Hong Kong imputa a casi 50 políticos de la oposición por “conspiración para subvertir el poder del Estado”

Hong Kong ha imputado este domingo a 47 políticos y activistas de la oposición por cargos de “conspiración para subvertir el poder del Estado”, en el mayor golpe hasta ahora en el territorio autónomo chino contra el movimiento prodemocracia mediante la draconiana ley de Seguridad Nacional vigente desde el 30 de junio del año pasado.

Los cargos se relacionan con el supuesto papel de los sospechosos en la organización, en el verano del año pasado, de unas elecciones primarias informales con las que el frente prodemocracia buscaba presentar candidaturas unificadas de cara a los comicios legislativos que Hong Kong debía haber celebrado en septiembre y que acabó aplazando un año por la pandemia de la covid-19.

La conspiración para subvertir el poder del Estado es uno de los delitos tipificados en la ley de Seguridad Nacional que Pekín ha impuesto al enclave desde el 30 de junio de 2020. Ser declarado culpable puede acarrear la cadena perpetua. Los imputados este domingo deberán comparecer mañana lunes ante un tribunal para una vista preliminar.

Los 47, que habían sido citados en comisaría para este domingo de modo repentino, un mes antes de lo que estaba previsto, forman parte de un grupo de 55 políticos y activistas de oposición que fueron detenidos en la madrugada del 6 de enero pasado en relación con aquella convocatoria de primarias.

Los imputados, según un comunicado de la Policía de Hong Kong, son 39 varones y ocho mujeres, de edades comprendidas entre los 23 y los 64 años. La lista de sus nombres viene a ser un elenco de los principales activistas en el frente prodemocracia en Hong Kong. Entre ellos están desde el académico Benny Tai -ideólogo del movimiento Occupy Central en 2014, precursor de las manifestaciones que paralizaron Hong Kong en 2019 contra Pekín y para exigir más democracia- al antiguo líder estudiantil de entonces Joshua Wong, pasando por exlegisladores como Claudia Mo o el concejal Jimmy Sham, una de las caras más conocidas de las protestas pacíficas y multitudinarias de hace dos años. “La democracia no es un regalo caído del cielo. Se gana con voluntad de hierro”, declaraba este domingo Sham. “Nos mantendremos fuertes y lucharemos por lo que queremos conseguir”.

En las primarias del verano pasado en Hong Kong participaron cerca de 600.000 personas, o casi un 10% de la población de 7,5 millones. Los organizadores buscaban aprovechar el impulso obtenido a raíz de las elecciones municipales de noviembre de 2019, en las que la oposición logró una mayoría aplastante, para intentar conseguir por primera vez en la historia una mayoría en las legislativas que debían celebrarse dos meses después.

La iniciativa, conocida como 35+, en alusión al número de diputados necesarios para obtener la mayoría en el Parlamento, buscaba presentar una lista única para toda la oposición. Si se lograba la mayoría, declaraban los participantes, se podrían rechazar los presupuestos anuales propuestos por el Gobierno autónomo. Vetarlos dos veces obligaría a la impopular jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, a dimitir, según la ley hongkonesa. El Gobierno encabezado por Lam advirtió entonces de que esos planes podrían violar la ley de seguridad nacional.

Aplazamiento electoral

Las legislativas previstas para septiembre no llegaron a celebrarse. El Gobierno autónomo las aplazó hasta septiembre de este año, al alegar razones de salud pública debido a la pandemia de coronavirus. La oposición lo consideró un retraso con motivación política, para evitar la posibilidad de un triunfo del bloque demócrata. Estos diputados acabaron dimitiendo en masa en noviembre en señal de protesta después de que se inhabilitara a cuatro legisladores de su grupo.

Redactada después de las protestas de 2019, la entrada en vigor de la ley de seguridad nacional ha herido de muerte, según sus críticos, al régimen de libertades que China se había comprometido a garantizar a su territorio autónomo hasta 2047. Desde su establecimiento, esta ley se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla en las tensas relaciones entre China y el Gobierno estadounidense. Además de la subversión, la medida penaliza también el separatismo, el terrorismo y la confabulación con fuerzas extranjeras.