Una activista de 84 años trepa a la azotea de la Casa de los Derechos Humanos de Bolivia para recuperarla
“Voy a morir aquí, no me moveré”, advierte Amparo Carvajal desde la terraza de la entidad, donde vive hace tres días sin acceso a sanitarios y con signos de deshidratación. La disputa por la titularidad tiene tintes políticos
La hispano boliviana Amparo Carvajal, histórica defensora de los derechos humanos en Bolivia, lleva más de 40 días de vigilia ante la Casa de los Derechos Humanos de La Paz, que fuera su oficina durante varias décadas, para exigir que se la devuelvan. Los tres últimos días, la mujer de 84 años está viviendo en la terraza de la casa, a la que trepó por una escalera. Duerme en una carpa, carece de acceso a sanitarios y presenta un cuadro de deshidratación. No puede entrar a la oficina porque esta se encuentra ocupada por otro grupo de activistas de derechos humanos que no reconoce el liderazgo de Carvajal. Esta declaró a la prensa: “voy a morir aquí. No me moveré”.
El lugar está rodeado de policías y por los adherentes de la veterana luchadora, entre ellos varios diputados de oposición. El Gobierno lo consideró “un problema entre privados”, pero tiene claras connotaciones políticas. Carvajal recibió el apoyo de la iglesia católica, organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de periodistas y otras instituciones. También de varios líderes de la oposición, que denunciaron que el desconocimiento de la directiva de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) que lidera la ex religiosa busca silenciar las críticas de esta ong al Gobierno, ya que la otra directiva que disputa la entidad, encabezada por Edgar Salazar, supuestamente es cercana al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Por su parte, Salazar afirma que tan solo se opone a la “presidenta vitalicia” de Carvajal en la APDHB y asegura que esta fue destituida por un congreso institucional en diciembre de 2021. Desde este sector, se critica a Carvajal porque supuestamente sigue una agenda opositora y no defendió a las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, sucedidas bajo el Gobierno de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019.
Carvajal nació en 1939 en Riaño (León, España) en una familia muy católica que tenía 14 hijos. Llegó a Bolivia en 1971 como monja mercedaria de Bérritz. En 1980, cuando la orden dejó el país, decidió abandonarla para poder quedarse. Antes había apoyado al sacerdote Gregorio Iriarte en la fundación de la APDHB, que sustituyó a la Comisión Episcopal de Justicia y Paz, dependiente de la iglesia católica, tras su desmantelamiento por la dictadura del general Hugo Banzer.
La nueva organización, ecuménica, cumplió un papel de primera importancia en la denuncia de la represión de las dictaduras militares y sus dirigentes tuvieron que exiliarse más de una vez. La APDHB impulsó luchas como la huelga de hambre que arrancó a Banzer la amnistía general e irrestricta de los presos políticos en 1978. Durante la democracia, fue un importante centro de protesta contra las políticas neoliberales, lo que ocasionó resquebrajamientos internos que terminarían, ya durante los gobiernos del MAS, en su división por razones políticas. Esta se hizo completamente abierta después de la crisis que causó la caída de Evo Morales en 2019.
Carvajal es considerada una heroína por las plataformas ciudadanas que lucharon contra la tercera reelección de Morales a la presidencia. Uno de estos grupos hizo una campaña para postularla como candidata al premio Nobel de La Paz. Carvajal estuvo muy presente en las protestas contra el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Añez, acusada de haber conspirado para derrocar a Morales. Simultáneamente, se convirtió en una figura rechazada por el oficialismo, que considera que perdió su antiguo compromiso con las causas progresistas y hoy es “usada por la derecha”.
Los dos grupos que aspiran a quedarse con la APDHB han apelado a los tribunales. La facción de Salazar ha contado con resguardo policial desde que ocupó la oficina, considerada un símbolo de los derechos humanos en el país, el 2 de junio. Carvajal ganó una “acción de libertad” que obliga al grupo rival a dejar de amedrentarla. Los jueces no han querido responder, por falta de elementos concluyentes, a la pregunta más importante: quién tiene la titularidad de la institución. Sin esperar a que eso finalmente ocurra, Carvajal está librando su enésima lucha por lograr justicia tal como ella la entiende.
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