Julian Assange: “Estoy libre porque me declaré culpable de hacer periodismo”

Julian Assange ha roto este martes en Estrasburgo el silencio que mantenía desde que en junio recuperó la libertad de la que estuvo privado durante 12 años. El fundador de WikiLeaks ha dejado claro que si hoy puede volver a moverse sin miedo a ser arrestado y extraditado a Estados Unidos no es porque hayan funcionado las salvaguardias previstas para proteger la libertad de expresión, sino porque, ante la perspectiva de pasarse, probablemente, el resto de su vida entre rejas, acabó aceptando un acuerdo judicial y se declaró culpable de “hacer periodismo”.

“Quiero ser claro: no estoy libre hoy porque funcionara el sistema”, ha advertido el australiano durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). “Si estoy libre es porque me declaré culpable de hacer periodismo, me declaré culpable de buscar y obtener información de una fuente, y culpable de contar al público esa información. No me declaré culpable de nada más”, ha subrayado al comienzo de dos jornadas en Estrasburgo en las que se discutirá, hasta este miércoles, su caso y los “efectos disuasorios en materia de derechos humanos” que ha tenido, especialmente en materia de libertad de expresión. Assange ha pedido que las instituciones internacionales “actúen” para que lo que le ha pasado a él por publicar información clasificada “no vuelva a suceder”.

“El periodismo no es un crimen”

“Un periodista no debería ser perseguido por hacer su trabajo, el periodismo no es un crimen, es un pilar de una sociedad libre e informada”, ha subrayado entre aplausos de los parlamentarios, a los que ha pedido que no bajen la guardia en un momento en que la libertad de expresión se encuentra en una “oscura encrucijada” en todo el mundo, también en una Europa que se precia de sus valores fundamentales. “Los derechos de los periodistas y editores en Europa están seriamente amenazados; la represión transnacional no puede convertirse en la norma”, ha advertido. “Si hay hoy en Europa un futuro en el que la libertad para hablar y publicar la verdad no sea privilegio de unos pocos, sino el derecho de todos, [ustedes] deben actuar para que lo que pasó en mi caso nunca vuelva a pasarle a nadie”, les ha rogado a los diputados. Empezando, ha dicho, por revisar las protecciones legales a los informadores, porque “muchas existen solo sobre papel”.

Su presencia en el Consejo de Europa hasta este miércoles, en el que se debatirá y aprobará una resolución con propuestas de reformas legales para evitar lo que se ha calificado como “peligroso precedente político” para otros periodistas, constituye la primera salida de Assange de su Australia natal desde que, tras un acuerdo con la justicia estadounidense, fuera liberado a finales de junio de la prisión británica de máxima seguridad donde pasó los últimos cinco años. “Acabé eligiendo la libertad frente a una justicia irrealizable”, ha justificado su decisión. Antes de ese acuerdo, el Departamento de Justicia norteamericano acusaba al australiano de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisión en un ordenador. El líder de WikiLeaks se enfrentaba a una pena máxima de 175 años de prisión, principalmente por la filtración de más de 200.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en el esfuerzo concertado de publicación de esos cables diplomáticos del Departamento de Estado que sacudieron la diplomacia mundial.

La de este martes es, también, la primera vez que el australiano, de 53 años, rompe su silencio sobre su caso “desde antes de su encarcelamiento, en 2019”, como ha destacado WikiLeaks. Y lo ha hecho para revelar que parte del acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense implica la imposibilidad de que pueda atacar por la vía judicial su acoso durante más de una década, el procedimiento de extradición ni que pueda acceder a registros de su caso mediante la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Assange, trajeado y luciendo una barba blanca, ha acudido a primera hora de la mañana a la sede del Consejo de Europa acompañado de su mujer, la abogada de origen hispano-sueco Stella Assange. El australiano no ha hecho declaraciones ante la prensa antes de ingresar a la sala de audiencias, donde ha disertado durante una hora larga ante legisladores de los 46 Estados miembros de la institución con sede en Estrasburgo.

Su declaración se ha desarrollado entre constantes carraspeos y pausas, en un momento en que, ha reconocido, sigue intentando “readaptarse” a la vida normal tras más de una década encerrado, primero siete años en la Embajada de Ecuador en Londres y luego en una prisión británica de máxima seguridad. “He perdido 14 años de mi vida”, ha dicho en varias ocasiones. Fue en 2010 cuando comenzó el proceso judicial en su contra al ser acusado por la Fiscalía sueca de acoso sexual.

“He recorrido un largo camino para estar aquí, literal y figurativamente”, ha señalado, indicando que el aislamiento al que estuvo tantos años sometido “pasa factura”. “Hablar aquí es un desafío”, ha admitido.

“Ambiente de autocensura”

El borrador de la propuesta de resolución que debe ser aprobada este miércoles manifiesta la “profunda preocupación” del Consejo de Europa por el “duro” trato dado a Assange. Algo que, advierte, puede tener un “efecto disuasorio” en materia de derechos humanos y crear un “ambiente de autocensura que afecta a todos los periodistas, editores y otras personas que informan de cuestiones esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática”. La resolución también llama a Estados Unidos, país observador del organismo con sede en Estrasburgo y al que pertenecen 46 Estados, a “reformar” su Ley de Espionaje y garantizar una mejor protección a los informadores.

“Julian ha acabado saliendo libre, pero lo que queda es que se ha usado esta herramienta de la Ley de Espionaje contra un periodista. Una vez que esta arma ha sido usada, volverá a ser empleada, eso ocurre siempre. Mientras exista, alguien abusará de ella, por eso hay que pararla”, ha afirmado tras la audiencia el redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson. Para la autora del informe y de la resolución, la islandesa Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, esta ley revela además un síntoma muy “preocupante”: una sociedad que, asustada por las amenazas a su seguridad como el terrorismo, ha permitido que los “aparatos estatales del mundo acaben con nuestros derechos humanos en nombre de esa seguridad”.

“Mi mayor preocupación”, añadió Ævarsdóttir, “es cómo hemos permitido que nuestros miedos en materia de seguridad justifiquen las enormes violaciones de derechos humanos, vigilancias masivas, torturas, secuestros, crímenes de guerra, contra la humanidad realizados en nombre de nuestra seguridad. Y, al mismo tiempo, hemos permitido que erosionen nuestro derecho a la libertad de expresión, a un juicio justo o siquiera a tener un juicio”, ha dicho en rueda de prensa tras la audiencia. “Si no defendemos nuestros valores, si no preservamos nuestra libertad de expresión, de pensamiento, de movimiento, entonces, no nos queda ninguna seguridad. Da igual cuántos policías pongamos”, ha advertido la autora del informe.