La causa contra Trump suscita dudas jurídicas sobre la relevancia de los cargos y las competencias del fiscal

La causa contra Donald Trump que comenzó el martes en Nueva York con la lectura de la treintena de cargos va a ser rápida. Y su probable desenlace, un juicio con el magnate sentado en el banquillo, puede coincidir con las primarias republicanas para las presidenciales de Estados Unidos de 2024. Aunque entre la imputación y el juicio los tribunales de Nueva York suelen demorarse un año de promedio, la próxima cita de Trump en el tribunal de Manhattan es el 4 de diciembre, y los fiscales han pedido al juez que fije el juicio para enero, un mes antes de los caucus de Iowa que activan oficialmente las primarias para las presidenciales.

Todo esto ocurrirá si los abogados del candidato a la reelección no logran antes tumbar el caso que, a su juicio, es un castillo de naipes: el pliego de cargos presentado el martes por la Fiscalía de Manhattan consta de 34 delitos por falsificación de registros mercantiles para encubrir pagos que acallaron supuestas aventuras extramatrimoniales. Pero no solo los representantes de Trump tienen dudas sobre la solidez de los cargos. Algunos juristas también han apuntado que el fiscal Alvin Bragg puede encontrarse con dificultades para llevar adelante el caso. Es la tesis de la profesora de Derecho de la Universidad de Nueva York Rebecca Roiphe. “Se ha especulado con la idea de que los pagos ilegales de Trump podrían haber afectado al resultado de las elecciones, y esta idea se basa en asuntos legales controvertidos que pueden ser difíciles de probar”, asegura la experta, citada por The New York Times. El caso por el que está ahora imputado no es el único al que se enfrenta el expresidente. Ni siquiera el más peligroso.

Alvin Bragg, el primer afroamericano titular de la Fiscalía de distrito de Manhattan, se adentra en aguas jurídicamente procelosas, con pocos precedentes. Para la defensa, esa incógnita, además de la supuesta endeblez de los cargos, es la principal baza. Los expertos no se ponen de acuerdo acerca de la potencial gravedad de la acusación: mientras unos ven zonas de sombra, otros celebran su arrojo. El quid de la cuestión estriba en determinar si la violación por el magnate de leyes estatales de Nueva York (la falsificación de asientos contables para ocultar los sobornos pagados a la actriz porno Stormy Daniels, una exmodelo de Playboy y un conserje de la Torre Trump) implicó otro delito, la violación de leyes federales como las que regulan la financiación de las campañas. Bragg no tiene jurisdicción federal y el salto entre una y otra es, para algunos, una carambola incierta.

Cabe recordar que los pagos se hicieron en el último tramo de la campaña electoral de 2016, con la intención de impedir que salieran a la luz las supuestas aventuras del entonces candidato republicano con Daniels y la exmodelo Karen McDougal, así como comprar el silencio de un conserje de la Torre Trump, la sede del emporio familiar en Manhattan. El objetivo era mantener intactas sus aspiraciones presidenciales.

Delitos graves

Los 34 cargos imputados a Trump son delitos graves de clase E, la categoría más baja de delito grave en Nueva York. Como cada uno conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión, Trump se enfrentaría teóricamente a un total de 136 años de reclusión. La falsificación de registros mercantiles suele considerarse un delito menor, a menos que el fraude se utilice para cometer un segundo delito —la supuesta violación de las normas de campaña—, en cuyo caso se convertiría en un delito grave. Pero ¿fue la hipotética violación de las normas de financiación electoral una consecuencia, una simple casualidad o un objetivo? Es decir, ¿se sostiene el pliego de cargos o se lo puede llevar el aire, como plantean los abogados de Trump?

Los expertos Karen Friedman Agnifilo y Norman Eisen consideran que “no hay nada novedoso o débil en este caso”. “Los cargos de libros y registros expuestos en los documentos de acusación contra el señor Trump son el pan de cada día de la oficina del fiscal”, escribían este miércoles en The New York Times. El registro de documentación falsa para encubrir infracciones en la financiación de campañas es habitual en Nueva York, por lo que el caso contra Trump tendría muchas posibilidades de éxito. Otra columnista en el mismo diario opina, sin embargo, que “a pesar de todo el bombo y platillo del martes, [Trump] todavía puede escabullirse de este aprieto”.

