El inédito ejemplo de los refugiados ucranios

España está dando una respuesta sin precedentes al éxodo ucranio que comienza a llegar al país. Despliegue de recursos de acogida autonómicos y estatales, trámites exprés, centros de recepción, teléfonos de información y anuncios diarios comprometidos con el bienestar de los que huyen de una guerra a las puertas de la UE. La directiva europea de protección temporal activada por primera vez desde que se redactó hace 20 años determina y hace única la solidaria respuesta española y de sus socios comunitarios, pero España ha querido destacar. Entre otras medidas extraordinarias, dará a los desplazados papeles para trabajar en hasta 24 horas y regularizará a los ucranios que ya vivían aquí. No es el primer desafío migratorio que afronta el Gobierno de Pedro Sánchez que, desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018, ha encadenado crisis con refugiados, aunque en todas ellas ha reaccionado de forma muy distinta.

Estos son los episodios más relevantes y la respuesta del Ejecutivo.

Alfombra roja para el ‘Aquarius’. La llegada de 629 personas rescatadas en el Mediterráneo Central en junio de 2018 fue el primer gesto del presidente socialista en materia migratoria. Cientos de periodistas cubrieron su desembarco en el puerto de Valencia. Todos habían pasado por el infierno de Libia y había cientos de personas procedentes de países emisores de refugiados como Sudán del Sur, Malí o Eritrea. Nada más llegar se les concedió un permiso de 90 días por motivos humanitarios y la Administración les dio prioridad en la fila para hacer trámites. Apenas tuvieron que esperar. Pero las concesiones y los anuncios acabaron ahí. Sus solicitudes de asilo siguieron el mismo ritmo parsimonioso de un sistema saturado y la mayoría de los expedientes se denegaron, empujando a los náufragos a la irregularidad. En abril de 2021, tres años después de su llegada, de las 374 peticiones solo se habían resuelto 153: 87 denegatorias, 49 reconocimientos del estatuto de refugiado, una protección subsidiaria y 16 archivos.

El éxodo venezolano. La deriva autoritaria de Nicolás Maduro y la crisis social, económica y política de Venezuela han forzado el éxodo de casi seis millones de personas, según Acnur, la agencia para los refugiados de la ONU. La intensa llegada de desplazados venezolanos mantiene a España entre los tres Estados de la UE con más peticiones de asilo. En 2019 se batió un récord de 118.000 peticiones, la mayoría de Venezuela, y el sistema funciona saturado desde entonces. Familias enteras, de varias nacionalidades, llegaron a dormir en la calle por falta de camas en el sistema de acogida. El Gobierno buscó una fórmula extraordinaria para ellos: un permiso de residencia de un año por razones humanitarias. El derecho a trabajar en cualquier caso solo se reconoce a los seis meses y la tasa de reconocimiento de su estatus de refugiado es mínima. En aquel entonces, el Defensor del Pueblo recomendó al Gobierno que el Consejo de Ministros declarase la protección temporal para los venezolanos, la misma que se les ofrece ahora a los ucranios, pero la propuesta fue rechazada.

Canarias, la vía de escape del Sahel. El año 2020 estuvo marcado por el repunte de llegadas a las islas y la consecuente crisis humanitaria en plena pandemia. Fueron 23.000 desembarcos en 2020. Una cifra muy parecida en 2021. El Gobierno mantuvo durante meses a personas durmiendo en la dársena del puerto de Arguineguín (Gran Canaria), hasta hacinar a más de 2.600 migrantes en solo 3.800 metros cuadrados. Buena parte de ellos eran marroquíes, impulsados a emigrar por razones económicas, pero la segunda nacionalidad más numerosa eran los malienses, procedentes de un país azotado por la violencia de grupos armados desde 2012. La falta de asistencia jurídica, de intérpretes, las dificultades para acceder al asilo, la separación de madres e hijos e incluso las deportaciones de malienses a Mauritania fueron algunas de las deficiencias constatadas por el Defensor del Pueblo durante la crisis. La comunidad autónoma aún ruega que se deriven a otras regiones algunos de los casi 3.000 menores solos que tiene bajo su tutela, pero la respuesta de las comunidades, a diferencia de la que están teniendo ahora con los ucranios, ha sido mínima.

