Desde Nicolás Maduro a todo el chavismo en el poder han calificado de traición una nueva licencia de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro. La medida acerca a los acreedores de la enorme deuda externa venezolana la posibilidad de cobrar con el remate de las acciones de Citgo, la refinería de PDVSA basada en Estados Unidos, el activo de más valor que tiene Venezuela en el exterior. El mandatario venezolano ha dicho que se trata de “una bofetada” a la reunión que el presidente colombiano, Gustavo Petro, organizó en Bogotá con otros países para hablar de la crisis del país. Este paso judicial, sin embargo, viene de un largo camino que empezó con Hugo Chávez, que durante los años de mayor bonanza petrolera realizó más de 5.500 expropiaciones de empresas y bienes y contrajo una pesada deuda que pesa ahora y pesará en el futuro.

Esta semana, la OFAC dijo que no actuará “contra ninguna persona por tomar medidas para preservar la capacidad de hacer cumplir los derechos de los tenedores de bonos sobre las acciones de Citgo que sirven como garantía”, una medida que allana la subasta de acciones de la petrolera para el pago de deuda y podría ser un primer paso para resolver el enorme problema de la deuda externa venezolana que no para de crecer. La cancillería venezolana respondió, a través de un comunicado, que esta “acción rapaz y criminal” tiene el objetivo de causar daños a los ciudadanos. “No se atrevió Donald Trump, para que lo vendiera cómo y cuándo les diera la gana, y este Gobierno se ha atrevido», añadió Maduro esta semana. El chavismo, en una vuelta de la historia, lo ha calificado de “expropiación”.

El Departamento de Justicia ya había dicho que no “bloquearía la subasta forzosa de las acciones de Citgo”, en una respuesta al juicio por la demanda de la canadiense Cristallex, que en 2008 fue despojada por el Gobierno chavista de la mina de Las Cristinas, en el sur del país. Esta compañía ganó una demanda ante el Centro de Arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) que le permite cobrar a Venezuela 1.400 millones de dólares, de los cuales Maduro ya pagó 400 millones de dólares. Pero para cobrar el resto, Cristallex introdujo una demanda en la Corte de Delaware que en 2018 decidió que PDVSA y el Gobierno venezolano son una misma entidad, por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de la filial de PDVSA.

Esta posibilidad estuvo bloqueada durante los últimos años por la política exterior de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, que desconoció la legitimidad de Maduro, reelecto en 2018 en unas elecciones consideradas fraudulentas, y estableció medidas de protección de los activos de Venezuela que impedían los embargos sin licencias de la OFAC. Con Joe Biden la política ha dado un viraje, pues en el terreno venezolano las cosas también han cambiado.

El fin del Gobierno interino de Juan Guaidó, que figuraba como única autoridad legítima para Estados Unidos, ha obligado a Washington a revisar sus medidas sobre los activos. En la Licencia 42 emitida esta semana se actualizan los actores y se autoriza a la Asamblea electa en 2015, de la que emergió Guaidó y que continúa sesiones desde el exilio con un reducido grupo de parlamentarios que se reúne por Zoom, a renegociar la deuda con los acreedores, aunque para la celebración de acuerdos se requerirán licencias específicas. También han dejado por escrito que ni el Gobierno de Maduro ni la Asamblea electa en 2021, de mayoría chavista, tienen vela en este entierro.

La posibilidad de la Asamblea de 2015, ahora presidida por Dinorah Figuera, de negociar con los acreedores tiene varios desafíos jurídicos que superar, como que la Constitución de Venezuela solo autoriza para estas funciones al presidente de la República. En el pleito en tribunales estadounidenses también se juegan otras cartas. El mismo viernes, cuatro días después de la licencia de la OFAC, se suspendió el remate de Citgo, lo que a su vez abre el compás a nuevos acuerdos que no impliquen que Venezuela pierda este activo.

El paso que ha dado Estados Unidos resuelve de alguna manera el limbo institucional en el que quedó la oposición tras la disolución del interinato en diciembre pasado y que obligó al Gobierno estadounidense, por ejemplo, a “tomar en custodia” las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos que estaban bajo control de los representantes diplomáticos de Guaidó, que han sido removidos con él.

Es este grupo parlamentario electo en 2015, a ojos de Estados Unidos, la última institución elegida democráticamente en Venezuela. Pero en medio del lobby y la presión de los acreedores, la Licencia 42 ha vuelto a tensar las relaciones con Maduro. Washington había restituido hace un año la interlocución con el país petrolero en el contexto del descalabro del mercado energético que desató la guerra de Rusia en Ucrania. Pero este paso ha desatado la retórica anti Estados Unidos de parte del chavismo y estanca aún más los intentos de retomar los diálogos en México entre el chavismo y la oposición.

