EE UU elude colaborar en la investigación sobre el espionaje a Assange por una empresa española

La Justicia de EE UU no colaborará con la Audiencia Nacional para esclarecer el espionaje al que fue sometido Julian Assange por una empresa española durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres hasta que un juzgado de Nueva York no concluya sus indagaciones sobre la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los hechos.

Tras cuatro años sin respuesta a ninguna de las comisiones rogatorias (petición de auxilio judicial) enviadas a EE UU por los jueces José de la Mata y Santiago Pedraz, instructores del caso desde 2019, las autoridades norteamericanas­­­ responden así a un ultimátum recibido de sus homólogos españoles.

El prolongado silencio a los requerimientos del Juzgado de Instrucción número 5 ha provocado que el pasado 12 de diciembre la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, a petición del fiscal Carlos Bautista, exigiera a las autoridades de EE UU “un pronunciamiento expreso” sobre si va a denegarse la asistencia judicial vigente entre ambos países.

María de las Heras García, magistrada de enlace de España en EE UU, ha comunicado la negativa de la Justicia norteamericana a responder a las peticiones de auxilio hasta que el juez de Nueva York John G. Koeltl concluya sus pesquisas sobre la presunta participación de la CIA en el espionaje al fundador de Wikileaks desvelado por una investigación de EL PAÍS.

“El Departamento de Justicia no puede ejecutar estas solicitudes en este momento porque hacerlo interferiría con el litigio estadounidense en curso”, señala la respuesta por escrito de Courtney E. Lee, funcionario de la División Criminal de ese organismo. Las primeras peticiones de auxilio judicial se hicieron varios años antes de la presentación del referido litigio, pero tampoco entonces fueron atendidas.

En agosto de 2021, las abogadas Margaret Ratner Kunstler y Deborah Hrbek, y los periodistas John Goetz y Carles Glass, ambos especialistas en seguridad nacional, presentaron una demanda en Nueva York contra Mike Pompeo, exdirector de la CIA, y David Morales, exmilitar español y dueño de la empresa española Uc Global, SL. Los cuatro demandantes fueron víctimas del espionaje a Assange cuando le visitaron en la Embajada de Ecuador en Londres, al igual que centenares de personas.

La demanda aportó las pruebas desveladas por este diario en las que se demuestra cómo numerosos ciudadanos norteamericanos, además de los abogados y médicos del activista australiano, fueron monitoreados y grabados por los trabajadores de la empresa española. Sus teléfonos móviles fueron abiertos y fotografiados sus IMEI, los códigos que identifican a cada aparato. De cada visita se elaboraron informes que se clasificaban en el servidor central de la compañía en Jerez de la Frontera.

El director de la CIA, William J. Burns, se ha escudado en la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y la Ley de la Agencia Central de Inteligencia de 1940 para no facilitar al magistrado neoyorquino que instruye el caso ninguna información “porque podría causar graves daños a la seguridad de Estados Unidos”.

Las trabas de EE UU a colaborar con la investigación española quedaron patentes desde el inicio de la investigación judicial en la Audiencia Nacional, causa abierta semanas después de las revelaciones de este periódico y tras la detención de Morales. A la primera petición de auxilio judicial tramitada por el juez De la Mata, primer instructor del caso, la Fiscalía norteamericana respondió, en septiembre de 2020, requiriéndole “las fuentes” que había utilizado para sus indagaciones. Las principales fuentes son varios testigos protegidos que declararon en el juzgado bajo esa condición.

Direcciones IP y testigos protegidos

De la Mata había solicitado que le facilitaran las direcciones de IP (identificador único de un dispositivo conectado a internet) desde las que se había accedido desde ese país al servidor que UC Global, SL, tenía en su sede. En ese servidor se encontraban almacenadas todas las grabaciones en vídeo y audio que captaban las cámaras de la embajada en la que Assange permaneció recluido siete años. “Las afirmaciones conclusivas no son suficientes, necesitamos hechos reales y las fuentes de los hechos”, decía el escrito de la Fiscalía Federal de EE UU remitido a De las Heras, la juez de enlace española.

Desde entonces, el silencio y la ausencia de respuesta ha sido la tónica de la Administración norteamericana a las comisiones rogatorias enviadas por el juez. Así, han quedado sin cumplimentar las declaraciones de testigos como Pompeo, el exresponsable de la CIA durante el Gobierno de Donald Trump; de William Evanina, exjefe de Contrainteligencia, la información recabada por el Comité de Inteligencia del Senado que investigó el caso y las declaraciones de las víctimas estadounidenses, entre otras diligencias para las que se pidió sin éxito la colaboración.

Assange, de 52 años, quedó en libertad el 25 de junio tras firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE UU por el que se declaró culpable de un delito de violación de la Ley de Espionaje y aceptó una pena de cinco años de prisión ya cumplida en la cárcel londinense de Belmarsh. Terminaban así 12 prolongados años de reclusión.

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