El caballo de Troya de Pekín en Hong Kong: claves de la nueva ley de seguridad

Hong Kong ha estrenado este miércoles, en el 23º aniversario de su regreso a la soberanía china, la nueva ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín. La propia China ha descrito la medida como “la más importante aprobada para el territorio, después de la Ley Básica (su miniconstitución)”. Pero sus críticos, entre ellos académicos, abogados, activistas prodemocracia la UE y numerosos Gobiernos extranjeros —EE UU, el Reino Unido o Japón, entre otros— consideran que su contenido impone graves límites o incluso dinamita el régimen de libertades que Pekín se había comprometido a garantizar hasta 2047.

La nueva ley, que solo se hizo pública en el momento de entrar en vigor, castiga cuatro comportamientos, con penas que oscilan desde los tres años de cárcel a la cadena perpetua: la “secesión”, actos encaminados a separar Hong Kong o cualquier otra parte del territorio de la República Popular de China; el “terrorismo”, el uso de la violencia contra personas o propiedades; la “subversión”, el intento de socavar la autoridad del Gobierno central o el local, y la “confabulación con fuerzas externas”.

El Colegio de Abogados de Hong Kong se ha pronunciado ya duramente contra la medida, que considera que en su conjunto “socava el alto grado de autonomía garantizado por la Ley Básica y el acuerdo conjunto sino-británico (para el traspaso de la soberanía)” y perjudica a “pilares del sistema político hongkonés, incluida la separación de poderes y el respeto a los derechos y libertades fundamentales”.

A continuación, algunas de las provisiones más controvertidas de la nueva ley:

Establecimiento de nuevas instituciones creadas o participadas por Pekín y que contarán con amplios poderes

• Pekín establecerá una nueva Oficina de Seguridad Nacional en Hong Kong, gestionada por los servicios de seguridad de la China continental. Ni la Oficina ni este cuerpo policial estarán sujetos a la jurisdicción local. “El Gobierno de Hong Kong no tendrá jurisdicción sobre la nueva agencia de Seguridad nacional ni su personal cuando estos se encuentren cumpliendo misiones previstas dentro de esta ley”, precisa el documento.
• Esta oficina tendrá potestad para enviar a tribunales de la China continental “un número muy pequeño” de casos, los que afecten a la seguridad nacional bajo tres tipos de circunstancias: a)que esté involucrada alguna institución o poder extranjero; b) que el Gobierno autónomo no pueda hacerse cargo por alguna circunstancia extraordinaria; c) que la Oficina considere que existe una amenaza “grave e inminente” a la seguridad nacional. Según expone el Colegio de Abogados hongkonés, el traslado a tribunales de China continental no equivaldría a una extradición, lo que denegaría las protecciones que concede ese procedimiento. También pone en duda que el acusado pueda recibir un juicio justo del otro lado de la frontera.
• El Gobierno de Hong Kong creará una Comisión de Seguridad Nacional, encabezada por la jefa del Ejecutivo autónomo, Carrie Lam, y de la que formará parte un asesor nombrado por Pekín. La comisión tendrá que elaborar un informe anual.

Sistema judicial

• Pekín tendrá la última palabra sobre la interpretación de la ley. En caso de conflicto con otras leyes hongkonesas, primará la impuesta por China. Incluso, remarca el Colegio de Abogados, por encima de la Ley de Derechos, que garantiza las libertades fundamentales y los derechos políticos y civiles en línea con los estándares internacionales.
• La jefa del Gobierno autónomo tendrá la potestad de nombrar a los jueces en casos que afecten a la seguridad nacional. Los nombramientos tendrán un año de vigencia. Esta provisión ha causado especial alarma, dado que diluye la separación del poder Ejecutivo y el judicial.
• Cuando se considere necesario, los juicios que afecten a la seguridad nacional podrán celebrarse a puerta cerrada.
• El Departamento de Justicia hongkonés deberá crear un cuerpo especializado en seguridad nacional, con amplios poderes.
• Los sospechosos de violar la ley de Seguridad nacional podrán quedar bajo vigilancia y sus comunicaciones, sometidas a escuchas.

Delitos

• Las cuatro categorías incluidas en la ley recibirán un castigo máximo de cadena perpetua. El Colegio de Abogados puntualiza que todas ellas están descritas de modo muy amplio, “sin salvaguardas básicas ni guías” sobre qué comportamientos exactos están tipificados. Ello abre la puerta, opina, a que se puedan “aplicar de manera arbitraria y que interfiera de manera desproporcionada en los derechos fundamentales, incluida la libertad de conciencia, de expresión y de asamblea”.
• Llevar banderas o corear eslóganes en favor de la independencia podrá considerarse “secesión”. La acusación por este cargo podrá hacerse sin necesidad de que haya habido violencia, “lo que puede llevar a que se prohíba simplemente la expresión verbal o la defensa pacífica” de la ideología.
• Causar daños en las redes de transporte público o del suministro eléctrico o de gas podrá penalizarse como una acción terrorista.
• Podrá ser castigado como “subversión” el intento de paralizar el funcionamiento del Gobierno central o el local, lo que abre la puerta a que se declare ilegal la crítica publicada en los medios o el establecimiento de piquetes, entre otros comportamientos, según los abogados hongkoneses.
• También se penalizará la “difusión de rumores” que se consideren perjudiciales para la estabilidad del Gobierno hongkonés o del sistema político chino, según indicaba el Consejo de Estado, el Ejecutivo chino, en una rueda de prensa este miércoles.
• Recabar el apoyo de entidades extranjeras de modo que el acto pueda tener influencia en las elecciones locales también estará castigado. El Consejo de Abogados se pregunta si quedarán ilegalizados actos de colaboración con ONG u otras entidades extranjeras que hasta ahora eran perfectamente lícitos.
• Quienes hayan sido declarados culpables de alguno de estos delitos no podrán presentarse como candidatos en las elecciones hongkonesas.

Extranjeros

• El artículo 54 de la ley prevé que la Oficina de Seguridad Nacional del gobierno central en Hong Kong y el Gobierno autónomo “tomarán las medidas necesarias” para fortalecer la gestión de las ONG, corresponsalías y “órganos de países extranjeros y organizaciones internacionales” presentes en el territorio autónomo. A diferencia de la China continental, en Hong Kong la Ley Básica garantiza desde 1997 las libertades de expresión y de prensa, entre otros derechos fundamentales.
• El artículo 38 estipula que la ley se aplicará también a los residentes no permanentes de Hong Kong y a personas “fuera de Hong Kong… que no sean residentes permanentes” de Hong Kong.

Dadas las dudas que suscita el documento, y el nulo tiempo que se ha dado para familiarizarse con él antes de ponerlo en práctica, el Colegio de Abogados ha llamado a Carrie Lam a “reafirmar los valores fundacionales” del territorio autónomo y prometer que su Gobierno aplicará la nueva ley “de modo consistente con la Ley Básica y la Ley de Derechos de Hong Kong”.