La agencia de la ONU para los palestinos pierde la mitad de su presupuesto por la investigación a sus trabajadores

En apenas 96 horas, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) ha perdido 16 países donantes que aportaban la mitad de su presupuesto. El goteo de anuncios de cese de la financiación ha continuado este lunes, con Austria y Japón ―sexto mayor contribuyente―, a causa de la supuesta implicación en el ataque de Hamás el 7 de octubre de 12 empleados locales de la agencia, que ha despedido a nueve y está aclarando la identidad de otros dos (uno más ha fallecido). La agencia calcula que solo tendrá fondos para operar hasta finales de febrero, asegura su directora de Comunicaciones, Juliette Touma. Sirven para proveer educación (a la que dedica el 59% de su presupuesto), gestionar clínicas, ayudar a comprar comida y ropa, dar microcréditos o apoyar a madres solteras para un total de 5,9 millones de refugiados palestinos. Algunos países, como España, Irlanda o Noruega, han anunciado, en cambio, que mantendrán las aportaciones, mientras que la Comisión Europea (la UE es el tercer contribuyente) esperará al resultado de la investigación interna de Naciones Unidas y efectuará una auditoría propia.

El golpe económico afecta a los refugiados y a sus 30.000 trabajadores en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Siria, Líbano y Jordania, pero la preocupación se centra en la Franja porque la agencia es el principal actor humanitario en un enclave “convertido en inhabitable”, en palabras del coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Martin Griffiths. La guerra ha dado un vuelco a su actividad diaria: coordina la entrada de ayuda humanitaria, sus escuelas y centros médicos se han convertido en refugios de un millón de personas, ha perdido a unos 150 empleados por los bombardeos israelíes y solo 3.000 de los 13.000 siguen trabajando. Antes de la guerra, en 2022, la UNRWA atendió en Gaza 3,5 millones de consultas en sus 22 centros médicos y tuvo unos 290.000 estudiantes en sus 278 escuelas, según su último informe anual. De los 2,3 millones de gazatíes, 1,5 millones están registrados como refugiados.

El último ruego ha llegado de mano del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ha pedido este domingo a los países dar marcha atrás en su decisión porque “en este momento crítico solo dañará a la gente de Gaza que necesita apoyo desesperadamente”. Ese mismo día, el secretario general de la ONU, António Guterres, difundió un medido mensaje: “Aunque entiendo sus preocupaciones ―yo mismo me horroricé por estas acusaciones―, llamo con firmeza a los gobiernos que han suspendido sus contribuciones a, al menos, garantizar la continuidad de las operaciones de la UNRWA”.

El diario estadounidense The New York Times ha difundido este lunes información del dosier que Israel ha suministrado a Naciones Unidas sobre los 12 empleados. Uno está acusado de secuestrar a una mujer, otro de participar en una matanza en un kibutz y un tercero de haber dado munición a los milicianos. Además, uno de los rehenes israelíes en Gaza liberados en noviembre en un canje por presos palestinos ha asegurado que estuvo retenido en casa de un maestro de la agencia.

El informe sería la primera fase de un plan de tres que figura en un documento confidencial del Ministerio de Exteriores israelí, del que dio cuenta a finales de diciembre el canal 12 de la televisión nacional. La segunda consistiría en ir despojando a la agencia de la ONU poco a poco de competencias y la tercera, dárselas a la autoridad ―aún por definir― que gobierne Gaza tras el conflicto. Unos días más tarde, una fuente política citada por el periódico Israel Hayom señalaba que el país “se esforzará por encontrar una alternativa” a la agencia cuando acabe la guerra, porque ahora mismo “es el único grupo que sabe” cómo distribuir comida, agua y medicamentos.

Israel mantiene una campaña de largo recorrido contra la UNRWA, a la que acusa de contribuir a perpetuar el conflicto de Oriente Próximo, de connivencia con el Gobierno de Hamás en Gaza y de educar en el odio en las escuelas. Desde 2015, un grupo de presión parlamentario para “reformar la UNRWA” propone despojar del estatus de refugiado a los descendientes, por lo que solo lo serían unos cientos de miles de ancianos. Otros críticos la acusan de corrupción e ineficiencia.

El titular israelí de Exteriores, Israel Katz, ha anunciado este lunes la cancelación del encuentro previsto para el miércoles entre personal del ministerio y el máximo responsable de la agencia, Philippe Lazzarini. “Empleados de la UNRWA participaron en la masacre del 7 de octubre. Lazzarini debería sacar conclusiones y dimitir. Quienes apoyan el terrorismo no son bienvenidos aquí”, ha escrito en X, la red social antes llamada Twitter. Ya en la víspera le había interpelado directamente por ese mismo medio con la frase: “Sr. Lazzarini, por favor, dimita”. Era su respuesta a que calificase de “inmensamente irresponsable” suspender los fondos por “las acusaciones contra un pequeño grupo del personal” justo durante la guerra en Gaza y “dadas las medidas inmediatas que tomó la UNRWA al rescindir sus contratos y solicitar una investigación independiente y transparente”.

Vulnerable a las polémicas

La agencia arrastra problemas de financiación desde hace años. Su estructura la hace particularmente vulnerable a las polémicas, como en 2018, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló las aportaciones. El 94% de su presupuesto anual, unos 1.170 millones de dólares (1.080 millones de euros), depende de aportaciones voluntarias de Estados que, además, adquieren unos compromisos de pago que no están obligados luego a cumplir. El resto procede del presupuesto de Naciones Unidas, aportaciones de otras agencias, organismos internacionales, ONG o donaciones privadas.

Por eso, solo el descuelgue de dos pesos pesados como Estados Unidos y Alemania deja ya un enorme agujero en la organización. El primero dio 343,9 millones de dólares en 2022 (último año con datos definitivos). El segundo, 202 millones. Entre ambos suman el 46% del presupuesto. La UNRWA ha perdido otros de sus 20 principales contribuyentes, aunque con cantidades sensiblemente inferiores, como Japón (30 millones), Canadá (23), Países Bajos, el Reino Unido (ambos con 21), Italia (18) y Australia (13).

La UNRWA solo se ocupa de los refugiados palestinos, por lo que está más expuesta a las vicisitudes del conflicto de Oriente Próximo. Del resto en el mundo lo hace otra agencia de Naciones Unidas, ACNUR, que nació a la vez y se encarga más bien de proveer protección y ayuda temporal y, si se dan las circunstancias, facilitar el reasentamiento.

Al wikala (la agencia, en árabe), como la suelen llamar los palestinos, fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1949, al terminar la primera guerra árabe-israelí y a consecuencia de la Nakba, la huida o expulsión de dos tercios de los palestinos del territorio del Estado de Israel que acababa de nacer. Su mandato es proporcionarles asistencia humanitaria y protección hasta que se alcance una situación “justa y duradera” que nunca ha llegado. La misma Asamblea es la que había declarado un año antes, en su resolución 194, que “debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos que lo hagan lo antes posible”. Como estaba concebida como una herramienta temporal, tiene que ir renovando su mandato cada tres años. Y, como los descendientes heredan el estatus de refugiado, los alrededor de 700.000 de entonces son hoy ―varias generaciones después― 5,9 millones.

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