El Constitucional francés avala el aumento a los 64 años de la edad de jubilación en Francia

El Consejo Constitucional francés ha aprobado este viernes los puntos esenciales de la impopular reforma de las pensiones. Aunque ha censurado algunos artículos secundarios, el presidente, Emmanuel Macron, ya puede promulgar la ley que aumentará la edad legal de jubilación de los 62 a los 64 años. El alto tribunal ha rechazado una primera iniciativa para un referéndum que, si al final de un recorrido largo y complejo hubiese tenido éxito, habría anulado la reforma recién aprobada.

La decisión del Consejo Constitucional, equivalente en Francia al Tribunal Constitucional español, supone una victoria para Macron y su reforma tras meses de crisis política y social, y una derrota para quienes llevaban meses oponiéndose, desde los sindicatos a la oposición de izquierdas y de extrema derecha. Pero es una victoria agridulce. El coste social y político ha sido elevado. Y el veto de los sabios —como se conoce a los nueve miembros del Constitucional— a una parte de la ley abrirá un debate sobre si debería renegociarse de nuevo. El tribunal, además, se ha dado hasta el 3 de mayo para examinar una nueva iniciativa para celebrar un referéndum, tras rechazar la primera. Si esta segunda se aprobase, abriría una rendija de esperanza a los opositores de la reforma.

Se recordaban pocas decisiones de tanto calado político y rodeadas de tanta expectación en la institución presidida por el ex primer ministro socialista Laurent Fabius y que cuenta entre sus nueve integrantes con uno de sus sucesores, el conservador Alain Juppé. La sede, en el complejo del Palacio Real, se encontraba protegida por las fuerzas del orden. El Ministerio del Interior había prohibido las concentraciones delante del edificio. Tras el veredicto, se organizaron pequeñas manifestaciones espontáneas en varias ciudades del país. Un grupo incendió la entrada de una comisaría y una iglesia en el centro de Rennes (Bretaña). En París ardieron basuras.

No está claro que la decisión del árbitro constitucional calme los ánimos después de meses de movilizaciones y huelgas, de mociones de censura, de tensión e insultos en el hemiciclo y de un divorcio entre Macron y la ciudadanía que puede lastrar los cuatro años restantes de su segundo y último quinquenio en el palacio del Elíseo. Pero el presidente podrá decir que ha cumplido con su promesa electoral. La madre de todas las reformas —la que debía demostrar que, contra viento y marea, él era el líder capaz de transformar Francia— será una realidad.

“Para salir de la crisis social, la sabiduría impone no promulgar la ley”, dijo Laurent Berger, secretario general del sindicato reformista CFDT, el primero de Francia. Fuentes del Elíseo citadas por medios franceses han dicho que el presidente la promulgará en un plazo de 48 horas. La incógnita ahora es si los sindicatos, que con la reforma de las pensiones se han unido después de más de una década de divisiones, pondrán fin a las manifestaciones y huelgas o las mantendrán. La próxima movilización coincidirá con el Primero de Mayo.

“Aunque la decisión del Consejo Constitucional cierra la secuencia institucional, el destino político de la reforma de las pensiones no está sellado”, declaró Marine Le Pen, líder de la extrema derecha y jefa del primer grupo de oposición en la Asamblea Nacional. “Puesto que el pueblo siempre tiene la última palabra, le corresponderá preparar la alternancia que corregirá esta reforma inútil e injusta”. Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda populista, dijo que la decisión del Constitucional “muestra que está más atento a las necesidades de la monarquía presidencial que a los del pueblo soberano”. Y añadió: “La lucha continúa”.

La decisión del tribunal respondía a los recursos de la oposición de izquierdas y de extrema derecha y a otro de la propia primera ministra, Élisabeth Borne, para asegurarse de la constitucionalidad de la ley. La oposición cuestionaba que se hubiese respetado la “sinceridad y claridad” de los debates parlamentarios. Y acusaba al Gobierno de “una manipulación del procedimiento” al haber usado para la reforma una ley financiera en vez de una ley clásica.

Los sabios han aprobado el uso de una ley financiera para aprobar la reforma. Aceptan el uso del artículo 47.1 de la Constitución, que permitió al Gobierno abreviar los debates. Nada objetan al recurso, por parte de Macron, al polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permite imponer una ley sin pasar por el voto parlamentario. También han avalado al pie de la letra las razones del Gobierno para elevar la edad de jubilación: “Al adoptar las disposiciones contestadas, el legislador ha querido asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones por reparto y, así, garantizar su perennidad. Ha tenido en cuenta, en especial, la prolongación de la esperanza de vida”.

El tribunal ha censurado, total o parcialmente, seis de los 36 artículos de la Ley de Financiación Rectificativa de la Seguridad Social para 2023, el nombre completo de la reforma. La paradoja es que algunos de estos artículos se habían introducido en el texto para darle un barniz más social y varios eran los más aceptables para la oposición. Según los sabios, sin embargo, no encajaban con el formato de una ley financiera, al no tener impacto sobre las cuentas de la seguridad social. Se trata, entre otros artículos, de los que incentivaban a las empresas a contratar a trabajadores de mayor edad. Uno de los problemas de la reforma es que obliga a sus ciudadanos a prolongar la vida laboral mientras las empresas prescinden de los mayores de 60 años. Solo un 35% de los ciudadanos de esta franja de edad están en el mercado laboral en Francia; en Alemania es el 61%, según datos de la OCDE.

La izquierda parlamentaria ha fracasado en el intento de que el Constitucional diese validez a una iniciativa para celebrar un referéndum que habría fijado en los 62 años la edad de jubilación. Los sabios han señalado que, según la Constitución, una consulta de este tipo debe promover obligatoriamente una “reforma”. Y en este caso, literalmente, no era una reforma, pues la edad de jubilación es todavía de 62 años. La izquierda tendrá una nueva oportunidad: el jueves presentó otro recurso en favor del referéndum ligeramente modificado, con un artículo sobre la financiación de la medida que permite alegar —esta vez sí— que se trata de una propuesta de reforma.

El fallo cierra un capítulo en el tortuoso recorrido de la reforma de las pensiones. Borne la presentó el 10 de enero. Siete de cada 10 franceses estaban en contra de la ley, y todavía lo están. El 19 de enero se celebró la primera jornada nacional de huelgas y manifestaciones. Este jueves fue la duodécima. Entre tanto, Francia ha vivido un proceso legislativo con acusaciones de “terrorismo ideológico” contra la izquierda radical y de “autoritarismo” contra Macron. Dirigentes como Berger hablan de “crisis democrática”.

El Consejo Constitucional está compuesto por nueve miembros propuestos, a partes iguales, por los presidentes de la República, del Senado y de la Asamblea Nacional. Su mandato es de nueve años. Seis son hombres y tres mujeres. De los nueve, cinco son expolíticos (dos macronistas, dos conservadores y un socialista). La edad media es de 72 años.

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