El asesinato a sangre fría de Santiago Contoricón y la desprotección de los líderes indígenas en Perú

El sábado pasado, en la quietud de la noche, cinco disparos acabaron con la vida de Santiago Contoricón Antúnez, un líder asháninka de 58 años. El sicario lo mató en presencia de su esposa y sus hijos, en su casa, ubicada en la comunidad de Puerto Ocopa, en la provincia de Satipo, Junín, en la selva central peruana. Contoricón era una autoridad en la zona: fue alcalde del distrito Río Tambo (2003-2006), regidor en la Municipalidad Provincial de Satipo (2007-2010), y consejero regional de Junín (2015-2018). Pero sobre todo era alguien comprometido a defender a su pueblo de la expansión del narcotráfico. En el pasado formó parte la resistencia contra Sendero Luminoso, la organización que instaló el terror en Perú, en las últimas décadas del siglo XX.

Lamentablemente, la muerte de Contoricón no es un caso aislado. De acuerdo con la ONG Global Witness, desde el 2002 hasta la fecha, 60 líderes indígenas y defensores ambientales han sido asesinados en el país. “Estamos solos frente al narcotráfico y el terrorismo. Los sucesivos Gobiernos nos han abandonado y, como consecuencia de ello, las organizaciones criminales vinculadas a las economías ilegales están asesinando impunemente a nuestros dirigentes”, explica el comunicado de la Central Asháninka de Río Tambo (CART). Además, cuentan que el dirigente ultimado era un colaborador muy cercano a la Policía y las Fuerzas Armadas. “En los últimos años hemos incautado varias toneladas de cocaína y se las entregamos a la policía antidrogas. Esa es la razón de este asesinato”, aseguran.

Ello ha sido refrendado por el general de la Policía Colim Sim Galván, quien encabeza las investigaciones. “Es una hipótesis, porque esa es una zona de tráfico ilícito de drogas. El asesinato habría sido en represalia a una última intervención que han tenido en una importante incautación de drogas”, ha dicho. El domingo por la mañana, las autoridades hallaron en una carretera aledaña una moto lineal abandonada, una pistola y una mochila con una ametralladora UZI dentro. Todo indica que eran de los criminales.

Fabián Antúnez, presidente de la CART, ha denunciado públicamente que alertaron al Ejecutivo de los posibles atentados en su contra. Sin embargo, no hubo respuesta. “El 24 de marzo fui a hacer una disposición al ministerio del Interior. Le informamos de nuestra preocupación al ser amenazados por el narcotráfico. Esta muerte pudo haberse evitado si estuviera presente el Estado, dándonos el respaldo a las comunidades nativas. Pero por la dejadez del gobierno ocurrió este hecho”, lamentó.

El colectivo, que le exige explicaciones al Gobierno de Dina Boluarte, ha tomado medidas: desde este martes se ha cortado indefinidamente el tránsito de todo tipo de embarcaciones por el Río Tambo hasta que se capturen a los responsables del asesinato de Contoricón; se ha pedido el retiro de todos los foráneos a la zona, así como el empadronamiento de todos los no asháninkas y, por si fuera poco, se exige el retiro de los oficiales de la Base de la Marina de Guerra, en Puerto Ocopa, “por no cumplir con brindar seguridad y protección a la población y permitir la circulación de naves trasladando cocaína e insumos químicos para el narcotráfico”.

Las últimas pérdidas irreparables de dirigentes indígenas han sido las de Ulises Rumiche, profesor bilingüe, quien fue asesinado con un disparo en la cabeza, en el distrito de Pangoa, en Junín; Erasmo García Grau, de la etnia Cacataibo, quien fue secuestrado y ajusticiado con un disparo de escopeta, en Ucayali; Arbildo Meléndez Grandez, quien fue hallado con un impacto de bala, en medio del bosque, en Huánuco. Lamentablemente no hay avances significativos en las investigaciones, donde está inmerso la coca ilegal, el tráfico de tierras y la tala ilegal.

Si bien desde el 2021 existe un mecanismo intersectorial para el resguardo de los defensores de derechos humanos, en la práctica varios de los ministerios involucrados no han participado activamente de las reuniones. La sensación de desamparo es tangible, sobre todo en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la cuenca cocalera más grande de Perú.

En señal de duelo por la muerte de Santiago Contoricón, la Municipalidad de Río Tambo izó a media asta la bandera peruana mientras que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) expresó su pesar a través de un sentido comunicado, destacando su valioso testimonio ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Tras ser velado en las oficinas de la Central Asháninka de Río Tambo, los restos Santiago Contoricón, la última víctima del narcotráfico, regresarán a la tierra, en el bosque donde creció: Puerto Ocopa.

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