El reto de documentar crímenes de guerra en Gaza pese al bloqueo israelí

El bloqueo que Israel impone sobre Gaza no solo frena la asistencia humanitaria a la población o el acceso a la prensa desde el exterior. El cierre afecta también a los observadores de diferentes organizaciones, incluida Naciones Unidas, lo que está dificultando las investigaciones independientes sobre el terreno de posibles crímenes de guerra o abusos contra los derechos humanos. La guerra más larga y mortífera que ha sufrido la Franja, donde han muerto ya más de 37.000 personas, supone un desafío para las organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales, que tratan de recabar información de primera mano.

La ONU denunció el 19 de junio posibles crímenes de lesa humanidad por el uso de bombas pesadas en zonas pobladas de Gaza, pese a que “Israel obstruyó las investigaciones de la Comisión (de investigación) e impidió su acceso a Israel y al territorio palestino ocupado”. La ONU intentaba ahondar sobre el terreno en los hechos ocurridos desde el 7 de octubre de 2023, cuando el movimiento islamista Hamás atacó Israel y comenzó la actual contienda, pero para poder llevar a cabo sus pesquisas se ha basado en entrevistas con víctimas y testigos realizadas a distancia y durante misiones en Turquía y Egipto. También con el empleo de fuentes de código abierto y verificaciones mediante análisis forenses avanzados, imágenes de satélite e informes médicos forenses.

Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) confirman a EL PAÍS que se mantiene el veto que Israel impuso al acceso de sus equipos años antes de la presente contienda. Por eso han de desarrollar sus investigaciones apoyadas en trabajadores de sus organizaciones que se encuentran dentro.

Las consecuencias del muro levantado por Israel en el principal escenario de la contienda son preocupantes, según Bill Van Esveld, director asociado interino para Israel y Palestina de HRW: “El riesgo es que los crímenes internacionales y las violaciones de los derechos no se denuncien, lo que aumenta el riesgo de que esos delitos continúen y perjudiquen aún a más personas; excluyan cualquier esperanza de justicia para las víctimas y los supervivientes; contribuyan a una imagen incompleta de la realidad del conflicto en los medios de comunicación y para los responsables políticos; y abra la puerta a la desinformación, la tergiversación y la propaganda”. Al mismo tiempo, agrega Van Esveld, ese bloqueo israelí “también dificulta la investigación de los crímenes o violaciones cometidos por los grupos armados palestinos, por supuesto”.

Las ONG con personal dentro de Gaza, con equipos a menudo mermados y bajo las bombas, buscan acceder a los escenarios de los hechos para realizar comprobaciones, entrevistar a víctimas y testigos, hacer fotos y grabar vídeos o concretar la localización para luego realizar confirmaciones vía satélite. “Teníamos experiencia de años por anteriores conflictos en trabajar bajo presión y violencia, pero esto lo ha superado todo”, explica por teléfono Yamen Al Madhoun, uno de los responsables de campo de la ONG palestina Al Mezan, que estos días dispone aún de una veintena de profesionales en plantilla dentro de la Franja. A sus 46 años, Al Madhoun lleva 23 dedicados a los derechos humanos en Gaza, aunque hace algo más de un mes que escapó con su familia y se instaló en Egipto.

“Israel no ha cumplido con las medidas provisionales del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) que le obligan a permitir la entrada a investigadores independientes para evaluar la denuncia de genocidio” presentada por Sudáfrica, lamenta en respuestas a través de correo electrónico Van Esveld, de HRW. Esta organización humanitaria ha tenido que contratar a personas que se encuentran dentro del enclave. En algunos casos, comenta, realizan entrevistas a gazatíes que han logrado salir. “Nuestras investigaciones deben realizarse de forma remota, lo cual es difícil y requiere de muchos recursos: para evaluar la legalidad de un ataque, por ejemplo, primero debemos identificar a varios testigos presenciales y, luego, entrevistarlos de forma remota”, explica el responsable para Israel y Palestina de HRW.

Dos de los últimos informes publicados por Al Mezan recogen este junio la muerte de un bebé de seis meses, un niño de nueve y un adolescente de 13 años por malnutrición y problemas en la asistencia sanitaria. Además de publicar fotos, la organización identifica y entrevista a los progenitores y ofrece el nombre y el contacto del trabajador que ha realizado la misión sobre el terreno.

“El trabajo en remoto con Gaza es relativamente fácil”, aclara, sin embargo, Donatella Rovera, investigadora sobre crímenes de guerra de Amnistía Internacional con amplia experiencia en la Franja, aunque reconoce que Israel no permite acceder a perfiles como el suyo desde 2012. “Disponemos de vídeo, teléfono, WhatsApp, todo lo que queremos. Lo único es que no nos permiten entrar”, añade Rovera, contraponiendo las comunicaciones disponibles en el enclave palestino con otros conflictos que ha visitado últimamente, como Sudán, Chad o Tigray (Etiopía), “mucho más difíciles” de documentar.

