Bruselas propondrá prorrogar la protección temporal a los refugiados ucranios hasta 2025

La Comisión Europea asume que el conflicto en Ucrania mantendrá a cientos de miles de personas en territorio europeo más tiempo de lo previsto. Un año después del comienzo de la invasión rusa, Bruselas ha decidido proponer a los Estados miembros que se prolongue hasta marzo de 2025 la protección temporal de la que se benefician casi cuatro millones de personas que se han refugiado en territorio europeo. La propuesta se formalizará, según una alta fuente comunitaria, durante la presidencia española del Consejo Europeo, en el segundo semestre de este año.

La iniciativa supone ampliar de dos a tres años el estatus legal del que gozan los refugiados de la guerra en Ucrania. Ese estatus especial, llamado protección temporal, ha ofrecido a los desplazados por el conflicto —ucranios y ciudadanos de otras nacionalidades que vivían en el país— un año de residencia y trabajo legal dentro de las fronteras de la UE. Esta fórmula se creó en 2001, en el contexto de los conflictos de los Balcanes, como respuesta a una posible afluencia masiva de personas, pero no se había usado nunca. Ni siquiera cuando la guerra en Siria obligó a cientos de miles de personas a abandonar su país con destino a Europa. Pero la rápida salida de decenas de miles de refugiados en los primeros días de guerra forzó la activación de la norma.

La protección temporal ofrece un año de residencia y trabajo legal de forma casi automática y contempla una prórroga de un segundo año, que, según fuentes europeas, se da por hecha y se anunciará el próximo 8 de marzo. La clave era qué ocurriría después, ya que la decisión de aplicar una segunda y última prórroga depende del Consejo Europeo a propuesta de la Comisión.

No está claro si esa ampliación de la protección temporal beneficiará solo a los ucranios o si se mantendrá con carácter general para refugiados de otras nacionalidades que también huyeron del país. Fuentes españolas mantienen que ese punto aún está en discusión. Es una cuestión que ya generó fricción cuando se debatió la activación de la normativa europea que regula la protección internacional. No todos los países se mostraron a favor de conceder el mismo estatus a los ucranios que a ciudadanos de otras nacionalidades que no podían volver a sus países.

La norma, de hecho, se aprobó con ciertas limitaciones en ese sentido y solo protege a los nacionales de otros países que contaban con un permiso de residencia en Ucrania, dejando fuera a cualquier extranjero en situación irregular. El acuerdo dejó en manos de cada Estado miembro la decisión de ampliar su aplicación. Los ciudadanos no ucranios llegados a la UE procedentes de Ucrania rondan los 270.000, la mayoría turcos, rusos e indios. En España, según datos oficiales, los no ucranios que se han beneficiado de la protección temporal no llegan al 2% de las 168.500 personas a las que se les ha concedido la protección.

La aplicación de la directiva de protección temporal fue clave para la rápida e inédita respuesta que dio Europa a la crisis de refugiados desencadenada con la caída de las primeras bombas. Apenas cuatro días después de que comenzase a registrarse un éxodo nunca visto desde la II Guerra Mundial, la Comisión propuso adoptar esta fórmula. Y solo cuatro días más tarde, el Consejo aprobaba su implementación. “Acuerdo histórico [...] ¡La Unión Europea está unida y es solidaria!”, anunciaba en su Twitter el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin.

Recurrir a una figura jurídica específica para una afluencia tan grande de personas ha permitido a los países no sobrecargar más sus sistemas de asilo, con más peticiones y expedientes por resolver, y reconocer derechos básicos (como sanidad, educación o permisos para trabajar) de forma casi automática en una situación de emergencia. En España, por ejemplo, donde los solicitantes de asilo pueden pasar meses esperando una cita y años aguardando la resolución de su expediente, se aplicó un sistema en el que la protección temporal y, por tanto, las autorizaciones de residencia y de trabajo se concedían en apenas 24 horas. En tiempo récord, los exiliados de Ucrania contaron con documentos y facilidades que otros colectivos tardan meses o años en tramitar.

La llegada de millones de personas, sin embargo, sí ha supuesto un reto, por ejemplo, en su incorporación al mercado laboral. También ha llegado a poner al límite la red de acogida de algunos países, aunque el retorno de millones de refugiados a Ucrania ha ido aliviando esta presión. Fuentes comunitarias creen que uno de los grandes desafíos pendientes es la coordinación de las ayudas adicionales, especialmente las vinculadas al acceso a una vivienda. Las mismas fuentes defienden, en cualquier caso, que la protección temporal ha sido un éxito “a pesar de las dificultades”. Entre otras cosas porque ha permitido poner en marcha una plataforma para compilar datos que no existía, un sistema que puede aplicarse en otros contextos. Con esa base de datos, en la que todos los Estados miembros comparten información, es posible saber cuánta gente entra por las fronteras europeas, dónde están, qué estatus tienen y si hay desequilibrios para ayudar a paliarlos.

La experiencia de la guerra de Ucrania tendrá, según fuentes comunitarias, un reflejo en el futuro pacto de migración y asilo que negocia la UE desde 2020 y que avanza lentamente. El pacto preveía incorporar un mecanismo de crisis ante la afluencia masiva de personas, que sustituiría de manera natural a la directiva europea de protección temporal, una norma que, al fin y al cabo, no se había usado nunca. Pero tras la experiencia de la Ucrania, la Comisión cree que este mecanismo debe mantenerse, independientemente del acuerdo migratorio. Se ha convertido, sin pretenderlo, en una forma de asegurarse una respuesta humanitaria de emergencia, sin tener que someterla a eternas discusiones entre países que se muestran cada vez más a la defensiva ante los temas migratorios.

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