La justicia de Portugal mantiene en el limbo a António Costa, 13 meses después de su dimisión

El 7 de noviembre de 2023, la residencia oficial del entonces primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, fue registrada por orden de la Fiscalía. Encontraron dinero en metálico (75.800 euros) escondido en el despacho de su jefe de gabinete, Vítor Escária, y se llevaron documentación para investigar si había anomalías en la aprobación de una serie de proyectos empresariales, entre ellos un gigantesco centro de datos en Sines. Ese día se realizaron 42 registros y se detuvieron cinco personas, entre ellas Escária y un buen amigo de Costa, el abogado Diogo Lacerda Machado, en la llamada Operación Influencer. Un escándalo que impactó dentro y fuera del país. Los fiscales que dirigían la operación tenían sospechas de que se podían haber cometido delitos de corrupción, tráfico de influencias y prevaricación.

Esa misma mañana, en un comunicado, la Fiscalía General de la República anunció que el Tribunal Supremo estaba investigando al propio primer ministro. António Costa tardó pocas horas en dimitir. Una imprevisible y gigantesca crisis política acababa de nacer, que llevó a unas elecciones anticipadas, la sustitución de los socialistas por una alianza conservadora en el Gobierno portugués y el refuerzo de la ultraderecha, que superó el millón de votos y conquistó 50 escaños. En el Parlamento resultante, la fragilidad del Ejecutivo permite a la oposición imponer muchas de sus medidas. El país vive desde entonces con la sensación de que puede haber nuevos comicios en cualquier momento.

Costa logró que el proceso judicial de su país no invalidase su candidatura para presidir el Consejo Europeo. El pasado 1 de diciembre tomó posesión de un cargo que ambicionaba desde hacía tiempo y al que pudo acceder gracias a su inesperada dimisión. Los intentos de sus adversarios de utilizar la investigación judicial en Portugal para frenarle la carrera europea no surtieron efecto. Es más, el nuevo primer ministro y su antiguo rival del centroderecha (Partido Social Demócrata), Luís Montenegro, arropó su candidatura.

Pero así como Costa dio pasos firmes para consolidar sus aspiraciones europeas en estos 13 meses, nada parece haber avanzado en la Operación Influencer para implicar al ex primer ministro. De la investigación de los fiscales, cuyo rigor sería cuestionado tras las resoluciones de dos instancias judiciales posteriores que no vieron indicios para sostener las imputaciones por corrupción o prevaricación, nada se sabe, excepto que continúa. Este es un resumen de lo que ha pasado en estos 13 meses.

António Costa, ni imputado ni eximido. A Lucília Gago, la Fiscal General del Estado, que ordenó incluir el párrafo sobre António Costa en el comunicado de la Operación Influencer que a la postre desencadenó su dimisión y la caída del Gobierno, le ha sucedido Amadeu Guerra. Sobre esta investigación ha sido parco, pero ha confirmado que Costa sigue siendo investigado, aunque no está imputado en el proceso. “Veremos si en esa documentación hay algunos indicios, más allá de los que ya existían”, afirmó a finales de octubre. El ex primer ministro compareció a petición propia ante los fiscales en mayo, respondió a todas las preguntas y salió como había entrado, sin que nada de lo dicho variase su situación judicial. En una reciente entrevista al Observador, declaró: “Tengo la conciencia tan tranquila como la tenía antes. Hice lo que me competía, pedí para ser escuchado, fui escuchado. Si hubiese indicios, la ley obliga a que me imputen. No fui imputado y, por tanto, se deduce que no había indicios que justificasen esa imputación”.

Fallos en la custodia de la documentación confiscada. La Fiscalía confirmó que abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido con el corte de los sellos de custodia del material incautado en el despacho de abogados Morais Leitão, aunque sostiene que fue “accidental”. La noticia fue divulgada en noviembre por el diario Público. La documentación de este bufete puede ser relevante para aclarar si uno de sus socios, João Tiago Silveira, que fue antiguo secretario de Estado, redactó la ley que simplificaba autorizaciones a las empresas y que beneficiaría a Start Campus, la sociedad que planeaba un gran centro de datos en Sines y sobre la que se centraron las sospechas sobre Costa. Silveira y el exadministrador de Start Campus, Rui Oliveira Neces, también socio del mismo bufete, son dos de los implicados en la operación. 13 meses después, los fiscales no han examinado el material confiscado en ese bufete, pero la rotura de la inviolabilidad de las pruebas podría dar argumentos a las defensas de los imputados para anular su validez más adelante.

Imputados aún sin declarar. A pesar de que ha transcurrido más de un año, los fiscales todavía no han citado a declarar a varios imputados en el caso, como el exministro de Infraestructuras, João Galamba, el expresidente de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, Nuno Lacasta, o el abogado João Tiago Silveira. La defensa de Galamba, que permaneció durante años bajo escuchas telefónicas, ha solicitado, sin éxito, en cinco ocasiones la citación del exministro ante el Departamento Central de Investigación y Acción Penal, que se encarga del proceso, según la agencia Lusa.

El investigado centro de datos sigue adelante en Sines. La construcción del centro de datos de Start Campus en Sines sigue adelante. Los accionistas sustituyeron en la presidencia ejecutiva a Alfonso Salema, también detenido en noviembre de 2023, por Robert Dunn. El Tribunal de Relación de Lisboa (segunda instancia) ordenó en abril la devolución de la fianza de 600.000 euros que le habían impuesto como medida cautelar.

La Operación Influencer se divide en tres. El proceso judicial se ha separado en tres ramas, atendiendo a los proyectos empresariales que están en entredicho. Uno indaga en la aprobación y construcción del centro de datos de Start Campus; otro, en una iniciativa para la producción de energía a partir de hidrógeno en Sines, y el tercero investiga las concesiones para explotar litio en Covas de Barroso, un lugar reconocido como sistema del Patrimonio Agrario Mundial por la Unesco, y Montalegre.