También entre los republicanos proliferan las críticas a lo que consideran un órdago judicial, mientras los demócratas se ponen de perfil. “La extralimitación del fiscal [Bragg] sienta un peligroso precedente para criminalizar a los oponentes políticos y daña la fe del público en nuestro sistema judicial”, sentenció el senador republicano Mitt Romney, conocido crítico de Trump. William Barr, que fue fiscal general [jefe del Departamento de Justicia] del presidente republicano, calificó de “completa mentira” las alegaciones de fraude electoral, y la acusación, de “caso patéticamente débil.” Para Andrew McCabe, a quien Trump despidió como vicedirector del FBI en el tramo final de su presidencia, la acusación es un “fiasco”.

La mayoría de las voces coinciden en que la sustancia de los cargos contra el exmandatario es a la vez humillante y seria, lo que no exime de riesgos al proceso. La jurisdicción de la Fiscalía de Manhattan es Nueva York, con toda su dimensión financiera. Eso significa que investiga habitualmente complejos casos de guante blanco, como el escándalo internacional del BNP Paribas en 2014, y otros que implican a personas de alto perfil, como la reciente causa contra Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, juzgado y condenado por una intrincada trama de fraude fiscal.

Pero el siguiente paso de la acusación, demostrar que los delitos imputados a Trump son aún más graves, entra de lleno en el territorio del alambre. El hecho de que la trama montada por Trump con la ayuda del abogado Michael Cohen y el antiguo editor del tabloide National Enquirer para enterrar cualquier escándalo susceptible de arruinar su carrera política demuestra la existencia de una conspiración, como apunta el pliego de cargos, no es garantía de éxito.

Trump, que se declaró inocente de todas las acusaciones el martes, es el 30º acusado de falsificación contable por Bragg desde que este asumiera el cargo en enero de 2022, tras ganar las primarias demócratas con un programa centrado en la reforma del sistema de fianzas y libertad condicional, una patata caliente en Nueva York, y sin Trump en la mira. Bragg, un vecino de Harlem de 49 años, ha presentado hasta ahora 151 cargos de este calibre. De hecho, la condena de la Organización Trump y la declaración de culpabilidad de Weisselberg incluían también delitos de falsificación contable. Los imputados al magnate son 11 cargos por facturas falsas, 11 por cheques y talonarios falsos y 12 por asientos falsos en los libros de contabilidad. La Organización Trump registró como “honorarios legales” los cheques de reembolso del entonces presidente a Cohen, que adelantó el dinero a Stormy Daniels. De hecho, hay una tercera derivada de la imputación, apuntada por el propio Bragg y la fiscalía: la posibilidad de que se haya cometido un delito para ocultar dinero a Hacienda, dado que a Cohen le dieron no solo 130.000 dólares, el monto que adelantó a Daniels, sino hasta 420.000, para suplir lo que se supone le iba a descontar Hacienda.

En los considerandos de Bragg, los registros falsos encubren “intentos de violar las leyes electorales estatales y federales”, especificó el fiscal el martes. No sería la primera vez que un fiscal de Nueva York ganara un caso de falsificación de documentos para encubrir violaciones de la financiación de campaña. Según los expertos, hay precedentes de autoridades estatales que pueden aplicar la legislación estatal en casos relacionados con candidatos federales, como era el caso de Trump. El pago a Daniels, de 130.000 dólares (unos 120.000 euros), supera los límites de las contribuciones a campañas federales.

Trump se convirtió el martes en una más de las aproximadamente 31.000 personas acusadas de delitos graves en los lúgubres juzgados del Estado de Nueva York cada año, en la planta 15ª del número 100 de Centre Street. A diferencia del resto de los reos, para el magnate fue una experiencia distinta, en volandas de una caravana de vehículos con los cristales tintados y un colosal despliegue de secretas. Sin esposas, sin pasar ni un minuto en una de las celdas donde aguardan hacinados los detenidos, el suyo fue un procesamiento rápido, casi indoloro. Las leyes que Nueva York le aplique sí serán las mismas que para el resto, aunque su interpretación pueda ser novedosa.

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