Esos 12 años sin poder acceder a la Franja les han llevado a disponer de una red de contactos y trabajadores de campo que son los que ahora cumplen la misión sobre el terreno. “Trabajé en Gaza durante más de 10 años, viví allí. Por eso tenemos gente que conocemos muy bien trabajando para nosotros desde hace 20 años aunque, por seguridad, no aparecen sus nombres. Pero ellos son los que hacen el trabajo primario. Por ejemplo, acuden al lugar de un bombardeo, toman fotos, vídeos, coordenadas GPS y buscan restos de munición entre los escombros. También contactan con la gente, aunque después sea yo la que llame y haga la entrevista”, detalla Rovera por teléfono.

Además, para sus informes siguen también canales de Telegram o WhatsApp de ambos lados y verifican datos por medio de fuentes abiertas no oficiales (OSINT, según sus siglas en inglés), algo cada vez más frecuente en la información bélica. La investigadora de Amnistía Internacional reconoce, en cambio, que “todo es mucho más lento al no poder estar sobre el terreno” y desde octubre han “publicado bastante poco” sobre el conflicto.

Bombardeos en Yabalia

A mediodía del pasado 1 de noviembre, varias bombas israelíes cayeron en una zona residencial del campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja, matando a decenas de personas. Un comunicado israelí afirmó que se trataba de una operación contra Hamás, como la que habían llevado a cabo la víspera en el mismo lugar. Una investigación de Euro-Med Monitor ha concluido ahora que murieron al menos 120 personas, la mayoría mujeres y niños, muchos pertenecientes a la familia Abu Eida. Han conseguido identificar a 80, de las que 30 eran niños y 30 mujeres. Todavía hay víctimas sin identificar y restos humanos por aparecer, añade el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

“La investigación no encontró evidencias de la presencia de objetivos militares ni elementos armados en la zona en el momento del ataque”, señala el texto. Euro-Med Monitor añade que en estos meses su equipo ha visitado el lugar en varias ocasiones y ha entrevistado a ocho supervivientes y testigos, cuyas identidades y declaraciones aparecen recogidas en la investigación. Según sus testimonios, cayeron entre seis y ocho bombas. Las imágenes captadas de los daños, la ayuda de satélites y el empleo de arquitectura forense les permitió calcular que el ataque causó daños en un área de 4.500 metros cuadrados, dejó cráteres de hasta 10 metros de diámetro y 2,5 de profundidad y dañó una veintena de edificios, viviendas y una guardería.

El trabajo ha estado coordinado desde Egipto por Ahmed Omar, un arquitecto de 36 años que hasta el comienzo de la guerra no tenía experiencia en derechos humanos. “Siempre estamos con miedo por la seguridad del equipo”, explica a través de mensajes escritos.

Lo normal es que la población civil no informe de la presencia de individuos armados en las zonas en las que ataca Hamás, según la experiencia de Donatella Rovera. “Siempre te dicen que no pasa nada, que ahí no había nada”, comenta. Pero incluso si hubiera elementos de Hamás, el derecho internacional humanitario obliga a actuar bajo los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. En esencia, son ilegales ataques donde civiles y milicianos no se distinguen; donde la proporción de civiles es mayor, y, además, han de llevarse a cabo en el momento en que se pueda causar menos daños a la población.

En muchos casos, los propios integrantes de esas ONG son víctimas de la contienda y tratan de sobrevivir y mantener a sus familias consiguiendo agua, comida o leña al mismo tiempo que desarrollan sus tareas, añade Al Madhoun. Afrontan, además, enormes dificultades para realizar desplazamientos sin apenas vehículos o hacer frente al movimiento forzoso de la población por orden israelí. Para hacer frente a la expulsión por las fuerzas israelíes de sus empleados de campo hacia la zona meridional de la Franja, Al Mezan tiene recabando datos sobre el terreno en la zona de Ciudad de Gaza, por ejemplo, al responsable de una biblioteca o a uno de los cargos de la organización.

Yamen El Madhoun nunca olvidará las dos ocasiones, en Rafah y en Jan Yunis, en las que ataques israelíes le pillaron trabajando sobre el terreno, aunque aclara: “Eso es algo que nos ha pasado a todos en esta guerra”. “Las víctimas de graves abusos contra los derechos humanos tienen reconocido el derecho a la verdad y a la reparación, que podrían cerrarse si nadie es capaz de llegar a esas personas, investigar y ayudar a representar lo que sucedió”, teme Bill Van Esveld, de HRW.

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