Meloni desafía a los jueces y sigue adelante con su plan de deportaciones a Albania

Giorgia Meloni no piensa renunciar a su plan de deportaciones a Albania, tras el revés judicial que ha frustrado su primer intento esta semana e hizo que los últimos 12 migrantes que aún estaban allí, de los 16 que llegaron el miércoles, han desembarcado en Italia el sábado. El campo de internamiento de Gjader, de 70.000 metros cuadrados, con 800 millones previstos en cinco años, sigue vacío. Y los 16 solicitantes de asilo deportados esta semana hacia Albania, ya están de nuevo en Italia.

Los 16 egipcios y bangladesíes ya han debido de comprender que Italia es un país complicado. Tras la marcha de los primeros cuatro el miércoles, el mismo día de su llegada —dos por ser menores y otros dos por estar en condiciones de vulnerabilidad— los últimos 12 que quedaban en el campo de internamiento de Gjader zarparon este sábado al filo de las nueve de la mañana del puerto de Shengjin en una nave de la guardia costera italiana que llegó seis horas más tarde al puerto de Bari, en el sur de Italia.

Ahora la primera ministra ultraderechista va a ir al choque con la magistratura italiana, que ha sido atacada duramente por varios ministros y los tres partidos del Ejecutivo. Han sido especialmente duras las palabras del ministro de Justicia, Carlo Nordio, por las que la oposición pidió su dimisión. Definió la sentencia de “anormal” y advirtió: “Si la magistratura desborda sus propios poderes, atribuyéndose prerrogativas que no puede tener, como la de definir lo que es un Estado seguro, debe intervenir la política, que expresa la voluntad popular. Tomaremos medidas legislativas”.

Esa es la clave de lo que está pasando: qué países se pueden considerar seguros. Y no se comprende bien qué resortes legales puede activar el Gobierno italiano, pues pese a todas las críticas a la magistratura, lo cierto es que el juzgado de Roma que ordenó el traslado a Italia de los migrantes deportados se limitó a aplicar una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Sus resoluciones son vinculantes. Esa decisión recortó de 22 a 7 la lista de países seguros, a cuyos ciudadanos se puede aplicar el polémico protocolo rápido de gestión de asilo y expulsión que Italia está utilizando en Albania.

Se han caído, así, de la lista de países seguros prácticamente todos los principales Estados de origen de quienes llegan a Italia por el Mediterráneo. La sentencia deja herido de muerte el modelo Albania de Meloni, alabado por la UE y que varios países miran con atención, al que ahora le falla la base legal. En teoría, con la sentencia europea en la mano, Italia solo podría deportar al país balcánico a personas rescatadas en el mar de siete países, todos con bajos índices de llegadas: Cabo Verde, Bosnia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Kosovo y la propia Albania.

Otro decreto ley

Pero Meloni no se rinde, subirá el nivel de enfrentamiento con la magistratura y no se descarta que una nave militar haga la semana que viene un nuevo traslado de migrantes a Albania. Ya mañana lunes ha convocado un Consejo de Ministros para aprobar nuevas normas que permitan sortear los obstáculos legales. Según la prensa italiana, piensa reforzar la postura del Ejecutivo con un decreto ley, de mayor rango que el vigente hasta ahora, que insista de nuevo en establecer cuáles son los países seguros según el criterio de Italia a cuyos ciudadanos se puede aplicar un protocolo rápido de gestión de asilo y expulsión.

Elly Schlein, la líder del Partido Demócratico (PD), primera fuerza de la oposición, también fue muy dura con el Gobierno: “El acuerdo con Albania no se tiene en pie, como habíamos señalado, y no crean que lo podrán burlar, porque para burlar las sentencia del Tribunal de Justicia Europeo deberían salir de la UE”. Schlein definió como “gravísimo” el choque institucional con la magistratura: “No es culpa de los jueces si el Gobierno no sabe leer las leyes y las sentencias. Nadie está por encima de las leyes europeas, internacionales e italianas, mucho menos quien gobierna”.

Meloni había puesto en marcha su plan a pesar de las previsibles dificultades que iba a encontrar, después de que el Gobierno haya retorcido las leyes hasta el límite para hacerlo posible. El sistema ha fallado donde se preveía que iba a fallar. Principalmente, en tres puntos. Primero, por efecto de la sentencia europea, que es del pasado 4 de octubre. Segundo, por el reducido número de migrantes a los que a fin de cuentas se puede aplicar el protocolo, dadas otras numerosas limitaciones legales: hombres adultos sanos y en condiciones no vulnerables rescatados en aguas internacionales solo por naves italianas, quedan fuera las de ONG extranjeras y aquellas personas que llegan a tierra por sus medios, que son un 40% del total. Se ha reflejado en el coste absurdo de movilizar un buque de guerra para llevar solo a 16 personas. Y tercero, una selección previa de los deportados realizada en condiciones apresuradas y precarias, que podía dar lugar a errores. Todo se ha hecho realidad.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo de Naciones Unidas, ha dado detalles de cómo fue la selección de las personas a deportar a Albania, porque su personal participó en los trámites. Estaba a bordo de la nave militar Libra, que luego trasladó al primer grupo a Albania. La OIM ha revelado que el grupo inicial era de 85 personas, pero el primer examen descartó la gran mayoría, y solo quedaron 16. “El 90% de los que vienen de Libia son vulnerables”, explicó un portavoz, en el sentido de que han sufrido torturas o violencia y se hallan en un grave estado físico o psicológico.

Aun así, esa primera selección realizada sin demasiado tiempo, en alta mar y en condiciones no adecuadas, no era exhaustiva. De hecho, luego en Albania, ya en tierra, un examen más detenido encontró dos menores y dos adultos en graves condiciones de vulnerabilidad que no habían sido detectados. Además, según revelaron los diputados que visitaron a los migrantes en Gjader, en muchos casos el principal motivo para ser seleccionado para la deportación era simplemente carecer de documentación. Porque es uno de los requisitos que refuerza la entrada en el protocolo rápido.

Por otro lado, hay otro aspecto controvertido aún por aclarar. Algunos de los deportados afirman que en el momento de ser rescatados ya veían la isla de Lampedusa, según ha relatado la delegación parlamentaria que habló con ellos. Es decir, que podrían haber sido auxiliados en aguas italianas, algo contrario a la normativa del protocolo rápido. Por último, los 16 que se enviaron a Albania procedían de Bangladés y de Egipto, dos países que según la sentencia europea deben considerarse no seguros, y aun así fueron deportados, con un alto riesgo de que luego el Tribunal de Roma rechazara la petición de retenerlos dentro del procedimiento veloz, como ha acabado sucediendo.

Con todo, a pesar de que la perspectiva era negra, Meloni siguió adelante. Tal vez por las prisas de estrenar el modelo, que llevaba cinco meses de retraso, en vistas del Consejo Europeo que ha abordado la inmigración. Tal vez por testarlo, principalmente con la magistratura, a quien ahora acusa de actuar ideológicamente y echa la culpa de que el plan no haya funcionado.