Quién es quién en el caso de la actriz porno que puede llevar a Trump ante la justicia

El caso Stormy Daniels podría titularse, parafraseando el de una exitosa película de Hollywood de finales de los ochenta, Sexo, mentiras y cintas de vídeo. A la enumeración basta añadirle unos cuantos abogados, los que han construido la causa a favor o en contra de la actriz de cine porno y, en sentido opuesto, de Donald Trump. El culebrón, que se prolonga desde hace años, puede terminar con la primera imputación de un mandatario en la historia de EE UU, acusado de pagar dinero negro a Daniels para comprar su silencio sobre una supuesta aventura extraconyugal.

Stormy Daniels, la víctima

En julio de 2006 la actriz de cine porno Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie G. Clifford, conoció en un club de golf de Nebraska al magnate y estrella de la telerrealidad Donald Trump. El que 10 años después sería el 45º presidente de EE UU engatusó a Daniels prometiéndole aparecer en El aprendiz, su programa en la NBC. A la aventura, que Trump niega, siguieron un par de encuentros. De la promesa televisiva, nunca más se supo.

Aconsejada con desigual fortuna por agentes y publicistas y engañada por su propio abogado, la actriz, que hoy tiene 44 años, intentó rentabilizar la aventura ofreciendo la historia a varios medios a partir de 2011, cuando Trump manifestó su intención de presentarse a la presidencia. Pero no fue hasta octubre de 2016, en el último tramo de la campaña que le llevó a la Casa Blanca, cuando Daniels tuvo la oportunidad más adecuada. The Washington Post publicó la transcripción de una cinta en la que el republicano describía groseramente cómo manoseaba a las mujeres y el escándalo animó a Daniels a contactar, entre otros medios, con el tabloide National Enquirer. Su editor, David Pecker, amigo íntimo de Trump y encargado de blindar su imagen, le avisó y el republicano puso el asunto en manos de su abogado, Michael Cohen.

Tres días después de divulgarse la cinta, la actriz firmó con Cohen un acuerdo de confidencialidad por 130.000 dólares que la amenazaba con graves sanciones económicas si hablaba. La firma se realizó en el aparcamiento de un plató de cine porno en California. Pero en 2018, con Trump ya en la Casa Blanca, la actriz recurrió a la justicia para anularlo, basándose en que el presidente nunca llegó a firmarlo (lo hizo Cohen, que también adelantó el dinero). Del escrutinio legal sobre aquel contrato surgió la investigación de la Fiscalía de Manhattan, que intenta determinar si el reembolso de Trump a Cohen, registrado como “gastos legales” en los libros de la Organización Trump, violó las normas de financiación de la campaña.

Daniels ha protagonizado desde entonces una discreta carrera como actriz, presentadora y productora de programas de telerrealidad, además de escribir un libro de memorias, Full Disclosure. Aunque la revelación del caso coincidió con el arranque del Me Too, abjuró del movimiento tras un intento de beneficiarse de la favorable opinión pública ante la ola de denuncias de abusos a mujeres por parte de hombres poderosos en la industria del cine. Su condición de actriz porno no ayudó; al revés, la desacreditó tanto como su propósito de rentabilizar la historia. Del relato de su aventura con el republicano quedan un par de frases memorables: la descripción de Trump como “un payaso inseguro” y la calificación de la relación sexual que mantuvieron como “la menos impresionante” de la vida de Daniels.

Michael Cohen, el testigo de cargo

El abogado Michael Cohen, de 56 años e hijo de un superviviente del Holocausto, idolatraba a Trump —llegó a afirmar que estaba dispuesto a encajar una bala en su lugar—, pero en 2018 se convirtió en su enemigo cerval tras airearse el pago del soborno a Daniels. Qué paso entre uno y otro extremo es la gran incógnita del caso. La relación entre ambos se retrotrae a 2006, cuando Cohen llamó la atención del magnate al defender con ardor sus intereses en una junta de la comunidad de propietarios de uno de sus condominios. Enseguida fue contratado por la Organización Trump, donde llegó a ser responsable de algunas de sus empresas. Pero su función principal consistía en anticiparse a los caprichos y deseos de Trump e interpretar las instrucciones que le daba, es decir, en lavar todos los trapos sucios, para lo cual Cohen no dudó en amedrentar a los críticos de un modo barriobajero, muchas veces de consuno con Pecker, el editor del Enquirer, para blindar la imagen del que pronto sería candidato a la Casa Blanca. Pecker declaró ante el gran jurado a finales de enero.

Cohen se empleó en proteger a su jefe hasta enero de 2018, cuando a raíz de una denuncia de un grupo protransparencia llamado Common Cause ante la junta electoral por el pago del soborno, tuvo que empezar a dar explicaciones: primero, exonerando a Trump y asegurando que lo había hecho por su cuenta, es decir, mintiendo. Luego, tras su ruptura con el magnate teóricamente por no abonar este la abultada minuta de su defensa, contando la verdad, su verdad, de la mano de su nuevo abogado, un conocido demócrata. En agosto de 2018, Cohen se declaró culpable de violar normas de financiación electoral y señaló con el dedo a Trump. Ya en la cárcel, empezó a colaborar con la justicia. Desde enero ha acudido a la sede de la fiscalía una veintena de veces. Aunque la oficina del fiscal deplora su excesiva exposición mediática, con frecuentes intervenciones para “defenderse públicamente” de lo que califica de campaña de acoso por parte del entorno de Trump, los investigadores le consideran un testigo consistente.

