El asalto al Capitolio llega al Tribunal Supremo

Las sedes del Congreso y el Tribunal Supremo de Estados Unidos se miran de frente en Washington. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha cruzado ahora la calle hasta la sede del máximo órgano judicial. El Tribunal Supremo ha admitido este miércoles pronunciarse sobre un caso con grandes ramificaciones. La decisión de los jueces puede anular decenas de condenas de acusados por participar en el asalto al Capitolio y condicionar la imputación que se sigue contra Donald Trump en Washington.

El Tribunal ha publicado este miércoles una orden por la que acepta decidir en dos asuntos de gran calado. Uno de ellos, muy esperado, servirá para decidir los requisitos de administración de la píldora abortiva mifepristona. Tras la derogación del derecho federal al aborto de junio del año pasado, la vista oral y la sentencia atraerán una gran atención. Pero junto a los dos casos consolidados sobre la píldora promovidos por la autoridad farmacéutica (FDA) y el laboratorio fabricante (Danco Laboratories), los jueces han admitido también el caso Joseph Fischer contra Estados Unidos, en el que pide amparo un imputado por el asalto al Capitolio.

Lo que está en juego es la validez del delito de obstrucción de un procedimiento oficial aplicado a la revuelta del 6 de enero de 2021, que impidió seguir adelante con normalidad en el Congreso con la certificación de la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. El delito está regulado en el código penal estadounidense en el artículo 1512 del US Code 18, que indica en su letra (c)(2) que “quien de manera corrupta obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo, será multado conforme a este título o encarcelado no más de 20 años, o ambas cosas”.

La letra de ese apartado concreto de la ley, considerada de forma aislada, parece ajustarse con claridad a lo ocurrido en al asalto al Capitolio. El problema viene cuando se observa que prácticamente todo ese artículo está destinado a castigar a quien boicotee u obstruya una investigación de diferentes formas, desde asesinar a un testigo a ocultar pruebas. De hecho, el titular de esa disposición es: “Interferencia sobre un testigo, una víctima o un informante”. Ese artículo, además, se aprobó como parte de la ley Sarbanes-Oxley de 2002, dirigida a perseguir delitos de cuello blanco. En el original en inglés, además, hay varias palabras que dejan margen de interpretación. El Supremo empezó el curso discutiendo si en un artículo la palabra “y” significaba realmente “y” o quería decir “o”, así que los debates pueden ser interminables.

Justamente, la pregunta que el Supremo ha aceptado contestar es: “¿Se equivocó el [Tribunal del] Circuito del Distrito de Columbia al interpretar 18 U.S.C. § 1512(c) (’Interferencia sobre testigos, víctimas o informantes’), que prohíbe la obstrucción de las pesquisas e investigaciones del Congreso, para incluir actos no relacionados con las investigaciones y las pruebas?”.

De la respuesta a esa pregunta no depende solo la suerte de Joseph Fischer, sino la de decenas de condenados. Al menos 152 personas han sido condenadas en juicio o se han declarado culpables de obstruir un procedimiento oficial, y al menos 108 de ellas han sido condenadas, según un estudio de Associated Press de los registros judiciales. Es una de las figuras penales más utilizadas para perseguir a los que asaltaron el Capitolio. En total, más de 1.200 personas han sido acusadas de delitos federales derivados de los disturbios y más de 700 se han declarado culpables.

Dos delitos de Trump

No solo eso. En el caso contra Donald Trump por intentar alterar el resultado electoral de las elecciones de 2020, dos de los cuatro delitos que se le acusa tienen que ver con ese artículo. En el pliego de cargos de ese caso, que supuso la tercera imputación de Trump, el fiscal lo acusa de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. Aunque Trump no está acusado de forma directa por el asalto al Capitolio y sus maniobras pretendieron obstruir la certificación de la victoria de Biden de diversas maneras, el segundo y el tercer delito dependen de lo que diga el Supremo en este caso.

Al tiempo, como el Supremo no se pronunciará previsiblemente hasta junio, al final del curso judicial, el calendario del juicio queda algo más en el alero de lo que ya estaba. El calendario que apuntaba como fecha del juicio el 4 de marzo empieza a parecer utópico. Este mismo miércoles, en otro desarrollo en paralelo, la jueza ha decidido paralizar la instrucción del caso hasta que el tribunal de apelaciones y, en su caso, el Supremo, decidan sobre si Trump gozaba de inmunidad presidencial por sus actos, como alegan sus abogados, que han recurrido la resolución de la jueza que lo negaba.

El Tribunal Supremo tiene una supermayoría conservadora de seis a tres. Tres de sus magistrados fueron nombrados por el propio Trump cuando era presidente. En un curso judicial marcado por las cuatro imputaciones contra el expresidente (en Nueva York, Florida, Washington y Georgia), estaba claro que alguna de sus derivadas llegaría hasta la cúspide judicial. Todavía hay más casos contra Trump que pueden escalar hasta el Supremo.

En el caso de Fischer, el juez de distrito inicialmente le dio la razón en su petición de desestimar la acusación por obstrucción, interpretando que la ley exigía haber realizado “alguna acción con respecto a un documento, registro u otro objeto” para imponer una pena por obstruir un procedimiento oficial. Sin embargo, el Departamento de Justicia recurrió ante el tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia que dijo que el artículo debía aplicarse en este caso.

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