La interminable espera para lograr refugio en Costa Rica: Rodrigo Chaves cambia las reglas para los nicaragüenses

David Domingo Dávila Guido no ha conseguido aún un pedazo de cartón para recostarse sobre la acera en la que más de medio centenar de migrantes nicaragüenses están arrejuntados, acurrucados como pingüinos en grupos, resistiendo los 17 grados de esta noche de febrero en San José, que cae sobre ellos –para empeorar la sensación térmica– acompañada de ráfagas frías. A la sombra de una luminaria amarillenta, el hombre de 31 años ha preferido abrigarse con una manta gris que más temprano un grupo humanitario le regaló. “El frío está duro y ya llevo dos noches aquí. De madrugada se pone peor, pero espero conseguir un número hoy”, cuenta sin mucha esperanza. Su rostro es envuelto por el vapor que sale de las tazas de café caliente que casi todos sostienen pegadas al pecho, como un rescoldo que alivia las manos.

El “número” al que Dávila Guido se refiere es uno de los cincuenta cupos que los funcionarios de la Unidad de Refugio de la capital tica entregan cada madrugada a los solicitantes de refugio desde que el presidente del país centroamericano, Rodrigo Chaves, modificó sustancialmente a finales de noviembre de 2022 la política para solicitar protección internacional en Costa Rica. Una de las consecuencias más visibles de los cambios han sido estos campamentos de migrantes, improvisados a la intemperie, ya que antes de la reforma se podía solicitar refugio a través de una llamada o vía sitio web.

La Administración de Chaves estableció ahora que la protección solo puede ser solicitada de forma presencial y durante una ventana de tiempo limitada de 30 días después de ingresar a territorio. Sin embargo, cincuenta cupos diarios resultan exiguos para los miles de nicaragüenses que huyen de la violencia política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como de la crisis económica que ese país atraviesa desde las protestas sociales de 2018.

De acuerdo con las autoridades migratorias ticas, desde 2018 al anuncio de la reforma de Chaves el pasado 30 de noviembre, han recibido 222.056 solicitudes de refugio, de las cuales 172.689 están pendientes de resolver. Aunque entre ellas hay migrantes cubanos, venezolanos y haitianos, el 90% corresponden a nicaragüenses. El sistema migratorio ha sido rebasado y el presidente Chaves argumentó que “las medidas” son “para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar”. Según el presidente, entre el 80% y el 90% de los solicitantes no cumplen los requisitos para esta categoría migratoria.

El mandatario también lamentó la falta de apoyo financiero de la comunidad internacional para atender a los miles de solicitantes de refugio. “No estamos viendo el apoyo de los países que generan en alguna medida el fenómeno, como Estados Unidos, no estamos viendo el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, no estamos viendo el apoyo de las Naciones Unidas ni del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR)”, dijo.

Las otras dos medidas –que han resultado controvertidas para organizaciones defensoras y acompañantes de migrantes– han sido, primero, que el permiso laboral para solicitantes de refugio ya no se otorgará de forma expedita. Deben recurrir a otro proceso administrativo. Y segundo, que los solicitantes no podrán salir de Costa Rica. Antes el impedimento era viajar a su país de origen, pero ahora no pueden viajar a terceros países, algo que afecta a una buena parte de una población desplazada altamente política, entre quienes sobresalen opositores, defensores de derechos humanos y líderes sociales, quienes asisten a foros y espacios internacionales a denunciar al régimen de los Ortega-Murillo.

Las autoridades migratorias ticas desplegaron a su Policía Profesional el pasado 20 de enero para desalentar la formación de campamentos de migrantes, sobre todo evitar que menores de edad estuvieran largas jornadas al pie de ese enorme portón azul que reviste la Unidad de Refugio, situada en una zona industrial en las afueras de San José centro. Aunque el número de quienes persisten en la institución ha bajado, por las noches, relatan a EL PAÍS los vigilantes de fábricas aledañas al galerón de refugio, las personas se plantan con pedazos de cartón que hacen de colchonetas, mantas y vasos de café con la esperanza de obtener prontamente un cupo para no soportar más en la intemperie y sin comida estas primeras noches de 2023, que han estado decididas por un frente frío que azota Costa Rica.

