Yoon Suk-yeol defiende ante el Tribunal Constitucional de Corea del Sur su “compromiso con la democracia libre”

Yoon Suk-yeol, el presidente de Corea del Sur destituido por el Parlamento el pasado diciembre y arrestado la semana pasada por las autoridades anticorrupción, ha comparecido este martes por primera vez ante el Tribunal Constitucional. El líder conservador está despojado de sus funciones de forma provisional por imponer el pasado 3 de diciembre la ley marcial en el país. Hoy, ha asegurado haber trabajado siempre defendiendo los valores de la “democracia libre” y ha apelado directamente a los magistrados para que tengan en cuenta aspectos que puedan favorecerlo en su caso, según recoge la agencia de noticias Yonhap. El máximo tribunal surcoreano, que está revisando el proceso de destitución y evaluando su legitimidad, tiene hasta junio para dictaminar si restituye sus competencias a Yoon o lo depone definitivamente como jefe del Estado.

“Desde que cumplí la mayoría de edad y hasta el día de hoy, he vivido con una firme convicción y compromiso con la democracia libre, especialmente durante mi etapa en el servicio público”, ha aseverado el mandatario. “Dado que el Tribunal Constitucional es una institución que existe para defender la Constitución, pido a los magistrados que me consideren favorablemente en varios aspectos”, ha añadido.

Yoon, antiguo fiscal general de la nación, ha defendido desde diciembre su actuación como un “acto de gobierno” destinado a defender al país de “fuerzas antiestatales”. Durante la audiencia de este martes, que ha durado una hora y 43 minutos, su equipo legal negó que el mandatario planificara la imposición de la ley marcial, una medida extrema que se activó por primera vez en 45 años. “El decreto fue redactado por [el entonces ministro de Defensa] Kim Yong-hyun, y modificado por el acusado para que tuviera el formato [de ley marcial]”, ha expresado Cha Gi-hwan, uno de sus abogados. “Tenía como objetivo prohibir los actos ilegales del Parlamento, y en ningún caso disolverlo o prohibir sus actividades regulares”, agregó.

Cha también afirmó que el despliegue de tropas durante las seis horas que la ley estuvo en vigor buscaba “informar a la ciudadanía sobre el comportamiento peligroso del Parlamento”, así como prepararse ante la posible afluencia masiva de personas a la sede del poder legislativo, cita la agencia Yonhap. Además, negó rotundamente que Yoon ordenase el arresto de políticos y jueces.

La de hoy era la tercera sesión del proceso de destitución. Yoon es el primer presidente surcoreano que asiste a su propio juicio político, ya que sus predecesores Roh Moo-hyun y Park Geun-hye estuvieron ausentes en los suyos. Durante su declaración, se comprometió a responder a cualquier pregunta que el Constitucional considerase pertinente. Esta actitud contrasta con su rotunda oposición a los otros procedimientos penales que pesan en su contra. Yoon está acusado de planear la fallida declaración de la ley marcial, orquestar una insurrección y abusar de su poder; de ser declarado culpable de estos cargos, podría pasar el resto de su vida entre rejas.

La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios (OICAF) lo arrestó la semana pasada, después de que él desoyera tres citaciones para declarar en el marco de esa investigación. Yoon se entregó a la OICAF el miércoles 15 de enero, aunque enfatizó que lo hacía para “evitar un baño de sangre”; sus servicios de seguridad habían bloqueado el primer intento de detención a principios de mes. La OICAF puede tenerlo retenido hasta principios de febrero. Yoon se ha negado a declarar ante esta agencia, alegando que la investigación y el arresto son “ilegales”. Un total de 86 personas están detenidas, después de que cientos de sus simpatizantes asaltasen el domingo el tribunal que aprobó la extensión de su arresto.