Un informe de HRW concluye que cinco grupos palestinos liderados por Hamás participaron en el ataque del 7 de octubre

El ala militar de Hamás, las brigadas de Ezedín al Qassam, y al menos otros cuatro grupos armados palestinos cometieron numerosos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra civiles durante el ataque en Israel del 7 de octubre de 2023, según un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este miércoles. Esta organización humanitaria reclama, por tanto, que el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya tenga en cuenta no solo a Hamás, sino también al resto de facciones a la hora de investigar los hechos. La acción estuvo planificada con tiempo y “extremadamente coordinada” para que cientos de milicianos, tras quebrar desde el lado de Gaza la valla fronteriza o llegar por mar o en parapentes, se lanzaran sobre al menos 26 zonas civiles en el sur de Israel como comunidades, las ciudades de Sderot y Ofakim, y festivales de música.

El objetivo de aquel día fue matar a civiles y capturar al mayor número de personas posible, señala en el texto Ida Sawyer, directora de crisis y conflictos de HRW. Los combatientes palestinos dispararon directamente contra población civil, a menudo a corta distancia y cuando trataban de huir o simplemente circulaban por la zona, según el informe. Los atacantes, además, lanzaron granadas de mano, dispararon contra refugios y emplearon lanzagranadas contra viviendas. Asimismo, prendieron fuego a casas, quemaron y asfixiaron a personas y obligaron a otras a salir para después acribillarlas o capturarlas. Esta ONG ha documentado también ejecuciones sumarias.

Además de Hamás, participaron en la matanza integrantes de los brazos armados de la Yihad Islámica (las brigadas Al Quds), del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (las brigadas de Omar al Qasim), del Frente Popular para la Liberación de Palestina (brigadas del Mártir Abu Ali Mustafa) y del partido Fatah (las brigadas de los Mártires de Al Aqsa). Fueron identificados según los distintivos que llevaban los combatientes y el análisis de las reivindicaciones publicadas por cada grupo en redes sociales. Una de las conclusiones del informe es que “realmente no fueron los civiles de Gaza los que perpetraron los peores abusos”, explica en una reunión online previa a la publicación del informe Belkis Wille, directora adjunta de la División de Crisis, Conflictos y Armas de HRW y una de las autoras de la investigación sobre el terreno

Cometieron, según HRW, “numerosas violaciones de las leyes de la guerra que constituyen crímenes de guerra, incluidos ataques contra civiles y bienes de carácter civil; homicidio intencionado de personas bajo custodia; tratos crueles y otros tratos inhumanos; delitos de violencia sexual y de género; toma de rehenes; la mutilación y el despojo de los cuerpos; uso de escudos humanos; y pillaje y saqueo”.

Añade el informe, en todo caso, que “es necesario investigar más a fondo otros posibles crímenes de lesa humanidad” como “la persecución contra cualquier grupo identificable por motivos raciales, nacionales, étnicos o religiosos; violación u otro tipo de violencia sexual de gravedad comparable; y el exterminio”.

“Las atrocidades del 7 de octubre deberían impulsar un llamamiento mundial a la acción para poner fin a todos los abusos contra la población civil en Israel y Palestina”, añade Ida Sawyer. De momento, ambas partes enfrentadas siguen tratando de amarrar en Egipto y Qatar un alto el fuego con ayuda de negociadores internacionales. En toda la guerra, solo ha habido una semana de tregua, la última de noviembre.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha insistido en que hasta que no acabe la guerra el Estado no va a investigar lo ocurrido, y que solo a partir de entonces se podrán conocer a fondo los detalles del fallo de seguridad que permitió a Hamás atacar y se podrá exigir a los responsables que rindan cuentas. La última vez que se ha negado a poner ya en marcha la investigación ha sido este mismo martes durante una reunión con familiares de víctimas militares del ataque de Hamás, según Erez Price, padre de la soldado Noa Price, que expresó su desacuerdo con la negativa del mandatario, según el diario Haaretz.

Los de aquel día fueron, con unos 1.200 muertos y unos 250 rehenes entre civiles y militares, los peores ataques de este tipo que ha sufrido Israel en sus 76 años de historia y, además, detonante de la actual contienda, en la que ya han muerto más de 38.700 personas en Gaza por ataques de tropas del Estado judío. HRW pide a los gobiernos con poder de influencia sobre esos grupos armados que presionen para que se libere urgentemente a los rehenes civiles, cuya captura constituye crímenes de guerra, y para que los responsables comparezcan ante la justicia.