La entrada masiva de Ceuta. La crisis con Marruecos a cuenta de la soberanía del Sahara Occidental tuvo su punto álgido en mayo de 2021 con la entrada de más de 10.000 personas en Ceuta. La inmensa mayoría de los inmigrantes eran de Marruecos, pero se constató la entrada, entre otros, de refugiados yemeníes, ciudadanos de un país en guerra civil desde 2014 y con “la mayor crisis humanitaria del mundo”, según Acnur. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula que el conflicto ya se ha cobrado directa o indirectamente 377.000 vidas. Varios de ellos fueron expulsados a Marruecos, un extremo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó y que Acnur confirmó. “En el camino a la valla nos empujaron y nos pegaron con la porra. Enseñábamos los pasaportes y les gritábamos ‘asilo’, pero dio igual”, contó uno de ellos a EL PAÍS. Entre los expulsados esos días hubo niños y adolescentes solos, y también un grupo de 15 congoleños con necesidades de protección internacional, en el que se encontraban una mujer embarazada, un bebé y dos menores.

El abrazo a los afganos. La toma de Afganistán por parte de los talibanes forzó a huir a miles de afganos en agosto. España lideró la evacuación ante el aplauso de la UE y más de 2.000 refugiados fueron recibidos hasta por el rey Felipe VI en el aeródromo de Torrejón de Ardoz (Madrid). En este caso, el Gobierno también se volcó priorizando su acogida y acelerando sus peticiones de asilo. Sus solicitudes están tardando entre siete y ocho meses en reconocerse, según fuentes gubernamentales, un hito en comparación con los más de dos años que aguardan otras nacionalidades. Más del 60% de los 1.650 afganos que, finalmente, pidieron protección en España ya tienen reconocido su estatus de refugiado. En su caso, como en el del resto, el permiso de trabajo no se les concede hasta seis meses después de su solicitud. La adaptación de los afganos al sistema de acogida español, sin embargo, no ha sido fácil. Algunos aspiraban a vivir en grandes ciudades para buscarse la vida, pero acababan en pueblos de 400 habitantes. Sin trabajo y sin avales, la búsqueda de un piso ya está suponiendo una pesadilla para varias familias.

Salto histórico en la valla de Melilla. Coincidiendo con el recrudecimiento de la ofensiva rusa en Ucrania, más de 850 subsaharianos entraron a Melilla en dos saltos sucesivos la primera semana de marzo de 2022. Hubo multitud de devoluciones en caliente y las cámaras grabaron las palizas que propinaron algunos guardias civiles a varios de los que consiguieron saltar. Grande-Marlaska justificó la actuación de los agentes e insistió en la violencia “inusitada” del grupo, aunque en las imágenes concretas de las agresiones no se aprecia resistencia por parte de los migrantes. El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González, urgió a que se esclareciese lo ocurrido y se adoptasen sanciones.

Vox corrió a señalar que hay que diferenciar a los “auténticos refugiados”, en referencia a los ucranios, de los que saltan la valla. Pero las cifras de las nacionalidades de los que entraron en Melilla, apuntan a que ellos también pueden ser refugiados, pero de los que tienen que cruzar ilegalmente fronteras para poder pedir asilo. Según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, las casi 630 peticiones de asilo registradas han sido admitidas a trámite. Más del 40% proceden de Malí y casi un 35% de Sudán. Entre los sudaneses, hay migrantes que huyeron de Darfur, en una guerra civil que desde 2003 se ha cobrado más de 400.000 muertos, según Acnur. La violencia, entre agricultores y pastores nómadas, por los recursos naturales escasos como el agua, se ha agravado desde octubre de 2021, coincidiendo con el golpe de Estado militar que ha vuelto a desestabilizar el país.