Alvin Bragg, el fiscal

Cuando Alvin Bragg fue elegido fiscal del distrito de Manhattan en las primarias demócratas de 2021, el caso Stormy Daniels languidecía pese a los intentos de su predecesor, el también demócrata Cyrus Jr. Vance, de impulsarlo. La renuncia de los dos investigadores principales en febrero de 2022 tampoco hacía presagiar un pronto final, sino más bien un probable archivo de la causa. Por eso Bragg, de 49 años, no pudo imaginar que su llegada a la fiscalía le colocaría en una tesitura inédita, desde el punto de vista jurídico: aquilatar la solidez de los cargos que sustenten la probable imputación. Cuando anunció su candidatura en 2019, su programa no tenía nada que ver con las cuentas pendientes del presidente, sino con un nuevo enfoque de la delincuencia, con la promesa de equilibrar la seguridad pública y la equidad.

El énfasis en la ley y la asepsia política de Bragg se deben a su etapa como fiscal federal en Nueva York, en la que se centró en la corrupción pública y los delitos de cuello blanco, y posteriormente en la Fiscalía General de Nueva York, donde dirigió una unidad centrada en la responsabilidad policial. Bragg se siente incómodo con los aspectos más políticos de su trabajo, y ha vuelto a explicitarlo esta semana, al responder a una petición de explicaciones por parte de congresistas republicanos, que le acusan de abuso de autoridad.

La imputación a Trump catapultaría a Bragg a la escena nacional, pero el proceso está minado de dudas, incluso de aliados putativos, sobre la solidez del caso y la conveniencia de presentarlo. Trump ha hecho diana en el demócrata, para apuntalar su teoría de que es víctima de una cacería política. Como consecuencia de todo ello, el escrutinio sobre Bragg es hoy mayor que sobre el presunto delito cometido por Trump en 2016.

Michael Avenatti, el abogado delincuente

La fama del abogado Michael Avenatti, representante de Stormy Daniels en su causa contra Trump, se desbordó como la espuma gracias a la ingenuidad de la actriz, que depositó en él toda su confianza en 2017, en vísperas de que el caso estallara. Sus apariciones en los canales de televisión por cable cuando azuzaba a Daniels contra Trump le retrataron como un tiburón, impetuoso y agresivo y con un apreciable dominio de los titulares. Tanto medró que acarició incluso la idea de presentarse a las primarias demócratas para probar suerte en la carrera de la Casa Blanca, hasta que empezaron a conocerse sus deslices. En 2019 Avenatti, de 52 años, fue detenido por el FBI por extorsión y fraude bancario. En 2022 un tribunal de Manhattan declaró probado que había robado a Daniels 300.000 dólares de un anticipo editorial por sus memorias tras falsificar su firma.

En apenas seis meses, y gracias a Daniels, el californiano Avenatti adquirió fama internacional mientras situaba el litigio en el centro del debate político del país. Pero su pericia jurídica se reveló escasa: una demanda por difamación de Daniels contra el presidente, que la había insultado previamente, fue desestimada, y el juez la condenó a pagar 293.000 dólares en costas, casi la misma cantidad que Avenatti sustrajo a su clienta. Fue condenado a cuatro años de cárcel en junio pasado, tras un proceso en el que se representó a sí mismo. La actriz rompió su relación en 2019, y lamentó muchas veces que la tratara como a una boba durante el tiempo que fue su cliente, dándole largas sobre el destino del dinero desaparecido y subestimándola, además de cuestionar su salud mental. Para la lectura del fallo Avenatti solicitó poder vestir uno de sus caros trajes a medida, pero el juez desestimó su petición y el letrado debió comparecer, como todos los reos, con el mono naranja de los presidiarios.

Karen McDougal, la modelo silenciada

Exmodelo de Playboy, Karen McDougal tenía 35 años en 2006 cuando mantuvo una relación con Trump que se prolongó un año y que este siempre ha negado. Como Daniels, McDougal intentó también monetizar la historia, pero la reputación del republicano había sido blindada por Cohen y Pecker, el editor del National Enquirer. Pecker había venido utilizando el tabloide para impulsar la carrera presidencial de Trump, publicando historias positivas del candidato y peyorativas de sus rivales. En 2016, McDougal contrató al mismo abogado que había ayudado antes a Daniels. El letrado llamó a la puerta del Enquirer para tantear la venta de una exclusiva, pero Pecker se lo contó a Cohen y Trump pidió a su amigo que echara tierra sobre el asunto, según declaró el editor a fiscales federales. Un pago de 150.000 dólares a McDougal por el Enquirer, por los derechos de una exclusiva que nunca iba a ser publicada aunque a la mujer, que hoy tiene 52 años, se le prometieron dos portadas, enterró la amenaza y McDougal se convirtió en una nota a pie de página del caso.

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