Irán ejecuta a otro manifestante detenido en las protestas por la muerte de Mahsa Amini

Irán ha ejecutado en la madrugada de este martes a Mohammad Ghobadlou, de 23 años, detenido el 22 de septiembre de 2022 cerca de Teherán en una de las manifestaciones en protesta por la muerte bajo custodia policial seis días antes de la joven kurda de 22 años Mahsa Yina Amini. La mujer había sido arrestada el 13 de septiembre por la policía de la moral, que la acusó de no llevar bien colocado el velo obligatorio. Ghobadlou, a quien las autoridades iraníes inculparon por haber supuestamente atropellado y matado a un policía y herido a otros cinco, padecía una enfermedad mental, según su familia y ONG como Amnistía Internacional (AI). Con su ejecución, la cifra de personas ahorcadas en relación con las protestas desatadas por la muerte de Amini, se eleva ya a nueve. Uno de ellos, en público.

Según Amnistía Internacional, este joven estaba diagnosticado y medicado por trastorno bipolar desde los 15 años. El lunes, el abogado de Ghobadlou, Amir Raisian, había anunciado que la ejecución de su cliente tendría lugar este martes, 23 de enero, a pesar de que el propio Tribunal Supremo iraní anuló en febrero la pena capital que pesaba contra él, alegando irregularidades en el proceso judicial. Los jueces ordenaron entonces revisar el caso para estudiar las alegaciones sobre la salud mental del preso. Raisian destacó que la ejecución —que finalmente se ha llevado a cabo por el método habitual en Irán, el ahorcamiento— carecía de base legal, por lo que la equiparó a un “asesinato”.

En un llamamiento para pedir que se anularan las dos condenas a muerte contra Mohammad Ghobadlou, publicado por Amnistía en enero de 2023, la ONG denunciaba sucesivas irregularidades en los juicios contra este joven que la organización tildó de “farsas”. El acusado no pudo acceder a asistencia letrada durante la fase de investigación, que duró aproximadamente un mes, y, según Amnistía, en ese periodo las autoridades lo golpearon en repetidas ocasiones y le retiraron la medicación que tomaba para tratar su trastorno. El objetivo, critica la organización de derechos humanos, era “obligarlo a confesar” que había atropellado deliberadamente a varios agentes para causarles la muerte. “Un informe pericial del 20 de octubre de 2022 confirmó que el joven presentaba hematomas y lesiones en el cuerpo infligidos mientras estuvo detenido”, subraya AI.

El documento de la ONG censuraba que el abogado elegido por Ghobadlou y su familia “no fue autorizado a representarlo en el juicio celebrado ante el Tribunal Revolucionario, que consistió en dos breves sesiones que tuvieron lugar el 29 de octubre y el 15 de noviembre [de 2022]” ni tampoco se le permitió “el acceso a las pruebas materiales”. El hombre fue luego “recluido en régimen de aislamiento”, privado de “acceso a sus familiares y al equipo de su defensa”, al igual que de su medicación, por lo que “su situación de vulnerabilidad se agravó”, afirma el llamamiento de Amnistía, que señala luego que “las leyes y normas internacionales prohíben el uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad”.

El medio iraní en el exilio Iranwire alude este martes a una carta escrita por otro manifestante, que compartía la celda de Ghobadlou, en la que alertaba de que el trastorno bipolar del joven había empeorado durante su encarcelamiento y aludía incluso a un episodio de amnesia del preso. Según la agencia Mizan, propiedad del poder judicial iraní y citada por Efe, los tribunales iraníes han negado que este manifestante ejecutado sufriera una enfermedad mental.

La agencia estatal IRNA ha publicado este martes un vídeo con una confesión pública de Ghobadlou, en la que afirma que atropelló a los policías. Esa es la confesión a la que aludía Amnistía en su llamamiento, en el que se afirmaba: “La organización ha tenido conocimiento de que, tras recibir repetidas palizas y después de que quienes lo interrogaban le prometieran que iban a ponerlo en libertad y facilitarle su salida de Irán, Mohammad Ghobadlou fue obligado a ‘confesar’ y leer ante una cámara de vídeo una declaración previamente redactada”.

La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que cumple varias condenas de prisión en la cárcel de Evin en Teherán, ha condenado el ahorcamiento de Ghobadlou en un mensaje publicado en redes sociales, en el que define la ejecución como un “acto deliberado de asesinato y un crimen”.

Con el ahorcamiento de Ghobadlou ya son nueve las personas ejecutadas en Irán por supuestos delitos cometidos durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Yina Amini, el detonante de varios meses de protestas contra la República Islámica, el régimen en el poder en Irán desde 1979.

Esas manifestaciones solo pudieron ser sofocadas gracias a una represión que causó alrededor de 500 muertos, según las organizaciones de derechos humanos, 22.000 detenidos y la ejecución de los primeros cuatro manifestantes, uno de ellos ahorcado en público.

Irán es el país del mundo que más aplica la pena de muerte en relación con su población, de acuerdo con los datos de las ONG de derechos humanos. En 2022, ejecutó al menos a 582 personas, un 75% más que el año anterior, según los datos de la organización iraní en el exilio Iran Human Rights. Otros grupos de derechos humanos citados por Efe elevan esa cifra hasta a 800 personas, la mayoría por delitos relacionados con el tráfico y la posesión de drogas.

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