Siria ansía el fin de las sanciones internacionales para impulsar la transición

La nueva Siria trata de obtener otra victoria política, aunque sea parcial, mes y medio después de que una rápida operación rebelde liquidase más de cinco décadas de dictadura de la familia El Asad: el levantamiento de sanciones internacionales. Este lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea estudian un alivio gradual de las medidas punitivas aprobadas contra el régimen tras la violencia desatada tras las protestas de marzo de 2011 y el posterior conflicto armado. Un debate que se vive con cierta esperanza en Damasco.

Como ya ha adelantado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, la derogación de estas trabas, que han causado enormes estragos sobre la economía siria —subida de precios, desabastecimiento, asfixia energética e incremento de la pobreza—, estará directamente vinculada a los pasos que dé la nueva administración del país árabe, liderada de facto por el veterano combatiente Ahmed al Shara, hacia una transición política “tangible”. Esto es: con garantías de seguridad y de respeto a los derechos fundamentales.

Esta premisa, que comparte Estados Unidos, el gran sancionador de Siria, guarda cierta complejidad, después de más de 13 años de guerra y transcurridas tan solo siete semanas desde la conquista rebelde de Damasco. “EE UU y la UE consideran que las sanciones son instrumentos que pueden utilizar para presionar a las autoridades provisionales sirias para que avancen hacia un sistema político más inclusivo y transparente”, sostiene Steven Heydemann, experto de la Brookings Institution de Washington. “El problema”, prosigue, “es que, a menos que las nuevas autoridades puedan demostrar a los sirios que están en mejor situación, la probabilidad de que la transición tenga éxito se verá enormemente reducida”.

Una economía en ruinas

Hasta el estallido de la guerra civil, la economía siria era más que homologable a la de muchos países vecinos. Con algo menos de 3.000 dólares (unos 2.858 euros) de renta por habitante, se situaba prácticamente a la par de Egipto o Jordania. Nada queda de aquello tras la larga contienda y las tandas de sanciones internacionales, que han reducido el PIB en un 84%, según el Banco Mundial.

Si bien estas restricciones excluían expresamente los productos básicos como alimentos o las medicinas, al incluir los sectores energéticos y financieros, su efecto se ha extendido a toda la sociedad y a todos los ámbitos de su economía. “No creo que afectasen mucho a los miembros del anterior régimen, sino más a la realidad cotidiana de la gente”, afirma el superior de los hermanos maristas de Alepo, Georges Sabe. Todas las donaciones que reciben tienen que ir a una cuenta bancaria del vecino Líbano y luego transportarlo en efectivo a través de la frontera. Lo mismo les ha ocurrido con el equipamiento médico.

“Incluso si las medicinas y productos esenciales están técnicamente excluidos de las sanciones, las restricciones bancarias hacen su importación mucho más difícil. Las empresas [del extranjero] temen ser objeto de sanciones secundarias o tener problemas con los pagos, lo que conduce a la escasez y el sobreprecio en ciertos productos básicos”, explica Baraa Khurfaan, analista del Instituto Tahrir. Sectores vitales, como la construcción o la energía, dice, tienen problemas por la falta de inversiones y las barreras a la importación de maquinaria y piezas de repuesto. “Y todo esto retrasa la recuperación, la reconstrucción y la creación de puestos de trabajo”.

Aunque no todo se puede achacar a las medidas punitivas de EE UU y sus aliados —la propia destrucción física causada por la guerra ha dejado cicatrices muy profundas y seis millones de refugiados—, las sanciones son un factor clave de la descomposición económica. El 70% de la población siria depende hoy de la ayuda humanitaria y el 90% está bajo el umbral de la pobreza, según las cifras de la ONU. El coste de la vida se ha triplicado en solo tres años.

Precios a la baja

Es cierto, relata Sabe, que en las últimas semanas, con la progresiva apertura del país y el envío de combustible desde los países del Golfo y Turquía, los precios de los alimentos —en su mayoría, reexportados desde el país vecino— se han abaratado. No así los de otros productos y utensilios. “Todo lo que es comida, está disponible en abundancia. Y muchos productos que antes estaban prohibidos por el régimen, como galletas extranjeras o refrescos, ahora los puedes encontrar. Los precios han bajado en las zonas que [antes] estaban controladas por el régimen”, afirma Yaser, un joven de Alepo. Por contra, en las zonas bajo control rebelde —que hasta la caída definitiva de El Asad estaban mucho mejor abastecidas que el resto de Siria— los precios han subido, según confiesa un vecino de Azaz que trabaja para una organización humanitaria.

