Quince países de la UE se unen a la demanda ante la justicia europea contra Hungría por la ley anti-LGTBI de Orbán

Con la adhesión de Francia y Alemania, la demanda ante la justicia europea contra Hungría por la ley anti-LGTBI de Viktor Orbán se ha convertido ya en uno de los mayores casos de derechos humanos de la Unión Europea, como han celebrado este viernes las organizaciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI que llevan meses luchando para que los Estados miembros se unan a la acción judicial iniciada el año pasado por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Tras los anuncios de adhesión de París y Berlín en la noche del jueves, día en que finalizaba el plazo, son en total 15 los países de la UE —España lo hizo en marzo— que se han personado en el procedimiento de infracción iniciado por el Ejecutivo europeo a mediados de julio de 2022 y al que, en otro inusual gesto, también se unió la Eurocámara.

“Con este apoyo sin precedentes, esta demanda se ha convertido en el mayor caso de derechos humanos en la historia legal de la UE”, celebró este viernes la organización belga Forbidden Colours, una de las impulsoras de la campaña lanzada a mediados de febrero para conseguir el apoyo del mayor número de Estados miembros a la demanda. Tras Bélgica, el primer país en anunciar su adhesión, lo hicieron, progresivamente, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Dinamarca, Austria, Malta, España e Irlanda. Después vinieron Suecia, Finlandia, Eslovenia, Grecia y, finalmente, Francia y Alemania.

“La mayoría de los países de la UE han dicho basta a que Viktor Orbán haga un copia-pega de la ideología anti-LGBTIQ+ del Kremlin”, dijo el director ejecutivo de Forbidden Colours, Rémy Bonny, para quien “Europa nunca ha estado tan unida y decidida en materia de derechos LGBTIQ+. Eso es lo que ha conseguido Orbán”. Al mismo tiempo, la organización ha destacado —y lamentado— la ausencia de la Italia de Giorgia Meloni en la causa contra Budapest.

Según anunció Bruselas en julio de 2022, se decidió acudir al TJUE tras constatar que la normativa húngara, que prohíbe hablar sobre la orientación sexual en escuelas y medios de comunicación, “discrimina a personas por su orientación sexual e identidad sexual”.

La ley aprobada por el Gobierno de Orbán en 2021 “viola las normas del mercado interior”, específicamente las directivas sobre comercio electrónico, servicios en el mercado interior y los servicios de medios audiovisuales, así como los “derechos fundamentales de los individuos (en particular la gente LGBTIQ) y los valores europeos” estipulados en el artículo 2 del Tratado de la UE (TUE), sostiene la Comisión Europea. Su presidenta, Ursula von der Leyen, también clamó en su momento contra la ley húngara. “Europa nunca permitirá que partes de nuestra sociedad sean estigmatizadas, ya sea por a quién aman, por su edad, su etnia, sus opiniones políticas o sus creencias religiosas”, sostuvo la alemana.

Firmeza en Bruselas

Casi un año más tarde, la postura de Von der Leyen permanece firme. “Para nosotros, está claro: la ley húngara viola la ley europea, los derechos fundamentales y los valores europeos. Ahora está en manos del TJUE decidir sobre el caso”, dijo este viernes un portavoz de la Comisión a este diario. Cuando Bruselas considera que un Estado no está aplicando el derecho de la Unión, puede emprender un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE que, en caso de que determine que dicho país efectivamente infringió alguna norma europea y que no lo corrige, puede llegar a imponer sanciones económicas.

El número de países que ahora se han unido a la demanda, más de la mitad de los miembros de la Unión, constituye “un verdadero frente por los derechos humanos en Europa”, tuiteó el eurodiputado francés Pierre Karleskind, vicepresidente del intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo (un foro informal, pero reconocido por la institución europea), y uno de los principales impulsores de que la Eurocámara se personara también en la demanda. La adhesión de tantos países “es una señal importante de que Alemania y muchos otros defienden los derechos fundamentales de las personas queer”, coincidió el diputado alemán Sven Lehmann, comisario del Gobierno federal germano para la aceptación de la diversidad sexual y de género.

En una muestra de que Budapest pretende plantar cara ante este “frente” europeo, y usar todas sus armas para hacer contrapeso, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Hungría, Tamas Menczer, lanzó una crítica a Finlandia, que acaba de adherirse a la OTAN gracias al visto bueno húngaro, que se lee claramente como una amenaza al otro candidato en espera en la Alianza Atlántica, Suecia. Estocolmo también se ha personado en el caso contra Hungría y, además de superar el veto turco, necesitará que el Parlamento húngaro ratifique su ingreso antes de poder convertirse, como desea, en el 32º miembro de la OTAN.

“Nuestros amigos finlandeses todavía tienen mucho que aprender en materia de equidad. Mendigar hasta obtener algo, para inmediatamente después dar la espalda no es un comportamiento conveniente”, dijo Menczer en la cadena M1, informa France Presse.

Pese a estas maniobras, Esther Martínez, directora de Reclaim, otra de las organizaciones que han impulsado la campaña para adherir a Estados de la UE a la demanda ante la justicia europea, manifestó este viernes su esperanza de que este caso ejerza un efecto “disuasorio contra la reproducción de leyes de propaganda anti-LGBTIQ+”, dijo en las redes sociales. “Partidos políticos con planes similares en Eslovaquia, Bulgaria, Rumania y Polonia deberían pensárselo ahora dos veces antes de adoptar una medida similar”, advirtió.

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