Arranca en Hong Kong un macrojuicio contra la oposición democrática

Hong Kong celebra desde este lunes un macrojuicio contra 47 opositores, en uno de esos casos que serán recordados por marcar la línea definitiva entre el final de una era y el principio de otra. Los encausados son un grupo heterogéneo de políticos, académicos, periodistas y activistas detenidos hace dos años como sospechosos de subversión bajo el articulado de la Ley de Seguridad Nacional aprobada por Pekín en 2020 y se enfrentan a posibles condenas que llegan a la cadena perpetua. El episodio, dirigido contra organizadores y participantes de unas elecciones primarias no oficiales, se convirtió en su momento en la mayor redada contra el movimiento prodemocracia en la isla desde que se iniciaron las protestas de 2019.

De los 55 detenidos en enero de 2021, finalmente 47 fueron imputados poco después por cargos de “conspiración para subvertir el poder del Estado” y pueden ser condenados a cadena perpetua por organizar o participar en aquella votación, en la que se emitieron unos 600.000 votos. La intención era entrar con una formación unitaria de oposición en el Legislativo, cuyos escaños hoy están dominados por partidos pro Pekín. Pero la Fiscalía hongkonesa estima que querían “paralizar” el Gobierno de Hong Kong mediante un “plan vicioso”.

“No es ningún crimen actuar contra un régimen totalitario”, aseguró el lunes ante el tribunal el acusado y exlegislador Leung Kwok-hung, según recogió la agencia Reuters. En el alegato inicial, el fiscal Anthony Chau dijo: “Este caso implica a un grupo de activistas que conspiraron juntos y con otros para planificar, organizar y participar en interferir gravemente, perturbar o socavar el cumplimiento de deberes y funciones (...) por medios ilícitos con vistas a subvertir el poder del Estado”.

Entre los 47 imputados hay figuras prominentes de la resistencia democrática en Hong Kong, asfixiada tras la férrea ejecución de la normativa de seguridad aderezada con el largo periodo de aislamiento pandémico: Wu Chi-wai, de 60 años, ex secretario general del Partido Demócrata; Gwyneth Ho, de 32, una reportera que estuvo documentando las protestas de 2019 en primera línea; Au Nok-hin, de 35 años, organizador de la convocatoria electoral; Benny Tai, de 58, uno de los ideólogos de las movilizaciones que dieron pie a la llamada protesta de los paraguas de 2014, además de promotor de las primarias; o el destacado activista Joshua Wong, de 26.

Una buena parte de los acusados (34) han pasado estos dos años detenidos; 31 de ellos se han confesado culpables de los hechos. Algunos expertos legales atribuyen el movimiento a la presión que supone enfrentarse a largas detenciones y a una maquinaria legal que las capitales occidentales y los activistas pro derechos humanos ponen en tela de juicio.

La ONG Chinese Human Rights Defenders dirigió la pasada semana una carta al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, con motivo de la visita que tenía previsto realizar a Pekín (suspendida por la crisis de los globos espía), en la que denunciaba la falta de “independencia” de los tribunales de Hong Kong y protestaba por el caso de los 47 imputados, además de otros asuntos judiciales recientes contra activistas y manifestantes: “En estos juicios masivos”, señala la carta, “se presta poca atención a las acusaciones de hecho contra los procesados individuales y muchos han sido declarados culpables y condenados a años de prisión por el simple hecho de estar vestidos con ropa inadecuada cerca de un enfrentamiento en las protestas o por tener creencias políticas prodemocráticas”.

La ONG también recuerda el caso de Jimmy Lai, magnate hongkonés de los medios de comunicación, condenado en diciembre a cinco años por fraude y aún a la espera de otro juicio por connivencia con fuerzas extranjeras. Su publicación, Apple Daily, fue considerada durante años una voz opositora, pero se vio obligada a cerrar en junio de 2021 cuando se congelaron sus cuentas y altos cargos del rotativo fueron arrestados también en virtud de la Ley de Seguridad Nacional.

Tras los arrestos, en enero de 2021, la Unión Europea pidió la puesta en libertad inmediata de los detenidos. Peter Stano, portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, aseguró que las detenciones indicaban que “el pluralismo político ya no se tolera en Hong Kong” y que la ley de seguridad se usa “para aplastar la disensión y sofocar los derechos humanos y las libertades políticas”. Poco después, el Parlamento Europeo reclamó la imposición de sanciones contra Hong Kong y altos funcionarios chinos.

Desactivar la disidencia

La Ley de Seguridad Nacional fue tramitada y aprobada a velocidad del rayo en junio de 2020 por la Asamblea Nacional Popular (el Parlamento chino) con la intención de desactivar la disidencia en Hong Kong. La norma prevé la cadena perpetua para quienes planeen actividades “terroristas”, “sediciosas” o “subversivas” y su promulgación supuso un punto y aparte en la arquitectura jurídica del centro financiero internacional desde que dejó de ser una colonia británica y China recuperó su soberanía en 1997. Los críticos de la norma aseguran que cercena las libertades que la China continental se comprometió a garantizar hasta 2047 en el territorio autónomo.

Pekín considera, en cambio, que la metamorfosis de los últimos años ha permitido la pacificación tras una etapa tumultuosa. “En mi visita a Hong Kong [en junio de 2022] me alegró profundamente comprobar que Hong Kong ha restablecido el orden y se dispone a prosperar de nuevo”, aseguró el presidente chino, Xi Jinping, en su tradicional discurso de fin de año el 31 de diciembre. “No debe volver a caer en el caos”, señaló el líder en aquella visita en la que se conmemoraba el 25º aniversario de la vuelta del enclave a la soberanía china.

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