El presidente de Corea del Sur defiende su ley marcial y asegura que luchará hasta el final

El presidente de Corea del Sur, aferrado al cargo, prosigue su huida hacia adelante una semana después de decretar la ley marcial durante seis horas y sumir a su país en la mayor crisis política desde la transición democrática, a finales de los ochenta. En una nueva alocución televisada sin preguntas, con gesto grave y corbata roja, Yoon Suk-yeol, aún jefe del Estado, ha defendido este jueves su actuación como un “acto de Gobierno”; ha rechazado los cargos de insurrección de los que se le acusa en una investigación en marcha; ha vuelto a agitar el fantasma de la intromisión norcoreana en los asuntos públicos. Y ha asegurado que luchará hasta el final, sea cual sea ese epílogo: la citada investigación que lo coloca como líder de la trama o una nueva moción de destitución en la Asamblea Nacional, que la oposición ha registrado este jueves y pretende votar el sábado.

Yoon ha justificado que enviar tropas a la Asamblea Nacional durante la ley marcial no puede equivaler a insurrección y ha desafiado los llamamientos a la dimisión lanzados desde las filas de la oposición —también, desde las de su propia formación, el conservador Partido del Poder Popular (PPP)—, y por parte de la ciudadanía que ha tomado las calles desde hace una semana para exigir su caída. Yoon ha detallado ante la cámara que utilizó su poder presidencial “para proteger a la nación y normalizar los asuntos del Estado” contra una oposición que tenía paralizado el Gobierno. La decisión fue fruto de un “juicio político altamente calibrado”, ha dicho, según recoge la agencia surcoreana Yonhap.

Esta es la segunda vez que el presidente se pronuncia de forma oficial desde que suspendió la orden de tomar el control militar del país. El mandatario se vio obligado a dar marcha atrás después de que el Parlamento revirtiera su decreto en una votación de emergencia, mientras los militares sitiaban la Asamblea Nacional, con órdenes de impedir que se llevara a cabo y arrestar a líderes políticos. Si el sábado pasado, en su primera alocución, pidió disculpas por el caos provocado, y confesó haber tomado la decisión fruto de la “desesperación”, en esta ocasión Yoon blandió un tono más combativo: “Tanto si me impugnan como si me investigan, me enfrentaré a ello con imparcialidad”, ha dicho.

El jefe del Estado ha acusado a la oposición de obstruir su Gobierno con intentos de destitución y recortes en los presupuestos del próximo año: una “frenética danza de espadas”, lo ha denominado. El opositor Partido Democrático, de centroizquierda, es la principal fuerza de la Cámara, lo que ha dificultado la gobernabilidad del PPP de Yoon desde que este asumió el poder en 2022. “La Asamblea Nacional, dominada por el gran partido de la oposición, se ha convertido en un monstruo que destruye el orden constitucional de la democracia libre”, ha denunciado el presidente. El PD controla 171 escaños de los 300 asientos del Parlamento, frente a los 108 del partido de Gobierno.

Yoon también ha vuelto a señalar, sin pruebas, a una supuesta trama norcoreana que estaría poniendo en riesgo el país. El pasado 3 de diciembre, cuando decretó la ley marcial, alegó que lo hacía por la necesidad de proteger el orden constitucional de actividades antiestatales, y acusó a la oposición de ser una “fuerza pronorcoreana”, pero sin dar más detalles. En esta ocasión, ha puesto en duda la credibilidad de las últimas elecciones y ha revelado que ordenó al exministro de Defensa Kim Yong-hyun, arrestado desde hace una semana por su implicación en la crisis, que comprobara el sistema de votación de la Comisión Electoral Nacional. El presidente alegó que el sistema pudo haber sido comprometido por unos supuestos ciberataques de piratas informáticos de Corea del Norte.

“Lucharé hasta el último momento junto a vosotros”, ha reiterado Yoon, disculpándose una vez más por las molestias ocasionadas a los ciudadanos con la breve imposición de la ley marcial. El mandatario, de 63 años y con una dilatada trayectoria como fiscal, famoso por su lucha contra la corrupción, antes de dar el salto a la política, ha asegurado que solo “un pequeño número” de soldados desarmados fueron desplegados en el Parlamento para “mantener el orden”, y se les pidió que se replegaran en cuanto los parlamentarios aprobaron la resolución que ponía fin a la ley marcial.

El papel de los militares

El papel de los militares y las órdenes que recibieron será una de las cuestiones centrales de la investigación por insurrección a la que se enfrenta Yoon. El jefe del Comando de las Fuerzas Especiales surcoreanas, Kwak Jong-keun —suspendido de sus funciones y sobre quien pesa una prohibición de viajar—, que estaba al frente de las tropas desplegadas en la Asamblea, aseguró el martes en una comparecencia en el Parlamento que recibió una llamada del presidente ordenándole que “rompiera la puerta y sacara a los legisladores” del hemiciclo antes de que llevaran a cabo la votación que terminó revirtiendo la ley marcial. Cuando algunos de los mandos se resistieron, Kwak sopesó la cuestión: “Pensé que tenían toda la razón. Decidí que no era correcto que nuestras tropas entraran, porque cometerían delitos y demasiada gente resultaría herida si forzábamos la entrada”.

La comparecencia pública de Yoon llega en un momento en que el líder está contra las cuerdas. Por un lado, avanza la investigación contra él: la Policía acudió el miércoles a registrar las dependencias presidenciales, incluida la oficina del jefe del Estado, aunque finalmente apenas logró asegurar pruebas, después de que se les impidiera la entrada; las autoridades de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios, encargada de dirigir las pesquisas, ya valoran la detención del mandatario. Por otro lado, el bloque de la oposición redobla la presión para celebrar otra votación el sábado para destituirlo.

Sigue siendo una incógnita si prosperará o no este nuevo procedimiento. El líder del partido de Gobierno, Han Dong-hoon, que desde el principio se ha distanciado de la ley marcial y de Yoon, ha mostrado este jueves su apoyo a una eventual destitución. Supone un cambio de postura: hasta ahora había defendido una salida ordenada del presidente, con su dimisión, pero en un plazo sin determinar. Han ha pedido a sus compañeros de filas que voten la moción según su conciencia. Para que salga adelante, se necesita una mayoría de dos tercios de la cámara ―esto es: 200 de los 300 diputados― por lo que el bloque de la oposición requiere la adhesión de al menos ocho parlamentarios del partido de Gobierno. En la moción del pasado sábado ni siquiera se procedió al recuento, después de que el PPP boicoteara la votación con el abandono del hemiciclo de todos menos tres de sus miembros. La próxima promete ser una nueva sesión de vértigo: siete diputados del partido del presidente han asegurado hasta este jueves que darán su apoyo para destituirlo.