El director de la CIA rechaza dar datos sobre el espionaje a Assange de una empresa española porque causaría “daños a la seguridad de EE UU”

El director de la CIA, William J. Burns, se ha amparado en la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y la ley de la Agencia Central de Inteligencia de 1949 para no facilitar ninguna información a un juez del tribunal de Nueva York que investiga el espionaje al que fue sometido Julian Assange por una empresa española durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres “porque podría causar graves daños a la seguridad de los Estados Unidos”.

El responsable del servicio de inteligencia ha remitido una declaración de ocho folios al juez John G. Koeltl en la que pide se le reconozcan estos “privilegios para proteger fuentes, métodos y actividades” de la CIA que tuvieran alguna relación con este caso. El magistrado del tribunal de Nueva York resolvió el pasado mes de diciembre que la empresa española UC Global S. L y la CIA violaron los derechos y la privacidad de los ciudadanos norteamericanos que visitaron al fundador de Wikileaks durante su estancia en la legación diplomática ecuatoriana, derechos que garantiza la cuarta enmienda de la Constitución.

Cuatro ciudadanos norteamericanos, dos abogados y dos periodistas demandaron a Mike Pompeo, exdirector de la CIA, a la agencia de inteligencia y a David Morales, exmilitar español y dueño de la compañía con sede en Jerez de la Frontera que se ocupaba de la seguridad en la Embajada londinense durante el Gobierno de Rafael Correa.

Informe confidencial para el juez

La declaración del actual director Williams J. Burns, a la que ha tenido acceso este diario, está fechada el pasado 27 de marzo y pretende anticiparse a la siguiente fase de este procedimiento en el que los demandantes pedirán el discovery (la desclasificación de la operación de la CIA) y el juez podría autorizarla, según señalan fuentes jurídicas. Una misión secreta cuyos detalles (audios, vídeos, correos y documentos) fueron desvelados por una investigación de EL PAÍS. Pruebas que han presentado en su demanda las cuatro víctimas del espionaje ante la justicia de Nueva York.

Burns, reconocido exdiplomático y artífice del acuerdo nuclear con Irán en 2015, argumenta que “admitir o negar que la CIA tenga información implicada en las alegaciones de la demanda podrían causar serios, y en algunos casos, graves daños a la seguridad nacional de los Estados Unidos”. El responsable del servicio de inteligencia más poderoso de EE UU reitera que sus privilegios legales abarcan la negativa a la divulgación de la actividad de la CIA en este caso y toda la información relativa a fuentes, métodos e intereses clasificados.

Además de esta declaración, el responsable de la CIA ha entregado al juez un informe ex parte, de acceso exclusivo para el magistrado, donde explica con detalles que solo el instructor puede conocer por qué desclasificar esta operación de espionaje causaría un daño grave a la seguridad nacional de EE UU. Burns no tiene reparo en pisar los escenarios en los que trabajan sus agentes y protagonizó una insólita escena, en agosto de 2021, al reunirse en Kabul (Afganistán) con el líder de los talibanes durante la retirada del ejército estadounidense.

El juez John G. Koeltl reconoció que se violaron los derechos de los demandantes cuando los empleados de UC Global S.L. se hicieron con sus teléfonos móviles y fotografiaron sus claves y contenido, prácticas que considera ilegales. Pero desestimó las grabaciones con micrófonos de sus conversaciones con Assange en la Embajada y las fotografías de sus pasaportes, señalando en su resolución que no son ilegales. Para el magistrado, estas últimas actividades de los trabajadores de UC Global S.L. no constituyen delito “por la no expectativa de privacidad [de los demandantes] en esa embajada”, al ser un lugar público.

Para el instructor del caso, los demandantes han presentado pruebas suficientes de que Morales, el exmilitar español dueño de la empresa, actuó como agente o colaborador y siguiendo instrucciones de la CIA y de su director Pompeo, exsecretario de Estado durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

La demanda contra Pompeo fue presentada en agosto de 2021 por las abogadas Margaret Ratner Kunstler y Deborah Hrbek, y los periodistas John Goetz y Charles Glass, ambos especialistas en seguridad nacional. Los cuatro visitaron al activista australiano, al igual que centenares de personas que también fueron espiadas. Según la demanda, un centenar de ciudadanos norteamericanos, incluyendo a los abogados y médicos de Assange, corrieron la misma suerte.

El juez neoyorquino recogió en su fallo que Pompeo señaló al fundador de Wikileaks como “objetivo” de la CIA y confesó que iniciaría una “larga campaña” contra su organización. La investigación de este diario desveló en 2019 que la compañía UC Global S.L. espió para EE UU las conversaciones del australiano con sus abogados y colaboradores cuando preparaba su estrategia de defensa frente a la petición de extradición de ese país por revelar información secreta de las guerras de Afganistán e Irak. Semanas después, la policía detuvo a David Morales. El exmilitar está en libertad provisional desde entonces y la Audiencia Nacional le investiga por presuntos delitos contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales.

Investigacion@elpais

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.