La justicia rechaza la maniobra de Trump de recusar a la fiscal que le investiga por el intento de pucherazo de Georgia

Imbatible en las encuestas ―la última, publicada este lunes, le da una ventaja de 37 puntos sobre Ron DeSantis en las primarias republicanas para 2024―, Donald Trump no acusa los reveses judiciales, aunque los gastos de su defensa le hayan supuesto más de 40 millones de dólares (unos 36,3 millones de euros) en lo que va de año, alrededor de 56 desde que dejó la presidencia. Sin mucho resultado en la práctica: no ha logrado evitar sendas imputaciones en Manhattan y Florida, por el caso Stormy Daniels y los papeles confidenciales que se llevó a su mansión de Mar-a-Lago, respectivamente, ni condenas a sanciones millonarias (por fraude fiscal de la Organización Trump, 1,6 millones, y cinco millones por abuso sexual y difamación de la escritora E. Jean Carroll).

La minuta de sus abogados puede engordar aún más en los próximos días si se confirman otras dos imputaciones, en Washington por los hechos que condujeron al Capitolio en enero de 2021 ―una acusación que el magnate cree que puede producirse “en cualquier momento”, ha dicho hoy en su red social―, y en Georgia, por intento de pucherazo. Las maniobras dilatorias que constituyen la principal estrategia de su defensa tampoco han dado resultado en el último caso, pues el juez que preside el gran jurado de Georgia que le investiga ha rechazado este lunes el intento del expresidente de recusar a la fiscal que lleva el caso, Fani Willis, para bloquear cualquier acusación derivada de la investigación. Su defensa también intentó recusar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que le investigaba por irregularidades de sus negocios, sin éxito.

La investigación de Georgia, sobre los intentos del republicano de anular los resultados de 2020 en ese Estado, en el que Joe Biden ganó por un estrecho margen de votos, concluirá en las próximas semanas, cuando se espera la presentación de cargos. La defensa de Trump tampoco ha logrado que el juez anule el informe del gran jurado especial con recomendaciones sobre la acusación. El documento sigue sellado a la espera de conocer las conclusiones, algo que la fiscal recusada por los abogados de Trump pedirá al gran jurado antes del 1 de septiembre, mientras la mayoría de su equipo trabaja en remoto por motivos de seguridad y la policía ya ha comenzado a instalar vallas alrededor del tribunal.

Willis es demócrata, un argumento para la habitual victimización del magnate, que acusa a todos los fiscales de caza de brujas política. Este lunes ha reiterado esta queja en mensajes en su red social, Truth Social: “¡INTERFERENCIA ELECTORAL!” (en mayúsculas) o “doy por hecho que en cualquier momento saldrá a la luz una acusación del desquiciado Jack Smith y de su banda muy partidista de matones sobre mi discurso PACÍFICO Y PATRIÓTICO”, ha dicho con respecto a la inminente imputación en Washington.

En el caso de Georgia, la principal prueba es la grabación de la llamada que Trump hizo el 2 de enero de 2021 al secretario de Estado, el también republicano Brad Raffensperger, para pedirle que encontrara los votos suficientes para dar la vuelta al resultado electoral. “Solo quiero encontrar 11.780 votos”, uno más que los cosechados por Biden en ese Estado, se oye pedir a Trump en el audio. El aún presidente en funciones ―Biden tomó posesión el 20 de enero― reprendió a Raffensperger, trató de adularlo, le suplicó que actuara y lo amenazó con vagas consecuencias penales si el secretario de Estado se negaba a actuar. Este rechazó la petición de Trump y le explicó que se basaba en teorías conspiratorias desmentidas. Raffensperger dejó claro al magnate que la victoria de Biden en Georgia por un margen de 11.779 votos había sido justa. “Los datos que usted maneja son incorrectos”, replicó el alto funcionario a Trump.

En la investigación de Georgia, uno de los Estados bisagra que resultan determinantes en el resultado electoral nacional, hay más personajes implicados, a la cabeza Rudy Giuliani, exabogado personal de Trump. El que fuera alcalde de Nueva York arrojó la semana pasada una piedra más en el camino del candidato republicano a la reelección al confesar que mintió en sus manejos para conseguir a su jefe los votos que quería. Giuliani, investigado en la causa, admitió haber hecho declaraciones falsas sobre dos funcionarios que le acusan de difamarlos al afirmar en su día que las elecciones de 2020 estuvieron marcadas por el fraude en ese Estado.

Georgia se ha convertido en otra piedra en el zapato de Trump, pese a las zancadas que da hacia la Casa Blanca, a juzgar por su amplio apoyo entre la base de votantes republicanos, según la última encuesta, la habitualmente fiable proyección de la Universidad de Siena para The New York Times. Aun imputado, ninguna ley le impide presentarse a las elecciones o incluso ser reelegido presidente. Pero sus deseos ya no son órdenes: en las elecciones de medio mandato celebradas en noviembre, el magnate quiso tomarse la revancha en Georgia por el mal trago de 2020, pero el republicano Brian Kemp, que también se opuso a sus argucias, revalidó su puesto como gobernador.

Lectura de cargos al mánager de Mar-a-Lago

En uno de los dos procesos penales que tiene por delante, el de los papeles de Mar-a-Lago, que el pasado jueves pasado añadió tres nuevos cargos contra Trump, ha comparecido este lunes en Miami el tercer acusado, Carlos de Oliveira, mánager del complejo. El expresidente le dio supuestamente órdenes de borrar el contenido del servidor que almacena temporalmente las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la mansión para obstruir la investigación del FBI. De Oliveira, de cuyos gastos legales se ocupa Trump —también de los de su asistente Walt Nauta, el otro acusado en el caso―, asistió a la lectura de los cargos en Mar-a-Lago y fue citado para el 10 de agosto en Fort Pierce, a 200 kilómetros al norte de Miami, donde la jueza Aileen Cannon, nombrada por Trump, dirige la causa. De Oliveira quedó en libertad bajo fianza de 100.000 dólares.

El empleado, que el año pasado fue ascendido a mánager del complejo de Mar-a-Lago, supuestamente pidió a un cuarto trabajador no identificado que borrara imágenes reclamadas por los investigadores tras recibir Trump una citación del Departamento de Justicia. Está imputado por obstrucción de la justicia, “alterar, destruir, mutilar u ocultar” grabaciones y pruebas, hacerlo “de forma corrupta” y por declaraciones falsas. Trump y Nauta se declararon “no culpables” de los 37 cargos iniciales, y se supone que deberán hacerlo también de los tres añadidos el pasado jueves. Entre ellos, destaca el de retener 31 documentos clasificados con información de defensa nacional. El juicio está previsto que comience el próximo 20 de mayo.

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