China promulga la ley de seguridad que pretende reprimir la disidencia en Hong Kong

La dirección de la Asamblea Nacional Popular (el Parlamento chino) ha promulgado este martes la nueva ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, tras una tramitación a toda velocidad. La temida medida, firmada por el presidente chino, Xi Jinping, ya se encuentra en vigor tras publicarse en el boletín oficial de Hong Kong. La norma, que prevé la cadena perpetua para quienes planeen actividades “terroristas”, “sediciosas” o “subversivas”, introduce los mayores cambios al marco legal y el modo de vida del centro financiero internacional desde que la antigua colonia británica regresó a la soberanía china en 1997. Sus críticos consideran que asesta un golpe mortal al régimen de libertades que China se comprometió a garantizar hasta 2047 en el territorio autónomo.

Carrie Lam sobre la polémica ley de seguridad de Hong Kong

La medida castiga también la “confabulación con fuerzas extranjeras” para causar daño a China o el territorio. Autoriza, por primera vez desde el regreso del enclave a la soberanía china en 1997, la operación en su suelo de los servicios de seguridad de la China continental. Según la norma, “el gobierno central establecerá establecerá una oficina para la protección de la seguridad nacional” en Hong Kong. Esta oficina, y no el gobierno hongkonés, tendrá jurisdicción en casos en los que estén implicados países extranjeros, “se dé una amenaza grave e inminente que afecte a la seguridad nacional” o el gobierno autónomo no pueda aplicar la ley por sí mismo por alguna circunstancia grave. Se crea un comité de Seguridad Nacional, que estará encabezado por la jefa del Ejecutivo autónomo, Carrie Lam, y cuyas decisiones no estarán sujetas a revisión judicial. Entre los componentes del comité estará un asesor nombrado por Pekín.

Se considerará secesión cualquier intento de separar Hong Kong o cualquier parte de la República Popular de China, o de “devolverlo al mandato extranjero”. Planificar este tipo de actividades acarreará la cadena perpetua; participar en ellas, entre tres y diez años de prisión. Un castigo similar recibirán las actividades consideradas “subversión de los poderes del Estado”, que incluyen el uso de la fuerza para cambiar o deponer el sistema de gobierno de China o el gobierno autónomo hongkonés, así como la injerencia para impedir el funcionamiento normal de las instituciones.

El delito de terrorismo puede acarrear más de diez años de prisión, o la cadena perpetua. Esta última se adjudicará a quienes organicen o lideren organizaciones terroristas. Se considerarán actividades terroristas no solo la violencia contra las personas, sino también el daño a las redes de transporte, comunicaciones, o los tendidos de gas y electricidad. Quienes les ayuden afrontarán penas de cinco a diez años de prisión.

La confabulación con poderes extranjeros incluye el llevar a cabo o planificar determinadas actividades para organizaciones extranjeras contra Hong Kong, incluidas las que impidan la aplicación de políticas del Gobierno central o el autónomo. También tendrán esta consideración las interacciones con instituciones extranjeras que tengan como fin controlar las elecciones locales, o alentar el odio contra Pekín o el Ejecutivo autónomo.

Toda la tramitación se ha llevado a cabo en solo 40 días, una celeridad insólita en el burocrático sistema parlamentario chino, y en la mayor de las opacidades. No fue hasta una hora antes de la medianoche cuando finalmente se publicó el texto y la medida entró en vigor. No ha habido un proceso de consultas públicas, hasta el punto que ni siquiera miembros del gobierno autónomo hongkonés han podido ver el borrador. También autoriza, por primera vez desde el regreso del enclave a la soberanía china en 1997, la operación de los servicios de seguridad de la China continental en la antigua colonia británica.

Su aprobación enfrenta a China con Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, muy críticos con la medida. Washington había advertido que retiraría el estatus especial comercial que concedía a Hong Kong, al considerar que la nueva ley elimina el alto grado de autonomía del enclave acordado entre Pekín y Londres en las negociaciones de traspaso de la soberanía. Inmediatamente después de conocerse la aprobación, ha anunciado que dejará de exportar material de defensa o de uso dual —con posible uso civil o militar— al enclave. “No podemos arriesgarnos a que estos bienes caigan en manos del Ejército chino, cuyo objeto es mantener la dictadura del Partido Comunista de China de la manera que sea”, ha tuiteado la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. Horas más tarde, el Ministerio de Exteriores chino prometía responder con medidas de represalia.

Las reacciones internacionales de protesta se multiplicaban a lo largo del día. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó de “deplorable” la decisión y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque estudia con socios internacionales medidas de respuesta. El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, ha reiterado la oferta de pasaportes para los hongkoneses nacidos antes del traspaso de la soberanía y sus familiares. En Tokio, el Gobierno japonés ha calificado la aprobación de la ley como “extremadamente lamentable”.

La norma podría ponerse a prueba por primera vez este miércoles 1 de julio, cuando se cumple el 23º aniversario del traspaso de la soberanía. La policía ha vetado, por razones de salud pública debido a la pandemia, la manifestación de protesta que se celebra cada año. Se prevé, no obstante, que se lleve a cabo algún tipo de concentración ciudadana.

“A la luz de los riesgos para la seguridad nacional cada vez más pronunciados que encara el territorio autónomo, la aplicación de una ley de seguridad nacional por parte del Estado es necesaria y urgente”, ha declarado la jefa del gobierno autónomo hongkonés, Carrie Lam. “La legislación es un paso importante para mejorar el sistema institucional Un País, Dos Sistemas (que garantiza el régimen de libertades en el enclave) y para restablecer la estabilidad en la sociedad de Hong Kong lo antes posible”.

No por esperado el anuncio de la promulgación dejó de caer como un monumental jarro de agua fría entre los simpatizantes del movimiento prodemocracia en Hong Kong. A lo largo del día, muchos procedían al borrado sistemático de las cuentas que habían creado en redes sociales en defensa de las protestas del año pasado, aunque la inmensa mayoría fueran anónimas. Desaparecían desde nicks divulgadores de soflamas a cuentas especializadas en dar a conocer el arte de las protestas.

Desaparecían también partidos políticos enteros. El activista y antiguo líder estudiantil Joshua Wong, que había asegurado que sería un “objetivo preferente” de la nueva ley, anunciaba su salida de la formación que fundó, Demosisto, junto al resto de sus jóvenes dirigentes. Poco más tarde, el partido declaraba por redes sociales su disolución. Otras dos formaciones, el Frente Nacional de Hong Kong y Studentlocalism, de simpatías independentistas, han dado a conocer que cesarán sus actividades en el territorio autónomo y solo operarán desde el extranjero.

“Incluso bajo los malos vientos del mandato directo y autoritario de China, los hongkoneses seguiremos luchando por nuestras libertades y democracia para las próximas generaciones. Cuando la justicia fracasa, nuestra lucha continúa”, ha tuiteado Wong.

Con esta ley, Pekín busca impedir una repetición de las protestas, en ocasiones violentas, que el año pasado paralizaron el enclave y que solo se detuvieron debido a la alerta sanitaria contra la pandemia de coronavirus. La medida también puede tener un impacto en las elecciones legislativas hongkonesas del próximo septiembre, en las que por primera vez la oposición demócrata tenía visos de lograr la mayoría en el Parlamento local. La nueva norma puede hacer más fácil el inhabilitar como candidatos a algunos representantes de la oposición.

La Ley Básica, la miniconstitución hongkonesa, prevé que el territorio autónomo desarrolle su propia legislación de seguridad nacional. Pero las manifestaciones de protesta contra un primer intento en 2003 obligaron a archivar aquel proyecto de ley.