Muros migratorios

Ocho años después de la gran crisis migratoria de 2015, la Unión Europea sigue sin encontrar una forma de encarar el problema comunitario más divisorio y enquistado. Tras años de negociaciones frustradas, parálisis y bloqueos, en septiembre de 2020 la Comisión Europea lanzó la propuesta de un nuevo pacto sobre migraciones y asilo que debe propiciar un marco común de gestión previsible y fiable. Este plan debería estar ya aprobado, pero en lugar de avanzar en su concreción, se ha abierto un nuevo ángulo de confrontación en torno a si deben levantarse murallas en las fronteras exteriores de Europa y quién debe financiarlas, lo que equivale a un peligroso giro conceptual y un retroceso en la propia idea de Europa.

La propuesta de varios países del Este, liderados por el grupo de Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa), para que se destinen fondos comunitarios a la construcción de vallas y muros exteriores es la última expresión de la creciente fractura entre dos visiones antagónicas. Por un lado, la de quienes defienden la idea de una Europa fortaleza y conciben la inmigración como una amenaza para la economía, la identidad o la cultura europea. Y por otro, la de quienes la ven como un fenómeno propio del mundo globalizado que hay que gestionar ante todo con respeto a los derechos fundamentales, pero también como un factor más para afrontar los problemas derivados de la declinante demografía europea.

En la última reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE se acordó movilizar “fondos europeos sustanciales” para “infraestructuras” que permitan reforzar las fronteras de los países más afectados por los flujos migratorios. Es una fórmula de compromiso para evitar la palabra valla o muro, pero que no deja de ser una concesión a una concepción de Europa retrógrada y excluyente. La idea de un muro exterior infranqueable es la solución mágica y falsa que proponen quienes, desde posiciones xenófobas y ultranacionalistas, están interesados en presentar a los extranjeros como una amenaza que llega en forma de oleadas invasivas.

Pero la eficacia de las vallas es más simbólica que real. Cuando una ruta migratoria se sella físicamente, se abre otra en otro lugar. Resulta inimaginable, por faraónica y desmesuradamente costosa, además de indeseable, una muralla continua en todo el perímetro europeo. Pero ni siquiera así lograría disuadir a quienes huyen de la guerra o del hambre. España tiene 21 kilómetros de muralla alambrada en Ceuta y Melilla, que en este caso se justifica por tratarse de un enclave, pero ni siquiera cuando estaba reforzada por un sistema cruel de concertinas afiladas, disuadía a muchos de intentarlo. España decidió eliminarlas en 2019, pero continuaron en el lado marroquí, y ello no ha impedido que casi 2.300 inmigrantes cruzaran la frontera en 2022 y que se produjeran tragedias como la ocurrida en junio en la verja de Melilla, en que varias decenas de inmigrantes murieron aplastados.

En estos momentos hay ya más de 2.000 kilómetros de vallas y muros en diferentes puntos de la frontera exterior europea. Nada ha impedido que en 2022 se registraran más de 330.000 entradas ilegales en la Unión, un 64% más que en 2021 y la cifra más alta desde 2016. La llegada de refugiados e inmigrantes es un fenómeno de enorme complejidad cuya gestión más eficaz y humanitaria no pasa por medidas simples, además de ineficaces, sino por un enfoque integral y solidario, atento a múltiples frentes como el que propone el pacto sobre migraciones y asilo. Afrontarlo es una prioridad de Bruselas y la presidencia semestral de España desde el 1 de julio pudiera ser el marco propicio para aprobarla.