EE UU aporta garantías mínimas de que Assange no será condenado a muerte si es extraditado

Pocas horas antes de que culminara el plazo concedido por los magistrados británicos Victoria Sharp y Jeremy Johnson, este mismo martes, el Gobierno de Estados Unidos ha aportado ante el Tribunal Superior de Justicia garantías de que Julian Assange recibirá un juicio justo si finalmente abandona la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres, y es extraditado a ese país. Sin embargo, el equipo jurídico del cofundador de Wikileaks, y su propia esposa, Stella Assange, han expresado su frustración y temor por la salud y la vida del exhacker ante el compromiso expresado por Washington, que consideran muy poco solvente.

El tribunal consideró, a finales de marzo, que Assange tenía base jurídica sólida para recurrir su extradición en tres aspectos determinados. El Gobierno de Estados Unidos, decía el fallo, debía asegurar que la libertad de expresión contemplada en la Primera Enmienda de su propia Constitución sería protegida; que el editor australiano no sufriría un juicio injusto por no tener nacionalidad estadounidense; y que no se acabaría imponiendo la pena de muerte.

“Estados Unidos no ha entregado garantía alguna en relación con la Primera Enmienda [la posibilidad de que Assange pudiera ampararse en la libertad de expresión que contempla la Constitución estadounidense], y solo una garantía mínima en relación con la pena de muerte. No se compromete a retirar las afirmaciones previas llevadas a cabo por la Fiscalía de que Julian no puede gozar de los derechos contemplados en la Primera Enmienda porque no es un ciudadano estadounidense”, ha dicho Stella Assange en un comunicado hecho público nada más conocer el documento entregado a los magistrados por los representantes del Gobierno estadounidense. “En vez de eso, Estados Unidos se ha limitado a ofrecer palabras de una vaguedad descarada en las que afirma que Julian puede ‘intentar apelar’ a la Primera Enmienda si es extraditado”, ha asegurado la abogada especializada en derechos humanos.

El equipo jurídico de Assange había depositado grandes esperanzas en las recientes palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el miércoles pasado reconoció por primera vez en público que se plantea aceptar una petición de Australia para poner fin al proceso legal contra Assange, por poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos con la filtración en internet de miles de documentos clasificados hace 14 años.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, apoyó en febrero una moción en la Cámara baja australiana que reclamaba el regreso de Assange a su país de origen.

“Lo estamos considerando”, se limitó Biden a responder, ante las preguntas de los periodistas. Fue suficiente para que surgiera la esperanza de que Washington recapacitara finalmente, y se olvidara de una persecución judicial con tintes vengativos iniciada por el expresidente Donald Trump.

“La nota diplomática [entregada a los magistrados] no hacer nada por aliviar la angustia extrema de nuestra familia sobre su futuro [de Assange], ni sobre la sombría expectativa de tener que pasar el resto de su vida en aislamiento en una prisión estadounidense, por haber realizado un periodismo que fue merecedor de premios. La Administración de Biden debe renunciar a este peligroso intento de procesamiento antes de que sea muy tarde”, ha añadido la esposa del preso.

Sharp y Johnson habían otorgado tres semanas, que concluían este martes, a los abogados que representan al Gobierno estadounidense para ofrecer las garantías exigidas. La nueva vista fue fijada provisionalmente para el próximo 20 de mayo, y será entonces cuando los magistrados vuelvan a escuchar a las partes y, analizados los nuevos compromisos aportados por Washington, decidan si conceden a Assange una última oportunidad de recurrir su extradición a Estados Unidos ante la justicia británica.

La decisión de dar luz verde a la entrega de Assange fue adoptada en 2022 por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, una vez que el Tribunal Supremo dio por buenas las garantías ofrecidas por Washington sobre la seguridad del preso, y sobre las medidas que se adoptarían para impedir que pudiera acabar con su propia vida.

El Gobierno de EE UU acusa a Assange de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisión en un ordenador. El editor australiano se enfrentaría a 175 años de prisión por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en ese esfuerzo concertado de publicación de estos papeles.

El caso de Assange se ha convertido mundialmente en una causa a favor de la libertad de prensa. La presión de la campaña a favor de su liberación no estaba tanto dirigida hacia los jueces, que se han ido pasando entre ellos un hierro candente, sino hacia los gobiernos estadounidense y británico, que tienen en sus manos la posibilidad de frenar la persecución.

El editor de Wikileaks permanece encarcelado desde hace casi cinco años. Su estado de salud se ha deteriorado drásticamente, hasta el punto de que fue imposible que atendiera, ni siquiera a través de videoconferencia, las dos jornadas de la vista sobre su extradición que se celebraron en Londres a mediados de febrero. Cientos de activistas en apoyo del editor y de la libertad de prensa reclamaron frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia su puesta en libertad.

Los magistrados tienen ante sí una decisión delicada, y sobre la que se ha enfocado la atención de miles de ciudadanos de todo el mundo. Sin embargo, sus palabras, al exigir a Estados Unidos más garantías, no sugerían que estuvieran de acuerdo con la mayoría de las denuncias de activistas y medios de comunicación. La sentencia rechazaba las supuestas “motivaciones políticas” detrás de la petición de extradición que habían denunciado los abogados del preso. “Podemos asumir que el recurrente actuara movido por sus convicciones políticas, y que con sus actividades expusiera la implicación de gobiernos en delitos graves”, escribió la ponente, Victoria Sharp. “Pero eso no implica que la petición de extradición se fundamente en sus opiniones políticas”, añadió.

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