Las sanciones internacionales a Venezuela se convierten en un problema crónico

El colapso económico de Venezuela se concretó años antes de que las sanciones internacionales atenazaran al Gobierno de Nicolás Maduro, pero será muy difícil para Venezuela emprender el camino de su total recuperación sin que estas sean suprimidas. Y aunque algunos apuestan por una solución política que desanude la crisis venezolana en unas elecciones limpias, todo el mundo sabe que el país podría quedarse años, incluso décadas, emboscado en la celada de unas sanciones internacionales que sean vistas, al mismo tiempo, como una consecuencia y una causa.

Si bien, para muchos, es la presión de las sanciones internacionales lo que ha obligado al Gobierno a aproximarse al dialogo con la oposición, la prolongada vigencia de sus efectos le ha hecho perder terreno en la opinión pública. Crecen los ecos de un lobby venezolano que se fortalece en los sectores de poder estadounidense, que, entretanto, adelanta una política de flexibilización en el sector energético. Representantes de Maduro y el Departamento de Estado se han sentado en una mesa en Doha, Qatar, para intercambiar al respecto. Ya es común escuchar a empresarios, economistas y dirigentes opositores moderados pedir su derogación definitiva.

Hoy en día el estado venezolano tiene serios impedimentos para vender su petróleo; establecer acuerdos económicos; adquirir repuestos; contratar servicios de compañías estadounidenses, canadienses o europeas; acceder al crédito internacional y usar sus fondos congelados en el exterior. Son notorias las complicaciones para efectuar operaciones con la banca de estas naciones. En muchos casos, tiene lugar el comentado over compliance, un sesgo administrativo con el cual muchas empresas endurecen su postura restrictiva para protegerse.

El colapso económico y productivo de Venezuela afloró completamente en 2013, poco después de la muerte de Hugo Chávez. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y al comienzo, algunas nacionales latinoamericanas, colocaron sanciones políticas, económicas y administrativas al Gobierno de Maduro a causa de la dura represión a las manifestaciones opositoras de 2014 y 2017, que produjeron varias decenas de muertos; por impedir legislar soberanamente al parlamento que entonces controlaba la oposición; por socavar la democracia en consultas electorales amañadas, y por acusaciones a miembros de la plana dirigente revolucionaria de corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos que hoy son investigadas en la Corte Penal Internacional.

De acuerdo a cálculos de la firma Datanalisis, 74 por ciento de la población ya no está de acuerdo con las sanciones internacionales al país, frente a un 17 por ciento que sí lo está. Cerca del 30 por ciento de la población responsabiliza a las sanciones de la situación actual. El 76 por ciento manifiesta, en particular, su interés en que sean suprimidas las sanciones petroleras, en una nación con altas tasas de endeudamiento y salarios misérrimos. Por contrapartida, las sanciones personales a determinados funcionarios son aprobadas con un 52 por ciento.

Jorge Roig, ex presidente de la patronal Fedecamaras, afirma que “en realidad, las sanciones no son para cambiar gobiernos, sino para obligar a un gobierno a sentarse a negociar con la otra parte. Eso se ha logrado en parte, en la República Dominicana, Barbados, Noruega y México. Pero las sanciones a la nación no tienen justificación. Necesitamos producir. Por concepto, las sanciones que restringen las libertades no pueden ser apoyadas por los grupos económicos, eso ha sido así históricamente”.

El Gobierno de Maduro se pasó años negando la existencia de una crisis humanitaria, impuso una fuerte censura a los medios, dejó de publicar las cifras de la economía y responsabilizó a los empresarios de la grave escasez de alimentos y medicinas que por cinco años azotó al país luego de un estricto régimen de control de precios e intervención de empresas. Desde 2019, en cambio, responsabiliza a las sanciones internacionales de todo lo que sucede en Venezuela.

“La mayoría de los ciudadanos tiene claras las causas de las sanciones, y reconoce que la culpa de lo que sucede es del gobierno”, afirma el analista político Luis Vicente León, director de la firma Datanalisis. “El distanciamiento con las sanciones proviene del hecho de que no han cumplido su objetivo y han agravado aún más los problemas de la gente. Hace cuatro años, las sanciones fueron vistas con simpatía por la mayoría de la población”.

“Plantear que el techo de la recuperación económica de Venezuela son las sanciones no es un enfoque correcto”, afirma el líder opositor Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, en el exilio. “El techo de la recuperación de Venezuela es la dictadura de Maduro. El mejor ejemplo es el caso de corrupción de PDVSA-Crypto de este año, que involucró a Tarek El Aissami, donde se perdieron 20 mil millones de dólares en ilícitos. En este momento las sanciones son la única posibilidad para aspirar a ir a una elección con condiciones mínimas”. López reconoce que es necesario discriminar las sanciones al estado nacional de aquellas individuales a miembros de “la trama cleptocrática de políticos, empresarios y beneficiarios del régimen”.

El proceso de flexibilización de sanciones podría continuar en el sector energético, pero aún luce intrincada una auténtica solución política. “El país necesitaría, al menos, retomar su industria petrolera y gasífera, acceder al crédito internacional y recuperar los activos que tiene congelados en el exterior”, afirma León, para regresar a los tiempos de antaño.

“El año pasado, Maduro tenia disposición a negociar, pero el ambiente se ha ido enfriando”, afirma el economista Orlando Ochoa, cercano al entorno de las negociaciones. “La economía tiene problemas graves y pocos ingresos. Maduro está estancado en las encuestas. En el PSUV estos temas se están debatiendo. María Corina Machado, de línea dura, puntea todos los sondeos. Eso complicaría las cosas si no hay flexibilidad. No hay incentivos que hagan pensar a Maduro que puede dejar el poder, todo lo contrario.”

El Gobierno de Maduro ha logrado romper su aislamiento en los últimos meses, en los cuales se ha producido una pequeña reactivación de capitales y servicios internacionales, algunos de los cuales vienen remolcados por el ablandamiento de la postura de Washington. Las relaciones con el capital nacional parecen normalizadas. La condición número uno que pone Miraflores a un acuerdo político es el fin inmediato de las sanciones internacionales al país y a su Gobierno.

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