Hong Kong aprueba una estricta ley de Seguridad Nacional en línea con las exigencias de Pekín

Por unanimidad y a una velocidad de vértigo, el Parlamento de Hong Kong ha aprobado este martes su primera ley de Seguridad Nacional desde la devolución del territorio a China, en 1997. La controvertida norma, conocida localmente como iniciativa legislativa sobre el artículo 23, regula los delitos de traición, secesión, sedición y subversión, y secretos de Estado, además de actividades de organismos extranjeros en el territorio y los vínculos entre entidades locales y foráneas. La ley, en línea con los postulados de Pekín, ha sido denunciada como una herramienta creada para asestar un golpe terminal a cualquier tipo de disensión en el territorio. Así, castiga con cadena perpetua varias ofensas —como la incitación al amotinamiento de miembros de las Fuerzas Armadas de China y la connivencia con fuerzas externas para dañar las infraestructuras públicas—; aumenta las penas de cárcel por sedición, que pasan de dos a siete años, e incluso a diez si se demuestra que los autores han actuado en connivencia con una fuerza extranjera; y alarga los periodos permitidos de detención sin cargos de 48 horas a 16 días. La legislación cae sobre una región autónoma donde los movimientos en favor de los derechos civiles han sido laminados tras la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020 con la finalidad de aplastar las revueltas prodemocráticas que sacudieron Hong Kong en 2019.

La normativa, que entrará en vigor este sábado, ha sido también duramente criticada por numerosas agrupaciones defensoras de los derechos y libertades públicas, además de por diversos Gobiernos, debido a la vaga definición de algunos de los delitos penados, el riesgo de extraterritorialidad de sus preceptos, y por socavar el marco de “un país, dos sistemas”, bajo el cual China asumió el retorno de la soberanía de la antigua colonia británica. “Es alarmante que una legislación tan trascendental haya sido aprobada a toda prisa por el poder legislativo mediante un proceso acelerado, a pesar de las serias preocupaciones suscitadas por la incompatibilidad de muchas de sus disposiciones con el derecho internacional de los derechos humanos”, ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, a través de un comunicado.

Pekín defiende, en cambio, la necesidad de una norma que el Gobierno autónomo ya trató de adoptar en 2003. Entonces, cientos de miles de personas salieron a las calles de Hong Kong a protestar, lograron ponerle un freno, y fue retirada y guardada en el cajón durante dos décadas. Ahora, la resistencia ciudadana no ha prestado apenas oposición: buena parte se ha marchado del país, ha sido enjuiciada o prefiere guardar silencio ante posibles represalias. Para China, la legislación del artículo 23 ―llamada así por el precepto que desarrolla de la Ley Fundamental de Hong Kong, la mini-Constitución de la región autónoma― es “lo que debe hacerse para [afianzar] la seguridad y estabilidad” de Hong Kong, y la “correcta aplicación” del marco “un país, dos sistemas”, afirmó Mao Ning, portavoz china de Exteriores, en una comparecencia a principios de marzo. Según Pekín, la norma se dirige contra “un puñado de delincuentes que ponen gravemente en peligro” la seguridad nacional, y se trata de una legislación “legítima, legal e irreprochable”.

John Lee, jefe del Gobierno autónomo de Hong Kong, ha asegurado este martes que se trata de una ley defensiva, que dota a la ciudad de “una puerta y una cerradura más fuertes”, y la protege contra los invasores. “Es necesaria para protegernos de la gente que invade nuestro hogar”, ha dicho en una comparecencia tras la aprobación. Lee ha justificado la conveniencia de dotarse de herramientas “eficaces” frente a lo que ha denominado “violencia negra” (en referencia a las protestas prodemocráticas) y “revolución de colores”. “Con la nueva ley, ya no tenemos que preocuparnos de que la gente destruya las infraestructuras públicas”, ha zanjado, según declaraciones recogidas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Lee ha expresado su confianza en que la norma no hará, sino aumentar el atractivo de Hong Kong para las empresas y la inversión. También ha afirmado que Hong Kong, en el pasado, había “caminado por la senda equivocada” antes de que Pekín impusiera la ley de seguridad nacional. “Debemos entender correctamente que debe haber un país antes que dos sistemas, y los dos sistemas no deben utilizarse para resistir a un país”, ha dicho.

Más detenciones arbitrarias

El Consejo Democrático de Hong Kong, una organización disidente fundada en el exilio al calor de las protestas de 2019, y entre cuyos miembros originarios se encuentra el político perseguido por la justicia hongkonesa Nathan Law, hoy asentado en Londres, ha denunciado de inmediato la carrera contra reloj por aprobar una norma “draconiana” por parte de un legislativo donde ya no existe oposición, reducido a mero signatario, y en un proceso en el que no se han planteado objeciones de ningún tipo. La consulta pública ha durado apenas un mes, el texto del proyecto de ley se dio a conocer nueve días después y ha sido finalmente aprobado en 12 días por el Consejo Legislativo con 89 votos a favor y ninguno en contra. Las autoridades han mostrado satisfacción y celebrado que el 98,6% de las 13.000 opiniones recogidas durante la consulta expresaban “apoyo o crítica constructiva”, ha asegurado el ministro de Seguridad, Chris Tang.

“El artículo 23 otorga amplios poderes a los agentes del orden, jueces y fiscales para reprimir la disidencia y sofocar la oposición política, lo que, sin duda, permitirá más detenciones políticas arbitrarias que los 1.829 presos políticos que hemos documentado”, ha denunciado el Consejo Democrático en un comunicado. La organización también alerta de que la nueva regulación “fomentará la vigilancia entre iguales y provocará un ambiente similar al de la Revolución Cultural en Hong Kong”, en referencia a la revuelta lanzada por el presidente chino Mao Zedong durante su última década en el poder (1966-76), que resultó en terribles luchas entre facciones y en la que murieron entre uno y tres millones de personas.

“Es una ley del diablo”, comenta escueto a través de un mensaje Kacey Wong, un artista hongkonés, muy activo durante las protestas prodemocráticas, y hoy “autoexiliado” en Taiwán.

Una coalición internacional multipartidista ―formada por políticos y personalidades públicas, que incluye desde el último gobernador británico de Hong Kong, Christopher Patten, al senador estadounidense Marco Rubio, además de 17 europarlamentarios― ha respondido también de inmediato con una declaración conjunta que condena sin ambages la medida. La nueva legislación, afirman, “supondrá un nuevo golpe devastador para la autonomía, el Estado de derecho, los derechos y las libertades fundamentales de la ciudad, más allá del impacto de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020″, expone. La medida, prosiguen, declarará como delitos siete tipos de actividades en virtud de disposiciones “vagas y expansivas que criminalizarán el ejercicio pacífico de los derechos humanos”. Según los 78 firmantes, la norma menoscaba los derechos a las garantías procesales y a un juicio justo y viola las obligaciones de Hong Kong en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos, lo que pone en peligro su papel como “ciudad internacional abierta”.

“El Gobierno de Hong Kong ha asestado otro golpe demoledor a los derechos humanos en la ciudad”, ha denunciado también en un comunicado Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional China. “Las autoridades han promulgado esta ley en un abrir y cerrar de ojos, acabando con cualquier atisbo de esperanza de que la protesta pública pudiera contrarrestar sus elementos más destructivos”. Para Brooks, el paso es el mensaje más claro hasta la fecha de que “el ansia de las autoridades de Hong Kong por acomodarse a la voluntad de Pekín supera cualquier compromiso anterior en materia de derechos humanos”.

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