La justicia de Daniel Ortega condena a más sacerdotes e impone la inhabilitación de por vida a cargos públicos

La jueza sandinista Nadia Camila Tardencilla Rodríguez realizó el juicio contra seis religiosos católicos y un laico de la diócesis de Matagalpa a puertas cerradas. Fue un proceso político hermético, sin posibilidad de conocer las pruebas presentadas por la Fiscalía controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Solo trascendió que –a pesar que los tres sacerdotes, dos seminaristas y el diácono usaron su última palabra para insistir en su inocencia citando versículos bíblicos– el veredicto fue de culpabilidad y les acarreó una pena de prisión de 10 años por los supuestos delitos de “conspiración y propagación de noticias falsas”.

Estos seis religiosos y el laico fueron apresados junto con el obispo Rolando Álvarez, la voz más crítica crítica del catolicismo ante las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en agosto de 2022, cuando una tromba policial irrumpió de madrugada en la casa cural de Matagalpa. Aunque el titular de la diócesis norteña es acusado por los mismos delitos políticos, y por la misma jueza sandinista, los religiosos bajo la tutela de Álvarez fueron procesados por separado y han sido mantenidos encerrados en la temida cárcel de El Chipote. El obispo de Matagalpa, el jerarca católico de mayor nivel preso en Nicaragua, es mantenido bajo “casa por cárcel”.

La jueza Tardencilla informó también de que el proceso contra monseñor Álvarez fue adelantado para este próximo 15 de febrero, ya que estaba programado para el 28 de marzo. Fuentes religiosas han coincidido que ese caso ha estado en un impasse por dos razones fundamentales: la primera es que los Ortega-Murillo le han ofrecido “exilio o cárcel” al obispo, pero él se ha negado rotundamente a “abandonar su patria”. Y la segunda es que el Vaticano ha buscado acercamientos con el régimen, según el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera.

No se sabe qué resultados ha tenido la Santa Sede, pero fuentes del poder judicial creen que ninguno. Sobre todo, continúan los informantes consultados por EL PAÍS, porque la Fiscalía “fábrica las pruebas” contra el obispo Álvarez basadas en sus homilías críticas que eran esparcidas en redes sociales, con el fin de “desestabilizar” al Gobierno. Es decir, que perfilan al obispo como “un gran conspirador”.

Hasta el momento, la alta jerarquía católica y El Vaticano mantienen silencio absoluto ante la persecución religiosa en Nicaragua, que ya suma nueve sacerdotes y religiosos condenados en un clima de prohibición de procesiones a diferentes parroquias y un número de párrocos exiliados en ascenso.

Inhabilitación de por vida a cargos públicos

Lo llamativo de la sentencia política leída a los religiosos de la Diócesis de Matagalpa es que la jueza Tardencilla les endilga una pena más, no prevista en la acusación inicial: “Inhabilitación de por vida a cargos públicos o de elección popular”. De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), se trata de una nueva modalidad represiva del judicial contra los presos políticos.

“Tenemos una lista de más de 14 personas presas políticas a quienes se les ha hecho la misma aplicación, con el agravante de que los jueces, a solicitud de los fiscales, sin ningún trámite, sin tener ninguna facultad de cambiar una letra de una sentencia que está firme, alteran su contenido”, sostuvo ese organismo en una declaración pública este martes.

La pena de la inhabilitación absoluta de por vida para ejercer cualquier cargo público o de elección popular y el ejercicio de los derechos políticos es calificada por el Cenidh como “la aberración más grande”. “Es el último atropello a la inteligencia de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional. Para los organismos internacionales de protección de derechos humanos que permanentemente están insistiendo en condenar las violaciones a las garantías del debido proceso, a las que están sujetas las personas presas políticas en Nicaragua”, expresó la organización también clausurada por el régimen.

El Cenidh argumentó que las penas accesorias, en la que cabe la inhabilitación a cargos públicos, “no pueden durar más tiempo que el establecido en la pena principal, por tanto, estas inhabilitaciones tendrían que durar los 10 años” que ha sido la pena impuesta a religiosos. “Denunciamos ante el mundo no solamente esta aberración cometida contra los siete miembros de la diócesis de Matagalpa, sino también que esta nueva acción represiva se ha comenzado a aplicar por varios jueces, a petición de los fiscales en casos anteriores, adicionando sentencias firmes”.

Mientras que la tarde de este ocho de febrero el diario La Prensa –cuya redacción fue confiscada– denunció que dos de sus trabajadores fueron condenados a diez años de cárcel. La lectura de sentencia duró veinte minutos y ocurrió un día después que la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que en el histórico edificio del diario será inaugurado en abril próximo un “centro cultural”.

“Las sentencias de cárcel contra seis sacerdotes y un laico son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión. Llamamos al Estado a su pronta liberación y al respeto a quienes expresan opiniones en su contra. La crítica y el disenso no pueden ser delitos”, apuntó por su parte este siete de febrero la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Twitter. Una petición que en El Carmen, residencia y despacho presidencial de los Ortega-Murillo, es ignorada. En cambio, la Policía Nacional consumó este miércoles la confiscación de dos edificios de dos organizaciones civiles que habían sido ilegalizadas previamente: el grupo feminista Venancia, en Matagalpa, y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en la capital Managua.

“De nuestro edificio fueron borrados nuestros emblemas y colores, pero ellos no podrán borrar los crímenes y torturas cometidos por sus desmedidas ambiciones de poder y su megalomanía totalitaria”, señaló la CPDH, cuyos miembros están exiliados en Miami, Estados Unidos.

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