Existe, también, una clase media que trata de abrirse camino y operar como lo haría al otro lado de la frontera. Ahmed Kanjo, un sirio de 34 años, natural de Alepo y que regresó recientemente a su país natal tras varios años residiendo en Turquía, afirma por mensaje: “Están prohibidas las transacciones bancarias, lo que significa que no puedo recibir ni enviar transferencias o comprar ningún servicio que requiera pago electrónico, incluso si es una plataforma educativa”. “A esto hay que añadir la prohibición de las compras de combustible y las sanciones que impiden la reconstrucción”, añade. “Este proceso implica empezar a emplear a miles de trabajadores, lo que impulsará significativamente la economía”.

Junto a la decisión que tome Bruselas ―el equipo de Kallas planea un levantamiento de las trabas por “etapas”, según ha informado la agencia Reuters—, queda por saber qué hará Donald Trump con las sanciones impuestas por EE UU, la potencia que con más brío activó su maquinaria contra dos sectores fundamentales para la Siria de El Asad: el energético y el financiero. Las restricciones a la comercialización de petróleo han hundido la producción, que desde el inicio de la guerra ha pasado de más de 300.000 barriles a apenas 40.000. Y las transferencias internacionales, remesas de emigrantes incluidas, siguen siendo una quimera.

Ambos grupos de sanciones están llamados a ser los primeros en caer. Aunque hoy modesto en volumen, el regreso del crudo sirio al mercado internacional supondría una inyección de recursos que Damasco necesita más que nunca. En el caso del sector financiero, el levantamiento de las cortapisas facilitaría a los emigrados enviar dinero a familia y amigos, y permitiría al sector privado hacer nuevamente negocios en Siria. Interés no falta: son decenas de empresas turcas y de otros países de la región —muchas de ellas constructoras— las que quieren hacer de nuevo negocios allí. “Es esencial el fin de las sanciones para que los bancos y las empresas tengan la confianza que necesitarán para participar en la recuperación”, opina Heydemann.

La energía

“Quienes han vivido bajo [el régimen de] El Asad son los auténticos héroes”, subraya por correo electrónico el economista sirio Samir Aita, presidente del Círculo de Economistas Árabes. Aunque el impacto de las sanciones ha sido generalizado, laminando los ingresos de la población, Aita pone el foco en lo energético. “Han limitado el acceso a la electricidad, que [en algunas zonas] sigue restringida a una hora de cada 12. Y algo similar ocurre con la gasolina, que llega por contrabando a través de Turquía o Líbano, pero a precios internacionales que muchos no pueden afrontar”, describe.

La escasez de energía, paradójica en un país que, por fundamentales, debería ser exportador neto de crudo, ha tenido un efecto dominó sobre otros sectores: el agrícola e industrias como la farmacéutica, en otros tiempos relativamente competitiva y enfocada a la exportación.

Washington aplicó las primeras sanciones económicas sobre Siria en los setenta. Un castigo que subió de nivel a principios de la década de 2000. No fue, sin embargo, hasta 2011 cuando se produjo la gran escalada —bloqueo incluido sobre la mayor parte de operaciones de su banco central—. Aita cree que el sistema estadounidense de sanciones sobre Siria es “el más complejo” que se ha puesto en marcha jamás. Su eliminación, por tanto, también será difícil: muchas de ellas son leyes y, por tanto, necesitan de la aprobación del Congreso y del Senado norteamericanos.

A principios de enero, la Administración Biden aprobó una exención —provisional y muy parcial— sobre algunas de estas medidas de castigo, sobre todo en el sector energético. “Es un paso positivo”, señala Heydemann, de la Brookings Institution, “pero mantiene las sanciones a las inversiones y los préstamos. Esas medidas hacen que sea aún difícil hacer frente a una crisis económica devastadora y reconstruir infraestructuras esenciales, como las energéticas”.