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Estados Unidos evita el cierre de la Administración con una votación de madrugada tras una sesión agónica

El Congreso aprueba la financiación del Gobierno en una jornada dramática con rebelión en el ala dura del Partido Republicano

US Speaker of the House Mike Johnson (Front) walks through Statuary Hall to the House floor to vote on the USD 1.2 trillion funding package in the US Capitol in Washington, DC, USA, 22 March 2024
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, este viernes en el Capitolio.SHAWN THEW (EFE)
Miguel Jiménez

Otro día de caos, drama y sesiones maratonianas en el Capitolio. Técnicamente, el Gobierno de Estados Unidos se ha quedado sin financiación para parte de la Administración en la medianoche del viernes al sábado (las 5.00 del sábado en la España peninsular). Sin embargo, el Senado ha aprobado las leyes presupuestarias dos horas más allá del plazo, con lo que el cierre de la Administración ha sido solo teórico y sin consecuencias puesto que las operaciones del Gobierno federal se liquidan diariamente. Después de que la Cámara de Representantes aprobase las leyes presupuestarias pendientes en un clima de rebelión entre los radicales republicanos, el Senado se ha excedido en el plazo, pero sin consecuencias.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado la ley el sábado por la mañana, subrayando que se trata de un acuerdo en que ni demócratas ni republicanos logran todo lo que querían, pero que al menos evita los drásticos recortes que pedían algunos republicanos en la Cámara baja. Al tiempo, ha urgido al Congreso a aprobar ahora los paquetes de ayuda a Ucrania e Israel y el destinado a reforzar la seguridad en la frontera, que inicialmente apoyaban los republicanos y luego boicotaron a petición de Donald Trump.

El Senado disponía solo de 13 horas para debatir y aprobar una ley de más de 1.000 páginas con 1,2 billones en gastos. Además, tenía vetado en la práctica aprobar enmiendas. Si el Senado introducía alguna modificación, el texto tendría que volver a la Cámara de Representantes, que este viernes se ha despedido con un receso de dos semanas.

Cualquier enmienda, por tanto, por pequeña que fuera, implicaba un cierre prolongado de la Administración. Por supuesto, a los senadores no les gusta que les despojen de su capacidad de modificar una norma. Han presentado decenas de enmiendas, sabedores de que no iban a salir adelante. Eso ha alargado el debate. Hasta muy tarde, no ha habido mayoría suficiente para pasar a la votación, así que el tiempo ha expirado, pero se ha alcanzado un acuerdo y solo era cuestión de tiempo que efectivamente se votasen las enmiendas pendientes y luego las leyes.

“Ha sido un día muy largo y difícil”, ha dicho el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, al anunciar el acuerdo. La Casa Blanca ha anunciado a través de un comunicado, antes de la votación final, que su oficina presupuestaria había cesado los preparativos de cierre de la Administración porque existía un alto grado de confianza en que el Congreso aprobaría de forma inminente los créditos pertinentes y el presidente firmaría la ley el sábado. “Dado que las obligaciones de financiación federal se contraen y se registran diariamente, las agencias no cerrarán y podrán continuar con sus operaciones normales”, añadía.

Estados Unidos no tiene una ley presupuestaria, sino una docena, pero el Congreso es incapaz por sistema de aprobarlas antes del inicio del año fiscal, el 1 de octubre. La última vez que lo hizo a tiempo fue en 1997. Lo habitual es aprobar una prórroga del gasto, llamada resolución continuada, mientras se tramitan las leyes que habilitan las partidas del ejercicio. En esta ocasión se habían aprobado tres prórrogas.

Los desfases entre la aprobación de los presupuestos y el comienzo del año fiscal empezaron a provocar cierres de la Administración desde que el fiscal general Benjamin Civiletti argumentó que las agencias gubernamentales no pueden operar legalmente sin tener aprobada la financiación en una serie de dictámenes emitidos en 1980 y 1981. Desde entonces, se admite solo el gasto para funciones esenciales para la seguridad pública y las obligaciones constitucionales.

Desde 1976, se habían producido hasta esta noche 22 interrupciones en la financiación, 10 de las cuales se saldaron con el despido de trabajadores. El grueso han sido muy cortos, de uno a tres días. La mayoría de los cierres significativos tuvieron lugar durante la presidencia de Bill Clinton, cuando el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y su mayoría conservadora exigieron recortes presupuestarios. El más largo, sin embargo, ocurrió entre 2018 y 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso entraron en un punto muerto por su demanda de financiación para un muro en la frontera con México. Duró 35 días, en plenas Navidades, pero fue solo un cierre parcial, porque el Congreso había aprobado partidas para algunas áreas. El más corto hasta ahora, de solo unas horas, tuvo lugar también en 2018, en febrero, cuando un senador alargó intencionadamente el debate.

Se habían aprobado ya seis leyes de gasto para aproximadamente un 30% de la Administración. Quedaba pendiente de aprobar un paquete de 1,2 billones de dólares que afecta, entre otros, al Departamento de Estado, al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional, de quien depende el control de la migración ilegal, entre otras muchas competencias. Si se combinan los dos paquetes, el gasto discrecional para el ejercicio presupuestario ascenderá a unos 1,66 billones de dólares. Esta cifra no incluye programas como la Seguridad Social y Medicare, ni la financiación de la creciente deuda del país.