La investigación “No puedo borrar toda la sangre de mi mente”: Asalto de los grupos armados palestinos el 7 de octubre a Israel, de 236 páginas y para el que han entrevistado a 144 personas, de las que 94 fueron testigos, documenta docenas de casos de graves violaciones del derecho internacional humanitario por parte de los atacantes palestinos. Incluyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

HRW ha informado en los últimos meses ya de las numerosas y graves violaciones cometidas por tropas de Israel en Gaza durante esta contienda como el “crimen de guerra” que supone el empeoramiento del “castigo colectivo” del bloqueo del territorio que sufren los gazatíes desde hace 17 años y que se une al “apartheid y persecución”. Uno de los responsables de esta ONG ya había detallado a EL PAÍS el mes pasado la dificultad que supone que Israel bloquee el acceso a investigaciones independientes dentro de la Franja. “Las atrocidades no justifican las atrocidades”, señala Sawyer refiriéndose al interminable ciclo de violencia en la zona.

Soldados cautivos

Cuando el informe de esta ONG pide la liberación inmediata e incondicional de los rehenes civiles, hace una distinción con los cautivos militares del 7 de octubre, que también los hay, aunque HRW no ha investigado el asalto a bases militares aquel día. Según el derecho internacional humanitario, “nadie puede ser utilizado como rehén, ni siquiera los soldados” que “en realidad serían prisioneros de guerra”, aclara un portavoz de la ONG al ser preguntado al respecto. “Por lo tanto, los grupos armados palestinos deben cumplir la ley y no utilizar a los soldados israelíes como rehenes. Pueden ser detenidos como prisioneros de guerra” y “ser tratados con humanidad y liberados al final de las hostilidades”, agrega.

Un total de 815 de las 1.195 personas asesinadas el 7 de octubre eran civiles, según la agencia France Presse, citada en el informe. Los grupos armados tomaron como rehenes a 251 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad israelíes. Hoy, 116 personas permanecen en la Franja, incluidos los cuerpos de al menos 42 personas que han muerto, según esa misma agencia. Los cadáveres de otras 35 personas ya fueron devueltos a Israel.

El informe de HRW sale a la luz pocos días después de que el ejército de Israel presentara el resultado de un informe de los hechos a los vecinos del kibutz Beeri, una de las comunidades más golpeadas el 7 de octubre. En el informe reconocen que fallaron en su deber de protegerlos. Un centenar de personas fueron asesinadas, casi el 10% de la población. El lugar fue el escenario de una batalla de entre 12 y 15 horas entre los fundamentalistas palestinos y los habitantes. Un tanque del ejército llegó a disparar contra una de las viviendas en las que milicianos de Hamás retenían a varios vecinos. No está claro cuántos de los aproximadamente 1.200 muertos de aquel día cayeron por fuego israelí, aunque la inmensa mayoría murieron a manos de los grupos armados palestinos, explica Belkis Wille. Añade que, pese a llegar a Israel tres días después del 7 de octubre, las autoridades les impidieron el acceso a las zonas atacadas y tardaron un mes en conseguirlo.

Los habitantes de Beeri, algunos enfurecidos, según la prensa local, exigen ir más allá y que se lleve a cabo una comisión de investigación con verdaderas respuestas y rendición de cuentas, de acuerdo al comunicado que emitieron tras recibir a los portavoces castrenses en el hotel en el que siguen provisionalmente alojados a orillas del mar Muerto.

En mayo, la Fiscalía del TPI solicitó órdenes de detención contra Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres miembros de la cúpula de Hamás, entre ellos, el jefe político en Gaza, Yahia Sinwar.

Israel mostró en octubre a puerta cerrada a medios extranjeros, ninguno local, un vídeo de 43 minutos con imágenes de la carnicería de Hamás, algunas de una dureza extrema. La mayoría corresponden a grabaciones de las cámaras que llevaban los propios atacantes, algunas de las víctimas e imágenes de cámaras de seguridad o tráfico de los lugares atacados. Los portavoces militares aprovecharon la ocasión para defender que no cabe comparar las víctimas de ese ataque con los miles de muertos de sus bombardeos sobre la Franja. Para el informe presentado hoy, HRW ha analizado 280 fotografías y vídeos del ataque del 7 de octubre.

A preguntas de la ONG, Hamás respondió con un informe de nueve páginas que dio “instrucciones de no atacar a civiles y de cumplir con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. Lo contrario de lo que concluye la investigación de HRW.

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