“Te inventan un puño de delito”

David Domingo Dávila Guido viene de El Rama, un municipio de la Costa Caribe Sur de Nicaragua, donde durante diez meses del año el calor tiende a ser opresivo, con una humedad que ensopa. Por eso este frío josefino le resulta tan complicado a este nicaragüense, quien no oculta que una de sus motivaciones para cruzar de forma irregular la porosa frontera es conseguir estabilidad económica. “Un trabajito pues, para salir adelante”, dice. Es un hombre profundamente religioso, aunque no lleva ni un crucifijo que delate su catolicismo. Salió de Nicaragua hace dos semanas lo más liviano posible. En El Rama era director del coro de la iglesia Nuestra Señora de Fátima, pero en los últimos meses comenzó a sentirse “inseguro”.

“Allá [en Nicaragua] están prohibidas muchas cosas, como que el padre haga alguna homilía que vaya contra el gobierno... Están presos sacerdotes y un obispo. Ellos hablan porque se han cometido muchas injusticias, pero nadie puede decir nada porque te echan preso; te inventan un puño de delito que nunca has cometido. Ese es el problema con el Gobierno”, explica Dávila Guido.

El migrante dice que sintió la presión cuando a unas monjas que ayudaban al coro “las mandaron a sacar” de Nicaragua. “Es que ellos, los policías, estaban viniendo todos los domingos a la iglesia a ver qué se decía en la homilía… y nos recomendaron también no cantar algunos cantos”. Fue cuando decidió venirse a Costa Rica por dos razones logísticas fundamentales: “Es el país vecino” y porque emprender rumbo hacia Estados Unidos es más costoso y peligroso… “En México nos matan”, suelta Jorge Ramírez, nicaragüense de 31 años de edad que oye la plática a un par de metros. El joven cursaba la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), pero sostiene que las presiones de parte del sandinismo para involucrarse en actividades partidarias y la necesidad de mantener a su hijo de seis años lo empujó a Costa Rica.

De hecho, Ramírez cruzó con su hijo la frontera hacia Costa Rica. Su vida se descalabró en 2020 cuando su esposa falleció de un infarto fulminante. De modo que arriesgarse a llegar a Estados Unidos con el pequeño nunca fue opción para él. La primera oleada de exiliados de 2018 fue hacia Costa Rica, pero tras el golpe de la pandemia a la economía tica y la alta tasa de desempleo, el flujo se fue hacia el norte. Solo en 2022 un 4% de la población nicaragüense, es decir más de 300 mil personas, huyeron en su mayoría a Estados Unidos. Sin embargo, aparte de los peligros de la travesía, el cierre de la frontera impuesto por Joe Biden a cambio de un “Parole humanitario” ha dejado en el desconcierto a miles. Y Costa Rica sigue siendo el país más cercano, “el vecino”, a pesar de lo costoso que resulta y la falta de puestos de trabajo.

“Tengo que velar por mi hijo y mi madre. Mientras consigo la cita de refugio, el niño me lo está cuidando un hermano que se vino antes… Tengo una semana de estar acá. Usted sabe que venimos con recursos limitados y sería bueno tener un número hoy. Si no, pues no importa aguantar frío si es con tal de que mi hijo tenga un mejor futuro y cumpla sus metas”, plantea Ramírez. El joven vuelve a recostarse sobre el cartón que está en la acera fría. Se coloca los audífonos y se echa la manta sobre el rostro a esperar que la madrugada venga con un cupo que le permita al amanecer ingresar por el enorme portón azul de la Unidad de Refugio que, a esta hora, parece infranqueable.

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