El régimen de Daniel Ortega inicia la confiscación de casas de los opositores despojados de su nacionalidad

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha iniciado la noche de este viernes las primeras confiscaciones de los bienes inmuebles de los 94 opositores a quienes despojó de su nacionalidad este 15 de febrero, y a quienes declaró “traidores a la patria”. La primera propiedad ocupada ha sido la de la periodista y feminista Sofía Montenegro, un pequeño apartamento ubicado en Reparto San Juan, en la capital Managua. El condominio se llama Amazonia.

De acuerdo con las fuentes policiales consultadas por EL PAÍS, funcionarios de la Intendencia de la Propiedad junto a oficiales ocuparon el inmueble de la reconocida intelectual. Pero no se limitaron a eso. A pesar de que Montenegro fue la única acusada de ese conjunto de viviendas, las autoridades sandinistas les informaron a los vecinos del condominio de que sus viviendas también quedaban confiscadas. Todos los departamentos fueron declarados propiedad del Estado y les notificaron a los dueños que si quieren seguir viviendo en ellos deben pagar un canon de arrendamiento de 500 dólares al Estado.

También han sido tomadas otras propiedades este viernes. Los funcionarios de la Intendencia de la Propiedad han llegado a ejecutar las confiscaciones acompañados de policías, así como con personas del Catastro, quienes identifican cada vivienda privada. “En algunos lugares andan con topógrafos haciendo mediciones”, relató a EL PAÍS una fuente de la alcaldía de Managua.

La opositora Irlanda Jérez, a la que el régimen de Ortega-Murillo también arrebató su nacionalidad, denunció este viernes que la Policía le confiscó una propiedad ubicada en el barrio Los Ángeles, en Managua. “Es un edificio de dos pisos, propiedad que antes de los años ochenta pertenecía a mi papá y posteriormente pasó a mis manos cuando lo compramos, hace más de 20 años”, señaló la expresa política.

EL PAÍS está al tanto de otras confiscaciones en curso , aunque los exiliados desnaturalizados prefieren no hacer comentarios para “proteger a sus familiares” que habitan los inmuebles en Nicaragua. La jornada confiscatoria recuerda La Piñata, el caso de corrupción y apropiación de bienes públicos y privados por parte de los dirigentes sandinistas antes de abandonar el poder en 1990.

El 15 de febrero, en una extensión de la medida impuesta contra los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos, el régimen ordenó quitar la nacionalidad a 94 nicaragüenses. Estas personas pierden sus derechos como nacionales, además de ser declaradas como prófugos de la justicia, y se ordenó el decomiso de sus bienes. En la lista emitida por la justicia nicaragüense figuran periodistas, exdiplomáticos, activistas, defensores de los derechos humanos, exdiputados, exguerrilleros, líderes religiosos, así como destacados escritores como Sergio Ramírez Mercado y Gioconda Belli.

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