Grecia juzga a nueve supervivientes del naufragio del ‘Adriana’ como responsables de la tragedia

El juicio por el naufragio del pesquero Adriana, uno de los peores desastres marítimos de las últimas décadas en el Mediterráneo, comienza este martes en un tribunal de Kalamata, en Grecia. Nueve supervivientes permanecen en prisión desde que fueron rescatados con vida junto a otras 96 personas. La Fiscalía los acusa de ser los responsables del hundimiento del Adriana y pide para cada uno de ellos varias cadenas perpetuas. El viejo pesquero yace desde el 14 de junio de 2023 en la fosa Calipso, uno de los puntos más profundos del Mediterráneo, junto a los cuerpos de unos 600 desaparecidos, de los que al menos un centenar eran mujeres y niños.

El destartalado barco había salido de Libia cinco días antes, superando de manera ostensible su capacidad de carga. En él viajaban hacinadas unas 750 personas: refugiados sirios, afganos, egipcios y paquistaníes. Hombres, mujeres —varias embarazadas—, adolescentes y niños que quedaron atrapados en la bodega de la embarcación sin posibilidad de salvarse. Solo se recuperaron 82 cadáveres y 104 hombres fueron rescatados con vida. Los acusados se encontraban entre ellos.

Se trata de nueve ciudadanos egipcios con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. La Fiscalía les acusa de formar parte de la organización criminal que habría preparado el viaje mortal. Ellos alegan que son migrantes que pagaron por embarcar en el Adriana, que no forman parte de ninguna red de tráfico de personas y que ni siquiera se conocen entre sí. El 16 de junio, tan solo dos días después del naufragio, este periódico estuvo presente en el momento en el que familiares de los ahora acusados llegaban a los juzgados tras conocer la noticia de que habían sido detenidos cuando se personaron en la Autoridad Portuaria de Kalamata para intentar aclarar si habían sobrevivido a la tragedia. Los parientes mostraron su sorpresa al conocer las acusaciones y manifestaron en todo momento que no se conocían unos a otros.

Interrogatorios sin presencia de abogados

La Fiscalía basa sus acusaciones en el testimonio de otros náufragos que fueron interrogados en la nave del puerto de Kalamata en la que les recluyó la Guardia Costera durante dos días. Durante este tiempo, a pesar de que manifestaban evidentes síntomas de estrés postraumático y varios tuvieron que ser atendidos por ataques de pánico, a los supervivientes no se les permitió salir del recinto vallado, ni tener contacto con el exterior. Funcionarios del Ministerio de Justicia griego, asistidos por agentes de diferentes cuerpos policiales, les interrogaron sin la presencia de abogados y, tras ello, practicaron nueve detenciones entre los presentes.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, señala que entre los acusados no está el capitán del pesquero, que se encuentra entre los desaparecidos. Ninguno de los interrogados identificó a los acusados como parte de la tripulación que transportó la embarcación primero desde Egipto a Libia, donde embarcaron junto al resto del pasaje. Los testigos que cita la Fiscalía sí identifican a varios acusados. Según su testimonio, uno de ellos ayudó al mecánico que viajaba en el puente del mando junto al capitán cuando se estropeó el motor; otro repartió agua facilitada por dos petroleros que les asistieron horas antes de naufragar, y un tercero exhortó a la calma y trató de tranquilizar al pasaje en alguno de los muchos momentos de tensión que se vivieron durante la travesía. La abogada Vicky Aggelidou, que defiende a un acusado que responde a las iniciales S. A. A., considera que “las acciones que supuestamente han realizado los acusados no justifican en ningún caso los cargos que se les imputan”.

Testimonios recogidos en varias investigaciones apuntaron a una maniobra imprudente de los guardacostas que acudieron a la zona como la causa del naufragio. EL PAÍS entrevistó junto a Lighthouse Reports y otros medios a 17 testigos, de los que 16 explicaron que cuando el motor del pesquero dejó de funcionar, un barco de la Guardia Costera griega los remolcó con un cabo a gran velocidad. Entonces, el pesquero se fue a pique.

Móviles confiscados

Dos de los supervivientes detenidos aseguraron que grabaron con sus móviles la secuencia del remolque y posteriormente los guardacostas les confiscaron los aparatos. De hecho, en las actuaciones consta que no solo sus móviles, sino los de todos los supervivientes, fueron requisados por las autoridades, pero no se ha facilitado al juzgado el contenido de los mismos. Los abogados de la defensa solicitaron un análisis pericial sobre los teléfonos que el instructor denegó. Los letrados también solicitaron que se analizaran los teléfonos de los agentes del LS 920 —la embarcación que supuestamente intentó la maniobra de remolque—, lo que también fue denegado. La Guardia Costera asegura que el sofisticado sistema de cámaras del que está dotado el LS 920 no funcionaba en el momento del naufragio.

Hay otros aspectos relevantes de la actuación de los guardacostas griegos que no han sido aclarados. Un informe de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) achacó a Grecia graves negligencias. En el mismo, la Oficina de Derechos Fundamentales (ODF) de la agencia denunció que supuestamente el objetivo de las autoridades helenas no fue prevenir el naufragio y que estas no movilizaron suficientes recursos para salvar sus vidas cuando aún podían hacerlo. El documento revela también la falta de colaboración del Gobierno de Atenas en la investigación. Grecia, según el documento publicado el pasado febrero, desplegó “recursos insuficientes e inapropiados considerando el número de pasajeros a bordo del Adriana”, y no hizo uso “de los recursos ofrecidos por Frontex”. Además, acusa a las autoridades del país de retrasar la declaración de la operación de búsqueda y rescate (SAR, en sus siglas en inglés) “hasta el momento del naufragio, cuando ya no era posible salvar a todas las personas a bordo”, a pesar de que “existía una certeza razonable” de que estas se encontraban “amenazadas por un peligro grave e inminente y requerían asistencia inmediata”.

Cuarenta supervivientes del Adriana interpusieron una denuncia frente al Tribunal Naval de Grecia, el órgano competente para investigar las actuaciones irregulares de los guardacostas. Las organizaciones en favor de los derechos humanos lamentan que dicho tribunal no haya dado ningún paso en la investigación.

Aunque todas las partes están citadas y ya presentes en Kalamata, existe el riesgo de que el juicio se suspenda por dos motivos. El primero, porque la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (ADEDY) ha convocado para el 21 de mayo una huelga general a la que podrían adherirse los funcionarios del juzgado. La segunda, porque Miltiadis Zouridakis, el capitán del LS 920, considerado por las defensas el testigo más importante de la causa, se encuentra prestando servicio en la isla italiana de Lampedusa como parte de un operativo de Frontex del que forma parte dicha patrulla costera y se desconoce si estará presente en la vista.

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