Los países de la UE refuerzan con nueva tecnología el control fronterizo para frenar la inmigración irregular

Una directriz de 2021 de la Unión Europea rechazaba que los Estados miembros usasen fondos comunitarios en muros o vallas, al considerar que no es la estrategia “más eficiente” para el control de fronteras. Desde entonces, varios países —especialmente en el sur y el este de Europa— han desarrollado nuevas tecnologías en sus pasos fronterizos como cámaras térmicas, sistemas de rayos X y, más recientemente, el uso de inteligencia artificial. Estas herramientas, usadas para frenar la inmigración irregular y para contrarrestar la amenaza rusa, suponen un peligro para los derechos de los migrantes y refugiados.

Esta es la conclusión de un informe publicado este jueves, realizado por el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados y la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados, con sede en Bruselas. El estudio analiza a qué destinan los Estados miembros los casi 4.000 millones de euros del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras de la UE para el ejercicio 2021-2027. La gran mayoría de países—exceptuando a Alemania y Letonia, que no hacen públicos sus datos; e Irlanda, que no se beneficia de este fondo— utilizan su asignación para renovar la infraestructura de los pasos fronterizos y modernizar sus sistemas de vigilancia.

Entre las principales apuestas de modernización están las de los Estados del Este y los bálticos, motivados por la amenaza rusa. Estonia, por ejemplo, prevé gastar dos millones de euros en “innovadores sistemas de teledetección”. Por su parte, Lituania y Polonia invertirán 138 millones en reforzar los sistemas de monitoreo en la frontera con Bielorrusia, que, además de ser el mayor aliado político y militar del Kremlin en Europa, representa una amenaza para sus vecinos desde 2021, cuando comenzó la crisis migratoria orquestada por el régimen de Minsk.

“Hemos visto en los últimos años que la Comisión Europea y los países que comparten frontera con Ucrania y Rusia han fortalecido sus controles. Sin embargo, uno de los acontecimientos que más promueve el gasto de estos países es la tensión en la frontera con Bielorrusia”, asegura Chiara Catelli, autora del estudio. Los intentos de entrar en Polonia se han intensificado en los últimos meses y la gestión de la frontera, en un contexto con varias citas electorales, se ha convertido en una prioridad para Varsovia. Los episodios de tensión han sido frecuentes. Uno de los últimos sucedió a inicios de junio, cuando un soldado murió tras ser apuñalado por un migrante. El plan polaco, señala el informe, se centra en invertir en torres de vigilancia, sistemas perimetrales móviles y dispositivos de visión térmica y nocturna.

IA para la inmigración irregular

Pero, con diferencia, son los países del Mediterráneo los que más utilizan este fondo. Grecia, España e Italia —a donde más migrantes llegan de manera irregular— reciben más de 1.700 millones de euros. Solo Atenas dispone de unos 1.000 millones que destina a proyectos dedicados a mejorar sus herramientas que usan inteligencia artificial. Esto porque en abril, la autoridad griega de protección de datos impuso una multa de 175.000 euros al Ministerio de Asilo y Migración por el uso de dos sistemas de vigilancia que usaban algoritmos de análisis del comportamiento, sobre los cuales no se llevaron a cabo las evaluaciones previas correspondientes.

Catelli señala que ha monitoreado “con gran preocupación” el impacto que puede tener el uso de la inteligencia artificial en los controles fronterizos sobre los derechos de los migrantes. “Se desarrollan un montón de diferentes herramientas, pero no vemos las suficientes salvaguardas. La Comisión Europea ya ha utilizado el argumento de la proporcionalidad para impedir a los Estados utilizar el dinero del fondo para construir muros y vallas, pero hay una serie de sistemas tecnológicos que presentan un riesgo similar”, como las cámaras térmicas en Lituania, o la identificación con rayos X que promueven Hungría o Rumania.

El informe destaca el caso de Malta que, pese a su ubicación clave para las operaciones de rescate de personas en el Mediterráneo, no asigna ningún gasto en equipos marítimos, sino solo en equipos de vigilancia aérea. “Estos hallazgos confirman una tendencia general que ha caracterizado la progresiva desvinculación de Malta en sus obligaciones en materia de salvamento. En los últimos años, este país ha ignorado llamadas de socorro y ha criminalizado el rescate en el mar”, como denuncian observadores internacionales, como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Por su parte, se pone de relieve a España como uno de los Estados miembros que más invierten en cooperación con terceros países, particularmente en el despliegue de agentes y de vehículos en zonas de donde más inmigrantes emprenden su viaje a Europa. Una investigación de EL PAÍS con Lighthouse Reports expuso que Mauritania y Marruecos usan camionetas cedidas por España para arrojar a los migrantes al desierto, en un método conocido como devoluciones en caliente, cuyo objetivo es desincentivar a las personas para que emprendan la ruta hacia Europa. Austria, Italia o Portugal también cooperan con países como Túnez, Egipto o Angola. El propósito, defienden, es colaborar en la lucha contra el contrabando y con la trata de seres humanos.

De los casi 4.000 millones de euros que proporciona la UE a los Estados, solo el 0,04% se destina a iniciativas diseñadas “para aumentar el apoyo y la asistencia a las personas con vulnerabilidades y a las personas que desean solicitar protección internacional”, según denuncia el estudio. Entre los programas de los 24 países a los que han tenido acceso las organizaciones, solo los de Croacia y Finlandia han invertido en estas prioridades. A finales de noviembre, Helsinki anunció el cierre de su frontera con Rusia tras la llegada de centenares de solicitantes de asilo, “una injerencia rusa”, como lo calificó el Gobierno finlandés.

Pese a los esfuerzos de los países en modernizar sus controles fronterizos, las personas siguen llegando a Europa de manera irregular a un ritmo acelerado. Frontex, Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, registró que en 2023 el número de llegadas irregulares llegó a 380.000, el nivel más alto desde 2016 y un 17% más que en 2022.

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