No solo es Doñana: populares y liberales torpedean la agenda verde europea por miedo al desgaste electoral

El pulso por Doñana en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales de este domingo —con los duros ataques del PP y su familia europea, el PPE, a Bruselas por advertir contra los planes de la Junta de Andalucía de legalizar regadíos cerca del parque natural— no es más que un síntoma. Buena parte de Europa entra ahora en un intenso ciclo electoral —con comicios clave en países como España, Polonia, Noruega o Bélgica— que culminará en junio de 2024 con las elecciones europeas. Y la ambiciosa política medioambiental de la UE se ha convertido en una diana recurrente.

Conservadores y liberales han descubierto el enorme capital político de las crecientes protestas de sectores como el agrícola o el del motor. En un contexto de fuerte inseguridad económica debido a la pandemia, primero, y a la guerra de Ucrania ahora, estos movimientos critican lo que perciben como una transición ecológica demasiado rápida, en la que temen quedarse atrás o perder ventaja frente a competidores de otras regiones con menos escrúpulos climáticos.

Los políticos no quieren perder votos. Tampoco tiempo. El Partido Popular Europeo (PPE), liderado por el alemán Manfred Weber, busca seguir siendo la principal fuerza política de la Eurocámara tras las elecciones europeas de junio de 2024. Se ha apresurado a declarar la guerra a la propuesta legislativa estrella en materia de biodiversidad de la UE, la Ley para Restaurar la Naturaleza, que busca reparar el 80% de los hábitats comunitarios en mal estado, con un primer objetivo de recuperar al menos el 20% de las tierras y aguas degradadas para 2030. El partido conservador, que se presenta como “el defensor de los agricultores europeos y las comunidades rurales”, pide abiertamente tumbar la iniciativa, al igual que otra propuesta para reducir el uso de pesticidas. Lo ha logrado ya, con ayuda de representantes liberales, en las dos comisiones parlamentarias que esta semana tenían que dar su opinión sobre el texto, la de Pesca y Agricultura.

El relator de la ley en la Eurocámara, el socialista César Luena, considera que la actitud del PPE esconde una clara “estrategia electoralista”. “[Weber] ha escogido el medio ambiente y la migración como temas para acercarse a la extrema derecha”, advierte Luena. Y añade que, con ello, está metiendo a su formación en una “doble espiral, negacionista y egoísta, además de antieuropeísta”.

Pero no son solo los conservadores. Gobernantes liberales como el francés Emmanuel Macron o, esta misma semana, el belga Alexander de Croo, han reclamado una “pausa” en la intensa legislación medioambiental europea.

“Llega un momento en el que hay que elegir. ¿Es el momento adecuado para hacerlo todo al mismo tiempo?”, se preguntó este miércoles De Croo, para horror de los miembros ecologistas y socialistas de su gran coalición de gobierno. También los socialdemócratas y verdes de la alianza al mando en Berlín chocan con los intereses en clave electoral interna de su aliado liberal FDP, que acaba de bloquear la tramitación parlamentaria de la propuesta estrella de su socio ecologista en el Gobierno para prohibir la instalación de nuevas calderas de gas y carbón en Alemania a partir del año que viene.

Ya en marzo, Berlín provocó el primer gran sobresalto de las instituciones de la UE al amenazar, rompiendo las reglas de los acuerdos europeos (pero con apoyo de los gobiernos ultraconservadores de Italia y Polonia), con frenar la prohibición ya pactada de vender coches nuevos con motor de combustión a partir de 2035 si no se incluía una excepción para los motores de combustibles sintéticos. Detrás del inusual nein estaba también el FDP, consciente del poder de voto regional de la poderosa industria automovilística alemana. El Gobierno italiano que encabeza Giorgia Meloni, por su parte, plantea un nuevo frente contra el endurecimiento de las normas de contaminación de automóviles propuesto por Bruselas. La iniciativa es “claramente equivocada y no resulta útil desde el punto de vista ambiental”, ha defendido el ministro de Transporte, Matteo Salvini.

