El Supremo de Estados Unidos avala que se prohíba a los maltratadores tener armas de fuego

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha admitido límites al derecho a tener y portar armas de fuego consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución. Tras las sentencias en las que ha ampliado ese derecho, los jueces han dictado este viernes una sentencia en la que consideran justificada la prohibición de que tengan armas las personas sujetas a una orden de alejamiento por violencia doméstica. El caso afectaba a Zackey Rahimi, que fue imputado por vulnerar esa ley, pero puede tener consecuencias por analogía en el caso en que se ha declarado culpable a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, por la compra y posesión de un revólver cuando era adicto a las drogas.

Rahimi, traficante de drogas en Texas, atacó a su novia en 2019 y la amenazó con dispararle si lo denunciaba. Ella lo hizo y pidió una orden de alejamiento que, además, le prohibía tener armas de fuego. Sin embargo, el maltratador no solo siguió portando una pistola, sino que amenazó a otra mujer con la misma y participó en cinco tiroteos en dos meses en Arlington (Texas) y sus alrededores. Eso llevó a una orden de registro de su casa, donde se encontraron varias armas, lo que dio origen a su imputación.

Rahimi pidió que se desestimara la acusación alegando que violaba la Segunda Enmienda, pero los jueces lo rechazaron en primera instancia. Mientras, el Supremo dictó una sentencia que anulaba la ley que restringía las armas de fuego en Nueva York, alegando que cualquier límite debía encajar “en la tradición histórica de la nación de regulación de las armas de fuego”. Puesto que en la tradición histórica de los tiempos en que se aprobó la Segunda Enmienda no había nada parecido a una prohibición a los maltratadores de llevar armas, el Tribunal de Apelaciones aplicó esa doctrina y desestimó la acusación contra Rahimi. El Gobierno de Biden recurrió esa decisión ante el Supremo.

Ahora, algunos de los jueces conservadores han tenido que hacer equilibrios con su doctrina del originalismo, según la cual la Constitución debe interpretarse de acuerdo con el momento en que se redactó. “La Segunda Enmienda permite algo más que solo regulaciones idénticas a las existentes en 1791″, dice la nueva sentencia, que apela también al “sentido común”.

Ocho jueces han respaldado la prohibición en una sentencia redactada por el propio presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts: “Cuando una orden de alejamiento establece que una persona representa una amenaza creíble para la seguridad física de su pareja, se le puede prohibir —de conformidad con la Segunda Enmienda— la tenencia de armas de fuego mientras la orden esté en vigor. Desde su fundación, las leyes sobre armas de fuego de nuestro país han incluido disposiciones que impiden que las personas que amenazan con causar daños físicos a otros hagan un uso indebido de las armas de fuego”, dice el texto, apelando a la historia para no desautorizar la polémica sentencia de hace dos años.

El único que se ha mantenido estrictamente fiel al criterio histórico es el ultraconservador Clarence Thomas, autor de la sentencia sobre la regulación en Nueva York, que ha firmado un voto particular en el que defiende que incluso los maltratadores tienen el derecho constitucional a portar y llevar armas si no están condenados. Critica que la norma no requiere que se haya probado que una persona ha cometido alguna vez un delito de violencia doméstica y que no se activa por una condena penal ni por los antecedentes penales de una persona, sino solo por la orden de alejamiento.

“La cuestión es si el Gobierno puede despojar del derecho de la Segunda Enmienda a cualquier persona sujeta a una orden de protección, incluso si nunca ha sido acusada o condenada por un delito. No puede. El Tribunal y el Gobierno no señalan una sola ley histórica que revoque el derecho de un ciudadano a la Segunda Enmienda basándose en una posible violencia interpersonal”, escribe Thomas en su voto particular.

El caso de Rahimi genera algunos ecos en el de Hunter Biden, declarado culpable de tres delitos por comprar y poseer un revólver cuando era drogadicto, mintiendo en el formulario requerido para adquirir el arma. Si el Tribunal Supremo hubiera anulado la ley que restringe las armas en los casos de violencia doméstica, podría deducirse que haría algo parecido en su caso. Más difícil es saber si, una vez validada la norma en casos en que se contempla una amenaza explícita, los jueces avalarán leyes como las que han servido para condenar al hijo del presidente.

Pese a que el sentido de la sentencia perjudica, en principio, a su hijo, Joe Biden ha aplaudido la decisión de los jueces: “Nadie que haya sufrido malos tratos debería tener que preocuparse de que su agresor consiga un arma. Como resultado de la sentencia de hoy, las víctimas de la violencia doméstica y sus familias podrán seguir contando con protecciones fundamentales, al igual que durante las últimas tres décadas”, ha señalado el presidente en un comunicado difundido por la Casa Blanca. “A lo largo de mi carrera, he trabajado para impedir que los maltratadores domésticos compren armas y para proteger a todos los estadounidenses de la amenaza de la violencia armada”, ha añadido.

Las armas de fuego son las más utilizadas en los homicidios de cónyuges, parejas íntimas, hijos o familiares en los últimos años, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales citados por Associated Press. Las armas de fuego se utilizaron en más de la mitad, el 57%, de esos asesinatos en 2020, un año en el que se produjo un aumento general de la violencia doméstica durante la pandemia de coronavirus. Setenta mujeres al mes, de media, son asesinadas a tiros por sus parejas, según el grupo de control de armas Everytown for Gun Safety.

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