Trump afronta una campaña de primarias salpicada de citas judiciales

Hasta el primer martes de noviembre de 2024, cuando espera ser reelegido presidente de EE UU, Donald Trump tiene por delante un calendario con fechas marcadas doblemente en rojo. Por un lado, las de los tres juicios civiles y dos penales, que podrían ser más si se confirma una nueva imputación en Washington por injerencia electoral en 2020 y 2021, incluido el asalto al Capitolio, y un probable anuncio de cargos en Georgia, también por intentar revertir el resultado electoral. Por otro, están las principales citas de las primarias, en las que según las encuestas saca una amplia ventaja a sus rivales republicanos, superando el 50% de apoyos en muchas de ellas.

Entre unas fechas y otras, un zigzag inquietante dibuja la hoja de ruta del primer mandatario imputado en la historia de EE UU, con derivadas y giros de guion propios de Hollywood. El último se produjo el jueves, cuando a Trump se le imputaron tres nuevos cargos en el caso de los papeles de Mar-a-Lago, por intentar destruir imágenes de las cámaras de videovigilancia de su mansión y por obstrucción a la justicia. Además de Trump y su ayudante Walt Nauta, que ya se habían declarado inocentes, la causa incorporó un tercer acusado, Carlos de Oliveira, el mánager de Mar-a-Lago, por presuntamente ejecutar la orden de destruir el material. De Oliveira, que entró a trabajar como mayordomo hace dos décadas y en 2022 fue ascendido a directivo, comparecerá este lunes en Florida para la lectura de los cargos. Un cuarto empleado, al que el mánager habría encomendado el encargo, aparece también en la nueva acusación.

Si las fechas de inicio de los juicios penales se mantienen ―el 25 de marzo por el caso Stormy Daniels, el pago de dinero negro para acallar una relación extramatrimonial, y el 20 de mayo, por los papeles de Mar-a-Lago, por retener información confidencial―, Trump podría asegurarse la nominación presidencial del Partido Republicano antes de que los votantes sepan si ha sido condenado por alguno de los cargos (37 en el primer caso y 40, tras la adición de los tres últimos, en el segundo). Pero su viacrucis penal puede enmarañarse más si el fiscal especial Jack Smith le imputa, en cualquier momento, por su injerencia electoral en 2020, que condujo al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, y si la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, anuncia el 1 de septiembre, o puede que antes, cargos contra él por el presunto intento de pucherazo en Georgia.

A la espera de los movimientos de Smith y Willis, el primer juicio penal de Trump ―por la falsificación de registros mercantiles para ocultar el pago de dinero a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio― está programado para el 25 de marzo de 2024, menos de tres semanas después del Supermartes, cuando votarán en las primarias más de una docena de Estados.

En Florida, la jueza Aileen Cannon, que fue nombrada por él y goza de sus simpatías ―así lo explicitó, sembrando dudas sobre el proceso―, fijó la fecha del inicio del segundo juicio penal, por los papeles de Mar-a-Lago, para el 20 de mayo de 2024, cuando la mayoría de las primarias habrán terminado y se encare la recta final de la campaña.

Hasta la jornada electoral de 2024, Trump también se enfrenta a tres juicios civiles, el primero de ellos previsto para el próximo 2 de octubre, por presunto fraude civil, un caso que instruye la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y en el que están acusados el magnate, la Organización Trump y sus hijos mayores.

El 15 de enero de 2024, el mismo día de los caucus de Iowa ―el pistoletazo de salida de las primarias―, Trump será juzgado por difamar, de nuevo, a la escritora E. Jean Carroll, que ha pedido una compensación mayor, de diez millones de dólares (algo más de nueve millones de euros), tras ser descalificada de nuevo por el magnate en la CNN un día después de conocerse su condena a cinco millones de dólares por abusar sexualmente de ella en los años noventa y por difamarla en 2019, cuando estaba en la Casa Blanca.

Dos semanas más tarde, el 29 de enero, el republicano se enfrenta a un juicio por una demanda colectiva federal que le acusa a él y a su organización de promover una estafa piramidal, con promesas de enriquecimiento rápido para captar clientes mientras recibía “grandes pagos secretos” de las empresas que estaba promocionando. Su emporio, la Organización Trump, ya ha sido condenado a una multa millonaria por fraude fiscal.

