El ‘boicot’ de la zanahoria: detenidos dos agricultores por protestar contra la escasez de gasolina en Venezuela

Una serie de videos de zanahorias, tomates y cambures se ha hecho viral en Venezuela. Han desencadenado detenciones por parte de la policía y álgidas intervenciones en la Asamblea Nacional, donde hace unos días la diputada chavista Iris Varela justificó la actuación de las autoridades. “Bien detenidos están”, espetó al micrófono ante los parlamentarios. Se refería a dos agricultores de los Andes venezolanos, Ysnet Rodríguez y Jhonar Barazarte, quienes en forma de protesta, o por mera resignación, se grabaron desechando sus cosechas a punto de descomponerse sin haber llegado a los mercados. ¿La razón? La agudización de la escasez de combustible que no solo arrebata horas a los venezolanos en las filas en las gasolineras, sino que también paraliza el campo.

Llevar un tomate a un supermercado es una proeza en Venezuela. El episodio de los agricultores revela las dimensiones de la crisis del país sudamericano. Pero la arremetida judicial de la Fiscalía aliada del Gobierno contra los agricultores, exhibidos en sus fotografías de la reseña policial, ha puesto en evidencia que los años más duros de los controles sobre la economía que llevaron a la peor época de desabastecimiento no han terminado. La medida ha encendido las alarmas de defensores de derechos humanos y gremios que han señalado que la persecución de la justicia debe ir contra los responsables de la escasez de gasolina. La ONG Espacio Público ha alertado sobre violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la protesta en estos casos. Tras la presión pública, ambos fueron liberados luego de su comparecencia en tribunales.

El fiscal Tarek William Saab acusó a los agricultores del delito de boicot, contemplado en la Ley de Precios Justos, un instrumento con el que unilateralmente el Gobierno ha bajado precios y cerrados locales. Esta falta está tipificada para quienes “conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios”. Se sanciona con 12 a 15 años de prisión.

Los 17 estados de Venezuela que viven de la actividad agrícola están afectados por la escasez de combustible de la que solo se salva Caracas, la capital, en donde los despachos son regulares. Los gremios agropecuarios han pedido reunirse con William Saab para explicarles las condiciones de su trabajo y también algo de biología. “Los ciclos de los vegetales no esperan y, sobre todo, la producción hortícola es perecedera, se pudre y se daña si no la logran vender porque no pueden sacarla por gasolina”, dice a EL PAÍS Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, la organización que agrupa a los agricultores del país. “De 25.000 productores hortícolas vemos apenas 3 o 4 que han hecho estos videos por frustración y rabia, pero representan el sentir de todos. Esto no puede ser considerado un delito”.

Entre todos los sectores económicos golpeados por la brutal crisis de los últimos años, el campo es uno de los que luce más desolado. La agricultura es un oficio de incertidumbres y espera, pero en Venezuela poner una semilla en la tierra es lanzarse a un vacío sin acceso a créditos, con la migración que ha dejado sin mano de obra, el alto costo de los insumos, los bajísimos precios de los alimentos por la sobreoferta que ha traído el contrabando desde países vecinos, los caprichos climáticos y la enorme cadena de obstáculos que hay desde que se llena un guacal de tomates en una finca hasta que llega a una bolsa de mercado. “Cómo es posible que de La Grita [un pueblo de los Andes emblemático productor de hortalizas] hasta Caracas haya 50 alcabalas”, se pregunta indignado Fantinel. En esas alcabalas o puestos de control policial se va dejando mercancía para que los policías los dejen continuar. Un sistema de extorsión que el Gobierno reconoce y ha intentado controlar, pero que se sigue denunciando.

A esto se suma la baja capacidad de compra del venezolano que ha sacrificado su ingesta diaria. Los comerciantes han reportado en este duro 2023 una importante caída de las ventas, un nuevo frenazo económico tras la ligera recuperación experimentada en 2022. “En el campo estamos produciendo lo que se producía hace 30 o 40 años, cuando éramos un país con menos de la mitad de habitantes de ahora”, dice Fantinel.

Menos gasolina

Lo de la gasolina parece ser una enfermedad crónica. El país pasó de refinar 1,3 millones de barriles diarios a funcionar al 10% de su capacidad real con unos 135.000 barriles diarios; una caída que comenzó en 2013, mucho antes que las sanciones internacionales con las que el chavismo ha justificado el descalabro. Esta producción no alcanza para cubrir la demanda interna y, además, los compromisos que tiene Venezuela con Cuba.

Las últimas semanas los altibajos en la industria petrolera, que opera con parches y remiendos después de años de mala gestión, han agudizado el desabastecimiento. El presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, ha negado las fallas en la distribución de combustible y ha asegurado que hay normalidad. Ha dicho que las denuncias “solo buscan generar estrés”.

En 2020, Venezuela se confinó por la pandemia y también por la escasez de combustible. La paralización abrió el camino para que el Gobierno finalmente ajustara el precio de la gasolina, subsidiada por más de dos décadas, y anunciara acuerdos con Irán para la recuperación de PDVSA. Tres años después, ni los ingresos por la venta del combustible —que pasó de prácticamente nada a 50 centavos de dólar el litro— ni las relaciones diplomáticas han redundado en mejoras. Tampoco las licencias que ha dado Estados Unidos a algunas petroleras extranjeras como Chevron para operar en el país en medio de las sanciones y así saldar las deudas que acumulan. En cambio, un deslave de corrupción en torno a la petrolera ha sido reconocido por el chavismo en los últimos meses y ya suma un desfalco de 20.000 millones de dólares.

“No existe caso alguno ni ejemplo en el mundo de una empresa que fue ejemplar haya pasado a ocupar un lugar vergonzoso en el mercado de los hidrocarburos”, dice el economista y experto petrolero Rafael Quiroz Serrano. “Está en el suelo, casi totalmente inoperativa y eso se refleja en la caída de los dos números más referenciales para el país, que son la producción y la refinación, lo que compromete a toda la actividad económica del país”.

En el Estado de Mérida, donde arrestaron a uno de los agricultores que no pudo sacar su cosecha por falta de gasolina, hace unas semanas el gobernador repartió en una especie de sorteo con un biombo de bingo las gasolineras para regular el surtido según el número de matrícula del vehículo. El pico y placa —que en Venezuela no se usa con fines de regular el tránsito, sino la entrada a las gasolineras— se mantiene en varios estados y en algunos otros se ha reactivado estos días bajo supervisión militar, también las pernoctas de un día para otro para cargas combustible, y otros métodos de supervivencia surgidos en el intento de los venezolanos por administrar la escasez.

El Gobierno de Maduro aún tiene una cuenta pendiente con la reconstrucción de la industria que sigue siendo su principal fuente de ingresos. Mientras eso sucede, en Venezuela, donde en un tiempo fue noticia que tenía la gasolina más barata del mundo y casi que se podía regalar, las filas por combustible parecen haber llegado para quedarse.

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