El primer ministro belga mira, mientras tanto, con preocupación las revueltas del sector agrícola en Países Bajos, que se están replicando en su territorio. Su homólogo holandés, el liberal de derechas Mark Rutte, se vio sorprendido en marzo por la victoria histórica en las elecciones provinciales del Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB), que capitalizó la oposición de los agricultores a los planes medioambientales del Gobierno para reducir las emisiones de nitrógeno, que prevén una reducción de la ganadería y expropiaciones cerca de zonas naturales protegidas.

Y si hay alguien que conoce el potencial coste político de medidas de transición ecológica es Macron: la decisión de su Gobierno de aumentar el precio de los combustibles, en parte para disuadir el uso de energías contaminantes, provocó el nacimiento del movimiento de los chalecos amarillos, que acabó convirtiéndose en la máxima expresión del descontento social en Francia, al menos hasta la reciente reforma de las pensiones.

Bruselas, que insiste en que no abandonará el camino verde, ha emprendido una férrea defensa de sus propuestas legislativas para abandonar lo que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, califica de una economía “obsoleta” basada en energías fósiles.

“Rechazar la Ley para Restaurar la Naturaleza enviaría una señal peligrosa al mundo de que la UE y sus Estados miembros dan marcha atrás en sus compromisos” medioambientales, advierte el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, el lituano Virginijus Sinkevicius, al que el PPE ha llegado a acusar de “hacer campaña para Pedro Sánchez” por Doñana.

“No tenemos tiempo para retrasar la acción” climática europea, dijo también esta semana el vicepresidente de la Comisión para el Pacto Verde, Frans Timmermans, en la Eurocámara.

Aun así, se multiplican las señales de que se podría ceder ante las presiones políticas. Un nuevo paquete legislativo, que incluye una propuesta de directiva sobre salud del suelo y legislación relativa a los vegetales producidos con nuevas técnicas genómicas, debía presentarse, tras varios retrasos, en junio, pero ha vuelto a ser aplazado a julio. Eso, señalan los que conocen los tiempos de Bruselas, hace muy difícil que puedan avanzar en lo que les queda de mandato a la Eurocámara y la Comisión.

La propia Von der Leyen ha admitido que quizás haya llegado el momento de frenar el ímpetu legislativo verde: “Deberíamos analizar la capacidad de absorción (legislativa). Es algo que haremos en las próximas semanas o meses”, dijo antes de partir a la cumbre del G-7 en Hiroshima.

“Las leyes fueron acordadas por todos los países e instituciones. Pero siempre es más fácil hacer como si fuera Bruselas la que las dicta, para eludir la responsabilidad”, lamenta Linda Kalcher, directora ejecutiva de Strategic Perspectives, un nuevo laboratorio de ideas que busca “promover una acción climática eficaz como solución a la multitud de crisis interconectadas que afronta la UE”.

Fuentes comunitarias intentan, no obstante, rebajar las inquietudes. Lo que vive Europa es un “baldazo de realidad”, dicen. Los Veintisiete pusieron “metas ambiciosas” en 2019, cuando se fijaron los objetivos del Pacto Verde para lograr la neutralidad de carbono en 2050. Pero “se sabía que iba a ser complicado a la hora de implementar” las medidas para lograr las metas, sobre todo cuando a la crisis de la pandemia le ha seguido la de la guerra de Ucrania. “Sabíamos que este momento iba a llegar”, aseguran. “Lo preocupante” de verdad sería “un cuestionamiento de los objetivos”, pero eso no ha ocurrido por el momento, al menos de forma masiva, afirman. Pero muestran su inquietud ante la posibilidad de que haya nuevos llamamientos a “pausas” desde otras capitales europeas. El año electoral se le va a hacer muy largo a muchos.

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