Maniobras dilatorias de la defensa

La defensa de Trump, en la que ha gastado 43 millones de dólares en lo que va de año, mantiene que no puede tener un juicio ―o juicios― justo antes de las elecciones, y ha optado por una estrategia dilatoria. En el caso Stormy Daniels, intentó, sin éxito, el traslado de la causa del tribunal estatal que le imputó a un tribunal federal, que considera más favorable a sus intereses, pero un juez falló el 19 de julio contra el cambio de jurisdicción. En Florida, en cambio, logró que la jueza Cannon retrasara el juicio hasta la primavera, ya que los fiscales querían empezar en diciembre. En Nueva York, ha demandado por difamación a Carroll, sin éxito, e intentado torpedear la investigación de la fiscal James, recurriendo incluso a una denuncia contra ella. La estrategia de dilación no tendría otro objetivo que ganar tiempo para llegar a la presidencia, lo que le daría la oportunidad de instalar a funcionarios del Departamento de Justicia afines o incluso intentar indultarse a sí mismo si es condenado por alguna de las causas. Ni la acusación en sí ni una condena impedirían a Trump presentarse o ganar las elecciones en 2024.

Ajeno al desaliento, Trump sigue convirtiendo cada revés judicial en un golpe de efecto jaleado por sus estruendosas mayúsculas en los mensajes que publica en Truth Social, que acusan a la Administración de Joe Biden de perseguirle por motivaciones políticas. Pero también dedica invectivas a sus contrincantes republicanos en las primarias del partido. En un multitudinario acto del partido, celebrado el viernes en Des Moines (Iowa), los 12 contrincantes presentes, incluido el segundo en la carrera, Ron DeSantis, evitaron criticarle, un gesto al que Trump no correspondió. Al contrario, arremetió contra ellos, sobre todo contra el gobernador de Florida. “Yo no me la jugaría por ese”, bromeó el expresidente tras citar encuestas que sugieren que derrotaría fácilmente a Joe Biden, mientras que DeSantis perdería contra el demócrata. El formato del acto, la llamada Cena Lincoln, daba 10 minutos de discurso a cada aspirante. Hubieron de pasar dos horas antes de que Trump hablara, pero en solo tres minutos destrozó a DeSantis, llamándole “globalista del establishment” y “DeSanctis”, abreviatura del apodo DeSanctimonious (de sanctimonious, beato o meapilas en inglés).

El sábado, en un mitin en Erie (Pensilvania), uno de los Estados que le beneficiaron en 2016, volvió a criticar a DeSantis (”está casi acabado”) y se burló de “los ridículos cargos” en su contra advirtiendo de que con ellos los fiscales “han abierto la caja de Pandora”. “Los radicales demócratas lunáticos me impugnan, me acusan, amañan nuestras elecciones (...). Cuando ganemos las elecciones, nombraré un verdadero fiscal especial para mostrar la monumental corrupción de la familia del crimen Biden”, reiteró. El candidato amenazó a los republicanos que no le ayuden a vengarse, calificándolos de mansos, y les instó a emprender investigaciones contra los demócratas si no quieren arriesgarse a perder sus escaños. La idea de un impeachment contra Biden ha cobrado fuerza esta última semana entre los republicanos del Congreso.

El republicano ha hecho de su desafío legal una pieza central de su campaña, estrategia que probablemente se intensificará si es elegido candidato republicano en las primarias. Como demostró su imputación en abril por el caso Stormy Daniels, los cargos penales han sido un impulso para su recaudación de fondos. La campaña anunció que había recaudado más de cuatro millones de dólares en las 24 horas posteriores a que se hiciera pública esa acusación, pulverizando su récord anterior, tras el registro del FBI en el club Mar-a-Lago, hace ahora un año. Las dudas sobre la edad de Biden (tiene 80, Trump 77) y la existencia de candidatos demócratas como Robert Kennedy Jr., que está restando apoyos al presidente, también juegan a su favor.

No obstante, la gravedad del caso de Mar-a-Lago marca una diferencia con el resto de causas de índole política (injerencia electoral y asalto al Capitolio y Georgia) por tratarse de posesión de documentos clasificados, una violación, entre otras, de la denominada Ley de Espionaje. Los fiscales acusan al expresidente de intentar “alterar, destruir, mutilar u ocultar pruebas” y de inducir a otra persona a hacerlo para obstruir la investigación federal sobre su posesión de documentos clasificados. El tercer cargo que se le añadió el jueves fue el de retener deliberadamente información de defensa nacional relacionada con los planes de actividad militar en otro país. Se trata de un plan de ataque, presumiblemente a Irán, que Trump mostró en julio de 2021 a dos invitados a su complejo de golf de Bedminster (Nueva Jersey). Repitió la broma ―hay un audio del republicano haciendo chanzas sobre el contenido― con un miembro de su equipo; ninguna de esas personas tenía autorización del Departamento de Estado para verlo. Los cargos principales implican una pena de hasta 20 años de prisión.

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