducción de diferencias en costes, en pobreza energética. Pero necesariamente se han de pensar también los siguientes pasos. Sin duda, una perspectiva mucho más social, mucho más detallada, mucho más transversal, serán algunas de las líneas maestras para completar ese Pacto Verde”, señalaba durante su última visita a Bruselas la vicepresidenta y cabeza de lista socialista, Teresa Ribera, cuyo nombre suena fuerte para una cartera medioambiental en la próxima Comisión. “Necesitamos un pacto verde con agenda social”, ha reiterado este lunes durante el debate de candidatos. “Es muy importante que atendamos el aspecto social de las políticas verdes”, coincide Berthier, cuya organización propone la creación de un vicepresidente de la Comisión Europea “para Gente y Medio Ambiente” encargado de garantizar la implementación del Pacto Verde europeo de una forma socialmente justa.

Nadie esconde que la transición verde será cara —la Comisión estima que se necesita una inversión adicional de 620.000 millones anuales hasta 2030, un 3,7% del PIB de la UE, para lograr los objetivos climáticos— pero que la inacción podría ser aún más costosa: los daños provocados por inundaciones, sequías, incendios, olas de calor o enfermedades relacionadas con el calentamiento global provocarán, según la Comisión también, una caída de al menos el 7% del PIB de la UE hasta finales de siglo.

El comisario europeo de Economía, el socialdemócrata italiano Paolo Gentiloni, reconocía recientemente el reto, pero también advertía de no cometer el “error histórico” de revertir el Pacto Verde. “Podemos ajustar, tenemos que ser pragmáticos, prestar atención a la justicia de la transición, a los aspectos sociales y regionales afectados, pero no podemos cometer el error histórico de dar marcha atrás en la transición (…). Los gobiernos, activistas y sindicatos deberíamos unir nuestras fuerzas para lanzar un mensaje claro de que sí, tenemos que gestionar las dificultades y problemas sociales, pero no podemos dar marcha atrás en la transición verde”, insistió.

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