Una jueza prohíbe a Trump despedir a funcionarios durante el cierre del Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump recibe otro revés judicial. Una jueza federal en San Francisco ha bloqueado, al menos por el momento, los planes del presidente estadounidense de despedir a decenas de miles de funcionarios durante el cierre parcial del Gobierno estadounidense provocado por el desacuerdo entre republicanos y demócratas por el gasto sanitario.

Trump ha amenazado a los demócratas con despedir a miles de trabajadores de la Administración federal si no dan su visto bueno a unos presupuestos presentados por la mayoría republicana ―que controla ambas cámaras― para el próximo año fiscal y que incluyen importantes recortes en la cobertura sanitaria para millones de personas.

Mientras que los presupuestos están en suspenso, el Gobierno federal se ha quedado sin fondos y desde hace dos semanas ha suspendido la mayor parte de sus operaciones no indispensables. Así que funciona solo a medio gas, con la mayoría de los servicios públicos, no esenciales, como seguridad o defensa, congelados.

La jueza de distrito de la corta federal de California Susan Illston ha admitido a trámite la solicitud de dos sindicatos que solicitaban el bloqueo de los despidos en una treintena de agencias federales.

La decisión judicial se produce cinco días después de que el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, anunciara a través de las redes sociales que “los ERE han comenzado”. Ese mismo día, el pasado viernes, la Casa Blanca empezó a enviar cartas a numerosas agencias notificando el despido a más de 4.000 funcionarios.

Pero la maniobra de la Casa Blanca puede ir más lejos. Vought, que participó en la redacción del Proyecto 2025, documento considerado una hoja de ruta para el segundo mandato del presidente Trump y en el cual se aboga por una drástica reducción de la burocracia federal, ha declarado este miércoles a The Charlie Kirk Show que más de 10.000 empleados federales podrían perder sus empleos debido al cierre gubernamental.

“Las actividades que se están llevando a cabo aquí son contrarias a las leyes”, aseguró este miércoles la juez Illston a los abogados del Gobierno de Trump durante la audiencia pública en la que emitió la orden para bloquear temporalmente los despidos. “No se puede hacer esto en una nación de leyes”, dijo Illston, designada por el expresidente demócrata Bill Clinton. La jueza, sin embargo, instó a los sindicatos a presentar sus demandas ante una junta laboral federal antes de recurrir a los tribunales.

La jueza Illston considera que los despidos tienen una motivación política. Se basa en las declaraciones de Trump en las que asegura que los recortes que realizará aprovechando el cierre gubernamental se dirigirían a “agencias demócratas”. “Eso no se puede hacer en un país de derecho. Y aquí tenemos leyes, y lo que se está articulando aquí no está dentro de la ley”, dijo la magistrada.

Illston señaló durante la audiencia que la Administración Trump ha aprovechado “la caída en el gasto y el funcionamiento del Gobierno para asumir que todo está perdido, que las leyes ya no se aplican a ellos y que pueden imponer las estructuras que quieran en la situación gubernamental que no les gusta”, según recoge la cadena NBC.

Dos de las principales asociaciones de empleados públicos, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales (AFSCME), destacan que los despidos no pueden realizarse durante el cierre gubernamental, porque esa decisión no responde a un servicio esencial. El cierre, abundan, no justifica despidos masivos de trabajadores que están suspendidos y con sus salarios congelados.

Democracy Forward, un grupo de defensa que representa a los sindicatos en el tribunal, elogió la orden de la jueza. La presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, manifestó a través de un comunicado: “El presidente parece creer que su cierre gubernamental está distrayendo a la gente de las acciones dañinas e ilegales de su Administración, pero el pueblo estadounidense le está exigiendo cuentas, incluso en los tribunales”.

“La decisión del Gobierno de despedir a miles de empleados federales que ya se encuentran sin sueldo durante el cierre gubernamental no solo es cruel, sino también ilegal”, declaró el presidente nacional de AFGE, Everett Kelley. “Estos son servidores públicos dedicados que mantienen a nuestra nación en funcionamiento: protegen la salud pública, apoyan la educación, garantizan una vivienda justa e impulsan el crecimiento económico”.

“Esta decisión confirma que estas amenazas de despidos masivos probablemente sean ilegales e impide que se emitan avisos de despido”, declaró, por su parte, el presidente de AFSCME, Lee Saunders. “Los trabajadores federales ya han enfrentado suficiente incertidumbre debido a los incesantes ataques del gobierno a las importantes labores que realizan”, añadió.

Las asociaciones sindicales han manifestado que seguirán acudiendo a los tribunales para defender los derechos de los trabajadores públicos.