“El Gobierno de Maduro muy probablemente continuará reacio a regresar a la negociación en México porque no ve claro que el Gobierno estadounidense esté dispuesto a flexibilizar o levantar sanciones”, señala Mariano de Alba, analista sénior de Crisis Group. “Para el Gobierno, lo clave de la reciente licencia es que insiste en darle relevancia a la Asamblea Nacional de 2015, instancia que naturalmente el Gobierno no reconoce. A esto se le suma que mientras transcurre el tiempo, a Maduro se le hace menos atractivo una posible flexibilización de sanciones porque su interés principal, que es tener acceso a mayores ingresos, se hace más improbable que se cristalice antes de las elecciones de 2024″.

En otras palabras, incluso con una flexibilización significativa de sanciones hoy, no está claro que las medidas que EE UU podría adoptar se tradujeran en mayores ingresos antes de las urnas. La conclusión prevaleciente en el Gobierno es que los réditos o beneficios de negociar -que es lo que pidió la reunión de Bogotá- “no son claros”.

El intento de Biden de tender puentes con Maduro se ha estrellado con la imposibilidad de las partes de acordar las concesiones y su cronología. El Gobierno de Maduro considera que el Gobierno estadounidense debe facilitar la constitución del fondo de 3.000 millones de dólares, previsto en el Acuerdo Social firmado en noviembre pasado en México, como punto de partida. Por otro lado, Estados Unidos cree que es Maduro el que debe empezar primero a hacer concesiones político-electorales.

“Es muy probable que la relación continúe fría pero sin que eso signifique un colapso total, porque EE UU, con la herramienta que tiene del régimen de sanciones, también podría estar buscando utilizar esas prerrogativas para mantener cierto acceso al petróleo venezolano. Ya lo está haciendo a través de Chevron, en unas condiciones de competencia que le favorecen en comparación a otras empresas petroleras que no ven sencillo invertir y tener relación con PDVSA y empresas estatales mientras se mantenga el régimen de sanciones y la amenaza de sanciones secundarias”, apunta de Alba.

Una deuda monstruosa

El de Cristallex es, por ahora, el único de los litigios que está cerca de ser cobrado pues se han agotado las apelaciones del Gobierno de Venezuela. Pero no es la única deuda que intenta cobrarse con Citgo, una empresa con casi 5.000 gasolineras en Estados Unidos y valorada en unos 10.000 millones de dólares. La deuda total de Venezuela suma unos 170.000 millones de dólares, más de tres veces el PIB actual.

Se deben unos 30.000 millones por más de 50 arbitrajes internacionales por expropiaciones hechas durante los primeros años de la revolución, de los cuales poco más de la mitad han terminado en condenas de pago para el país, entre los que se incluyen los de Owen Illinois, Conoco Phillips y Exon. Otra parte de la deuda está en lo que Rusia, China y otros proveedores deben, una caja negra difícil de estimar. Pero los compromisos más cuantiosos involucran unos 100.000 millones al momento, los conforman los bonos de deuda y de PDVSA y sus intereses.

En 2016, Maduro puso como garantía para la emisión de unos bonos con vencimiento en 2020 el 50,1% de las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos. Una decisión que se tomó a espaldas de la Asamblea, que entonces le hacía oposición y que cuestionó la legalidad de esa especie de hipoteca de Citgo a través de una demanda en una Corte de Nueva York que aún no se ha definido. El país entró en default un año después y en octubre de este 2023 se vence el plazo de seis años a partir del inicio de la mora en que los inversionistas pueden demandar. La decisión del Tesoro de no intervenir en las medidas que tomen los tenedores de bonos para cobrarse ha puesto a la enorme fila de acreedores en la puerta de Citgo.

“Por convenciones internacionales, los acreedores pueden cobrar por todos lados, con acciones de Citgo, activos, dividendos, cuentas por cobrar e incluso con la confiscación de cargueros de petróleo, como ya pasó hace año y medio”, explica el abogado especialista en arbitrajes Ramón Escovar Alvarado. A esas posibilidades de despojo sistemático de parte de los acreedores se expone el país.

El lobby para reestructurar la deuda comenzará a intensificarse y debería ser un tema a discutir en la mesa de negociaciones de México y más allá. Debería existir un acuerdo entre los Gobiernos, los acreedores y los organismos multilaterales para renegociar la deuda y que el país en bancarrota pueda obtener financiamiento internacional para encarar la recuperación, algo que no puede ocurrir mientras existan las sanciones generales. “La deuda externa es el problema y el reto más grande que tenemos como sociedad y trasciende lo político. No hay manera de que Venezuela sea viable si eso no se resuelve”, dice Escovar. La “monstruosa” deuda heredada del chavismo, según sus cálculos, equivale a que cada venezolano debe al menos 5.000 dólares por las medidas tomadas por el Gobierno.

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