Drama en la Cámara baja

El drama ya había sido intenso en la Cámara baja, por la mañana. Allí, la votación de las leyes de financiación pendientes ha salido adelante por una cómoda mayoría de 286 votos a favor y 134 en contra. Ese resultado, sin embargo, esconde que en el mayoritario grupo republicano ha habido solo 101 votos a favor y 112 en contra.

Marjorie Taylor Greene, fiel escudera de Donald Trump, ha acaparado los focos al anunciar una moción de censura contra el presidente de la Cámara de Representantes, su correligionario Mike Johnson, pero las intervenciones de otros parlamentarios republicanos dentro y fuera del hemiciclo han sido igual de duras. “El pantano está de vuelta con toda su fuerza. Tenemos un proyecto de ley de 1.000 páginas de 1,2 billones de dólares lleno de todo tipo de prioridades de gasto que están en desacuerdo con el pueblo estadounidense”, ha dicho Chip Roy, representante por Texas, refiriéndose despectivamente a Washington. Parte de la capital está construida sobre zona pantanosa, lo que les sirve de metáfora para hablar de los tejemanejes políticos de la capital.

“En resumidas cuentas, se trata de una rendición total y absoluta”, afirmó el representante republicano Eric Burlison. El representante Andy Ogles, republicano de Tennessee, llegó a decir que “está claro que los demócratas son los dueños del mazo del presidente”.

La ley fue acordada por los líderes republicanos y demócratas del Congreso con la Casa Blanca. Pero los republicanos del ala radical denuncian que se han incumplido dos de las reglas internas de las que se dotó el grupo parlamentario: que los congresistas dispongan de los textos legales al menos 72 horas antes de tener que votarlos, para darles tiempo a estudiarlos y presentar enmiendas, y que solo se impulsen y sometan a votación las leyes que cuenten con un respaldo mayoritario entre los propios republicanos. “Esta ley de financiación se ha aprobado sin la mayoría de la mayoría”, criticó Taylor Greene.

“Ningún republicano de la Cámara de Representantes debe votar por la ley pantano ómnibus con estas partidas”, había advertido el Grupo de la Libertad, la facción que agrupa a la veintena de congresistas más radicales de los republicanos, de la que en julio expulsaron a Taylor Greene por llamar “pequeña zorra” a una compañera, la extremista Lauren Boebert. “Un proyecto de ley de gasto masivo redactado en secreto y dejado caer sobre nosotros en medio de la noche se precipita a la Cámara para una votación con menos de 36 horas para revisar”, añadieron.

Tras la votación, el enfado de esta facción era mayúsculo: “La mayoría de los republicanos votaron en contra de la ley pantano ómnibus. Desafortunadamente, 101 republicanos se unieron a los demócratas para aprobar este despilfarro de 1,2 billones de dólares que financia completamente las políticas de ‘fronteras abiertas’ de Biden e incluye asignaciones para abortos tardíos y organizaciones transgénero. Una locura”, concluyeron.

Para ganarse el apoyo de los republicanos, Johnson pregonó algunos de los aumentos de gasto asegurados para unas 8.000 camas más de detención de inmigrantes que esperan sus procedimientos de inmigración o su expulsión del país. Esto supone un aumento del 24% respecto a los niveles actuales. Además, el líder republicano destacó más dinero para contratar a unos 2.000 agentes de la Patrulla Fronteriza, aunque rechazaron una norma más ambiciosa que dotaba de hasta 20.000 millones de dólares adicionales a la lucha contra la inmigración ilegal.

Los republicanos también han impulsado una disposición que prohíbe financiar hasta marzo de 2025 al principal organismo de la ONU que provee alimentos, agua y refugio a la población civil de Gaza. Esa disposición ha provocado el voto en contra de congresistas demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Para los republicanos más radicales, nada de eso ha sido suficiente. “Traición” y “rendición” son las palabras que han repetido una y otra vez en la Cámara baja. Ellos preferían el cierre parcial de la Administración que alcanzar una solución de compromiso entre ambos partidos.

Los niveles de gasto pactados se atienen al pacto al que llegó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para suspender por dos años el techo de deuda. Aquel acuerdo y la primera prórroga que evitó el cierre parcial de la Administración le costaron el puesto a McCarthy. Su sucesor, Mike Johnson, ha pactado medidas similares a aquella que han contado incluso con menos apoyo por parte de los republicanos. Finalmente, también contra él se ha presentado una moción de censura de desenlace incierto.

No habrá votación sobre la moción para destituir a Johnson al menos hasta después del receso de dos semanas que emprende ahora el Congreso. La propia Taylor Greene no ha aclarado cuándo pedirá que se vote y ha dicho que se trata de un aviso. Los republicanos son conscientes del espectáculo de desorden y caos que dieron tras el cese de McCarthy.

De forma colateral, la crisis interna desatada entre los republicanos puede afectar a la nueva ayuda a Ucrania e Israel, que lleva meses atascada en el Congreso. Marjorie Taylor Greene ha avisado expresamente a Johnson de que pedirá la votación de la moción de censura si la desbloquea. Sin embargo, también es posible que los demócratas acepten rescatar al presidente de la Cámara de Representantes y evitar su destitución si este acepta promover un acuerdo entre ambos partidos con esa ayuda, lo que agravaría la crisis interna de los republicanos.

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Sobre la firma

Miguel Jiménez
Corresponsal jefe de EL PAÍS en Estados Unidos. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactor jefe de Economía y Negocios, subdirector y director adjunto y en el diario económico Cinco Días, del que fue director.
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