La politización de las instituciones turcas retrasó el rescate en el terremoto, denuncian oposición y expertos

Mientras los rescatistas retiran escombros en busca de los últimos supervivientes del terremoto en Turquía una semana después del que, con más de 33.000 fallecidos, ya es el seísmo más letal de la era moderna en la región, muchos se preguntan si la respuesta del Gobierno fue la adecuada. Cuántas vidas más podrían haberse salvado puede ser una pregunta inoportuna ante la magnitud del desastre, pero resulta pertinente para quienes aguantaron horas o incluso días al pie de los edificios en ruinas, esperando la aparición de la maquinaria y los equipos de rescate.

El propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha reconocido que la ayuda llegó “no todo lo rápido” que cabía esperar, pero lo achaca a las circunstancias: la extensión del área devastada, unidas a la destrucción causada por el seísmo en las carreteras de acceso, al temporal de nieve y lluvia que azotó la zona y a la congestión de tráfico ocasionada por la llegada de ayuda y la huida de los afectados. La oposición, y varios expertos consultados, ponen el acento en la mala gestión de unas instituciones erosionadas por 20 años de erdoganismo.

“¿Dónde está el Estado?”, se preguntaban muchos de los damnificados los dos primeros días que siguieron a la catástrofe. Este diario recogió testimonios en diversas zonas de las provincias de Kahramanmaras y Hatay que denunciaban la ausencia de auxilio y que tenían que enfrentarse a los rescates con sus propios medios. “No es únicamente la falta de ayuda. Mis parientes en Malatya y Gaziantep [otras dos provincias afectadas por el seísmo] me dicen que durante las primeras 48 horas no había interlocutor al que dirigirse. Las autoridades locales habían desaparecido, no respondía el Ayuntamiento ni la prefectura ni la Delegación del Gobierno. No había policía ni ejército”, explica el analista y exdiplomático Aydin Sezer.

Los Ayuntamientos metropolitanos de las grandes ciudades del país (Estambul, Ankara y Esmirna), todos en manos de la oposición, se aprestaron a enviar personal de rescate y camiones cargados de ayuda, pero el ministro del Interior, Süleyman Soylu, tachó de “provocación” cualquier intento de ayudar que no fuese a través de los canales oficiales.

“AFAD [el organismo dependiente del Ministerio del Interior turco que gestiona la ayuda en emergencias] ordenaba parar los camiones porque decían que iban a entregarlos ellos. Bien, no estamos en contra, si son capaces de hacerlo. El problema es que no lo fueron”, critica Zeynel Emre, diputado del partido centroizquierdista CHP: “Si hubieran puesto a gente competente al frente de AFAD y al frente de la Media Luna Roja, no habríamos tenido estos problemas”. Uno de los ejemplos más criticados es el de Ismail Palakoglu, nombrado director general de Lucha contra los Desastres en AFAD el pasado enero, pese a su formación como teólogo y a que su carrera ha transcurrido principalmente en la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno.

Técnicos sustituidos por aliados del presidente

Parecidas críticas se han vertido contra la Media Luna Roja. “Me avergüenzo de esta organización”, sentenció Tekin Küçükali, presidente de la institución entre 2005 y 2011. En varias entrevistas en medios turcos durante los últimos días, Küçükali ha denunciado que los “cuadros bien preparados” de la Media Luna han sido sustituidos por “personas sin experiencia”. De hecho, en los últimos años, la organización se ha visto envuelta en escándalos de corrupción y se le ha acusado de donar parte de su dinero a ONG islamistas vinculadas al entorno de Erdogan.

Diversas fuentes consultadas lamentan que, durante sus 20 años en el poder, el partido islamista AKP ha colocado al frente de organismos del Estado y de asociaciones vinculadas a la lucha contra emergencias a su propia gente sin tener en cuenta la preparación. Nasuh Masruki es uno de los que lo ha sufrido. Este montañero y fundador de la AKUT, la ONG de búsqueda y rescate más importante de Turquía, denuncia que se le obligó a dimitir de la presidencia de la organización tras recibir amenazas de los colaboradores de Erdogan.

“No podemos comunicarnos con buena parte de nuestro personal, están bajo los escombros”, lamentó el alcalde de Adiyaman, Süleyman Kiliç, días después del terremoto. Y el periodista Taha Hüseyin Karagöz, del diario progubernamental Yeni Safak, alegaba que parte de la tardanza en la respuesta se debe a que, en la región afectada, el propio personal de AFAD quedó bajo los edificios derruidos o perdió a familiares directos.

Una fuente de la cooperación extranjera, con varias décadas de experiencia en la gestión de desastres, asegura que la respuesta fue “increíblemente buena” y “mucho mejor que en 1999″, cuando un seísmo desoló la región de Mármara y el Gobierno de la época fue muy criticado por su pobre actuación. “Creo que no se comprenden las dimensiones de lo que está ocurriendo. Es un área como Bélgica y Holanda juntas, con 13 millones de habitantes”, añade.

Sezer, que también fue testigo de la desorganización de 1999 mientras trabajaba coordinando el envío de ayuda desde la Embajada turca en Moscú, cree que esta vez “el problema ha sido la incapacidad del Gobierno de delegar en instituciones locales”. Así, se ha denunciado que grúas y otras máquinas pesadas esenciales para las labores de rescate esperaron durante horas porque no recibían el visto bueno de AFAD para empezar a trabajar.

“Había ONG que intentaban hacer cosas, pero el Gobierno les decía que no, que todo se iba a hacer bajo el control de AFAD. Toda actuación tenía que recibir luz verde de Ankara”, afirma Sezer. Y añade un factor que lo complica todo: la polarización política y la competición entre los diferentes partidos a escasos meses de las elecciones.

Hoy ve con desesperanza la gestión del terremoto: “Las primeras 24 horas se echaron a perder. Hubo problemas de coordinación que solo se empezaron a arreglar a partir del segundo día. Perder esas primeras 24 horas fue una desgracia. Habría que haber desplegado a las Fuerzas Armadas, que tienen personal repartido por todo el país y en mucho mayor número que AFAD, que no tiene más de 20.000 empleados”. Masruki apunta al error de haber eliminado el protocolo EMASYA, que permitía al ejército desplegarse sobre el terreno, incluido en las ciudades, sin necesidad de permiso de la autoridad política, en caso de amenaza terrorista o desastre natural. Sin embargo, el protocolo fue anulado en 2010 por el Gobierno de Erdogan porque, sostenía, podía servir para planes golpistas.

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