Tres años después, Estados Unidos es aún rehén del asalto al Capitolio

Cristopher Worrell, de 52 años, miembro del grupo ultraderechista de los Proud Boys, fue sentenciado este jueves a 10 años de cárcel por agredir a policías con gas pimienta mientras la turba de partidarios de Donald Trump asaltaba el Capitolio el 6 de enero de 2021. Iba con un chaleco de combate e insultaba a los agentes, llamándolos “comunistas” y “escoria”. Su condena es la última —de momento— por el ataque que hizo temblar los cimientos de la democracia de Estados Unidos. Tres años después, el asalto al Capitolio para impedir la proclamación de la victoria electoral de Joe Biden en las presidenciales de 2020 sigue marcando en buena medida la agenda política y judicial de Estados Unidos, que entra polarizado en un año electoral sin que las heridas abiertas aquel 6 de enero hayan cicatrizado.

Trump ha defendido a los asaltantes, a los que llama “patriotas”, ha restado importancia al ataque, sosteniendo que no se trató de una insurrección, se ha referido al 6 de enero con “un bello día” y ha contribuido a propagar teorías de la conspiración que han calado entre sus electores. Una encuesta publicada en The Washington Post esta semana desvela que el 25% de los estadounidenses comulga con el bulo de que es “probablemente” o “definitivamente” cierto que el FBI instigó el asalto al Capitolio de Estados Unidos.El expresidente considera que lo ocurrido hace tres años no daña su candidatura de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre próximo, que previsiblemente serán una reedición del enfrentamiento entre Trump y Biden de 2020.

Amenaza para la democracia

Biden, mientras, considera que el expresidente representa una amenaza para la democracia y ha hecho de esa idea uno de los mensajes clave para su reelección. Acaba de lanzar una campaña centrada en ello: “Algo peligroso está ocurriendo en Estados Unidos. Hay un movimiento extremista que no comparte las creencias básicas de nuestra democracia. A todos nosotros nos preguntan ahora mismo qué vamos a hacer para mantener nuestra democracia”, dice en el anuncio mientras aparecen imágenes del levantamiento.

No es solo política. El asalto al Capitolio del 6 de enero sigue muy vivo en los tribunales, aunque los dos frentes se entrecruzan. El fiscal especial Jack Smith ha acusado a Trump en Washington por sus intentos de alterar los resultados de las presidenciales de 2020, resistiéndose por primera vez a la transición pacífica y ordenada del poder. En paralelo, los Estados de Colorado y Maine le impiden presentarse a las elecciones en aplicación de la cláusula de insurrección de la 14ª Enmienda de la Constitución, y hay otros muchos Estados donde su candidatura a las primarias está impugnada.

Trump no solo defiende su inocencia, sino que asegura que contaba con inmunidad presidencial para sus actos. Además, argumenta que el asalto al Capitolio no fue una insurrección y que esa disposición constitucional no le resulta aplicable.

Será el Tribunal Supremo, con una supermayoría conservadora de seis de los nueve magistrados (tres de ellos nombrados por Trump), el que tenga que decidir finalmente. Hay ya tres casos relacionados con el ataque del 6 de enero que han cruzado la calle que separa el Capitolio del Supremo.

El primer asunto es la cuestión de la inmunidad presidencial en relación con los hechos. Sobre esto, el Supremo ha devuelto el caso al tribunal de apelaciones, pero lo previsible es que vuelva al organismo. Además, Trump ha recurrido su exclusión de las papeletas y tiene grandes posibilidades de ganar el recurso, pues la interpretación que se ha hecho de la cláusula es un poco forzada. Y en tercer lugar, los magistrados han aceptado un recurso acerca de la validez de aplicar a la revuelta del 6 de enero el delito de obstrucción de un procedimiento oficial, uno de los cuatro por los que está acusado Trump en Washington. Es un delito destinado a castigar a quien boicotee u obstruya una investigación de diferentes formas, desde asesinar a un testigo a ocultar pruebas, pero no está claro que encaje en el actual supuesto. La decisión de los jueces puede anular decenas de condenas y condicionar la imputación que se sigue contra el expresidente republicano.

Mientras, la maquinaria policial y judicial sigue procesando y condenando a los participantes en la revuelta que han sido identificados y detenidos. El fiscal federal de Washington Matthew Graves, que ha coordinado los esfuerzos del Departamento de Justicia por perseguir a los responsables, señaló este jueves en rueda de prensa que el asalto al Capitolio fue “probablemente la mayor agresión masiva a agentes del orden en un solo día de la historia” de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, aproximadamente 140 policías fueron agredidos el 6 de enero en el Capitolio, entre ellos unos 80 de la Policía del Capitolio de Estados Unidos y unos 60 del Departamento de Policía Metropolitana. “Es fundamental que recordemos el daño colectivo que se hizo el 6 de enero de 2021 y que entendamos cómo sucedió, para que podamos asegurarnos de que no vuelva a ocurrir”, añadió Graves.

Un total de 1.237 procesados

Según el último balance del Departamento de Justicia, actualizado en diciembre, se ha procesado a 1.237 acusados en todo el país De ellos, 714 personas se han declarado culpables de diversos cargos federales (210 de delitos graves y 504 de delitos menores), muchas de las cuales se enfrentan a penas de prisión. Otras 170 personas han sido declaradas culpables en juicios. Quedan, por tanto, algo más de 350 acusados con sus casos pendientes. La Oficina Federal de Investigación (FBI) aún persigue a cientos de asaltantes y tiene una lista de los más buscados.

De los declarados culpables, algunos están a la espera de sentencia. Por ahora han sido condenados 723 acusados, de los que 454 han sido sentenciados a periodos de encarcelamiento. Hay 151 condenados a un periodo de arresto domiciliario, incluidos 28 a los que también se impuso pena de cárcel.

Las sentencias más duras las han recibido miembros de las milicias ultraderechistas de los Proud Boys y los Oath Keepers. La mayor condena impuesta hasta ahora han sido los 22 años de prisión a Enrique Tarrio, presidente de los Proud Boys, que es difícil que se supere. El juez lo definió como el “cabecilla último de la conspiración” y le aplicó la agravante por “terrorismo”. Varios lugartenientes de los Proud Boys —o Muchachos Orgullosos— han recibido también algunos de los mayores castigos, al ser declarados culpables de conspiración sediciosa, como Tarrio. A Ethan Nordean le cayeron 18 años; a Joe Biggs, 17, y a Zachary Rehl, 15.

Por su parte, Stewart Rhodes, fundador y líder del grupo de extrema derecha Oath Keepers (Guardianes del Juramento), una especie de milicia paramilitar ultra, fue condenado en mayo pasado a 18 años de prisión. Tanto él como su lugarteniente Kelly Meggs, condenado a 12 años, fueron declarados culpables también de conspiración sediciosa.

Trump usa en algunos de sus mítines la canción Justice for All (Justicia para todos), que mezcla un coro de encarcelados por participar en el asalto al Capitolio que cantan el himno nacional (Star-Spangled Banner, La bandera de estrellas) con el propio Trump recitando el juramento a la bandera y se cierra con los presos coreando “U-S-A”. El expresidente ha dicho que indultará a los asaltantes si vuelve a la Casa Blanca.

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