El régimen de Nicaragua extiende las confiscaciones por primera vez a un gran empresario

La policía a las órdenes del régimen nicaragüense irrumpió este viernes en el lujoso complejo Viejo Santo Domingo, en Managua, con una orden: el inmueble habitacional y de oficinas pasó a ser “propiedad del Estado de Nicaragua”. Los oficinistas se alarmaron al ver las patrullas policiales y poco después supieron que era el inicio de la confiscación de bienes del empresario Piero Coen Ubilla, gerente del grupo Coen, uno de los principales del país, que opera la filial local de la compañía de envío de remesas Western Union, así como otros negocios en la agroindustria, ganadería y bienes raíces, entre ellos el edificio expropiado, en el que posee acciones. Esta es la primera expropiación a un gran empresario por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los agentes también irrumpieron en su vivienda, en la capital nicaragüense. En un comunicado, publicado horas después de los allanamientos, Coen Ubilla confirmó que oficiales de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) tomaron diferentes propiedades inscritas a su nombre y las de su esposa, Jaffa Coen, ciudadana estadounidense. El empresario negó estar inmerso en algún proceso legal o haber sido notificado sobre la confiscación de sus propiedades.

Sin embargo, mientras los allanamientos se ejecutaban, se conoció un caso judicial contra de Coen en el que el Estado figura como “víctima/ofendido”. La acusación, fechada el pasado 27 de marzo, se presentó este jueves, 22 de junio. Un proceso judicial elaborado en secreto. El legajo judicial sigue la lógica usada contra otros opositores que han sufrido expropiaciones y fueron despojados de su nacionalidad: el delito de “traición a la patria”.

“Les puedo asegurar que no existe ningún delito del cual se me pueda acusar, mucho menos, alguno que atente contra mi país o la sociedad nicaragüense”, dijo Coen en el comunicado. “Desde que asumí el cargo de presidente y CEO de Grupo Coen hace más de 15 años, me he dedicado a trabajar arduamente para generar empleos en Nicaragua, impulsando alianzas y negocios que han aportado desarrollo y bienestar en todos los países donde operamos, especialmente en mi querida patria, Nicaragua”.

Un propagandista lo había advertido

La confiscación de Coen es la primera registrada contra un gran empresario en Nicaragua aunque el régimen Ortega-Murillo ya ha convertido en política de Estado las confiscaciones. Por ejemplo, 322 nicaragüenses, despojados de su nacionalidad y desterrados, han sido privados de sus bienes materiales y tienen sus cuentas bancarias congeladas. Una tónica que revive el nefasto fantasma de las expropiaciones en Nicaragua durante los años ochenta.

Semanas antes de que Coen fuese confiscado, el vocero del régimen, William Grigsby, dijo en su programa de radio que los grandes empresarios son “somocistas”, “ladrones”, “traidores” y “cobardes”. Hasta 2018, cuando unas masivas protestas sociales arrinconaron a los Ortega-Murillo, el Gobierno tenía una relación muy íntima con el sector privado, llamada de “diálogo y consenso” e inscrita hasta constitucionalmente. No obstante, ante la brutal violencia policial y paramilitar ejecutada contra los nicaragüenses, los empresarios rompieron el idilio corporativista y empezaron a ser acosados.

Coen fue uno de los empresarios más visibles en las protestas de abril de 2018: asistía a las masivas marchas pacíficas contra el Gobierno con una bandera azul y blanco para alentar a los jóvenes manifestantes. No en vano el primero en ser objeto de los ataques de Grigsby (una especie de heraldo de la represión Ortega-Murillo, ya que durante la cacería de opositores de 2021 anunciaba los próximos objetivos del régimen) fue Coen.

El propagandista también amenazó directamente a los empresarios Carlos Pellas, dueño del Grupo Pellas; Ramiro Ortiz Mayorga, del grupo Promerica; Roberto Zamora Llanes, presidente del banco Lafise; José Antonio Baltodano, dueño de Café Soluble y Juan Bautista Sacasa Gómez, presidente del Banco de Finanzas. “Financiaron compra de armas, sostenimiento de los tranques (barricadas), campaña de desinformación y de calumnias”, acusó Grigsby.

Empresarios en el exilio y políticos excarcelados alertaron de que la confiscación a Coen abre una nueva etapa represiva que apunta a los grandes empresarios. “Este despojo es una clarísima señal negativa para la economía de este país”, dijo Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial y por años un funcionario cercano al sector privado. “Los inversionistas, seguramente, están viendo esto con una enorme preocupación, y eso traerá una disminución de la mermada inversión extranjera. No descarto confiscaciones a las empresas también. Es probable que haya intereses económicos detrás de quedarse con empresas, además de los bienes inmuebles”, lamentó.

Las tomas de propiedades privadas iniciaron después de la rebelión 2018, cuando cientos de precaristas enviados por oficialismo tomaron hasta 9.800 manzanas de tierras en ocho departamentos, según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic). El 91% de aquellas tierras pertenecía al sector agropecuario. Coen fue uno de los afectados; los tomatierras se tomaron unas 1.500 manzanas que pertenecían al Grupo Coen. En una de ellas, le quemaron un lote de 25 hectáreas para dañar la cosecha.

Una fuente del sector privado advirtió de que estas confiscaciones de facto y ataques contra los grandes empresarios harán mella directa en la seguridad jurídica para desarrollar negocios en Nicaragua. “No hay ningún empresario que tenga seguridad de que no sea confiscado”, dijo, y recordó el afán del régimen Ortega-Murillo contra el sector privado. El pasado marzo, el Gobierno canceló la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y las 18 cámaras empresariales que lo integraban.

Félix Maradiaga, excandidato presidencial en el destierro, dijo que la propiedad privada es una de las columnas fundamentales para el desarrollo socioeconómico de Nicaragua, un país donde el sector privado es el principal empleador. “Al atacar la propiedad privada de los empresarios que generan empleo, se disminuye la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros para invertir. Los más afectados son los más pobres, que necesitan empleo digno y de calidad. El desaliento a la inversión es una de las principales razones del aumento de la pobreza”, sostuvo Maradiaga.

Mientras tanto, las amenazas del propagandista Grigsby persisten: “Los magnates se salvaron, aunque encarcelaron a sus empleados, José Adán Aguerri, expresidente del Cosep, y Luis Rivas, exgerente de Banpro (...) No escarmientan, después dicen que uno es el malo. Les perdonaron la vida, porque había suficiente documentación y pruebas de lo que ellos hicieron en la fase militar del golpe (…) En esa peinada que hizo el presidente Ortega de los principales cabecillas de la fase armada, del golpe somocista, los dejó indemnes”.

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