Una masacre de 131 civiles revela el horror de la guerra del Congo

La ofensiva lanzada desde marzo de este año por el grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23), que ha logrado ocupar una parte del territorio de Kivu del Norte, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), ha devuelto a este país a los peores años de un conflicto que dura ya más de 25 años, pero que nunca se extinguió del todo. Matanzas como la ocurrida entre el 29 y 30 de noviembre en Kishishe y Bambo, que costó la vida a 131 personas, según Naciones Unidas, y la huida de unas 400.000 personas ante el avance de los milicianos, que llegaron a las puertas de Goma, capital regional, han provocado una grave crisis entre los Gobiernos de la RDC y Ruanda, a quien el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, acusa directamente de estar detrás del M23.

No es la primera masacre que sufre esta región, particularmente castigada por la violencia y la presencia de decenas de grupos armados de diferente signo, pero sí una de las peores de las que se tiene constancia en los últimos años. El M23, de mayoría tutsi, asesinó a 102 hombres, 17 mujeres y 12 niños en Kishishe y Bambo en los dos días de noviembre mencionados, según una investigación preliminar de Naciones Unidas, que asegura que todos ellos fueron “ejecutados arbitrariamente por disparos o por arma blanca”. Otras 60 personas fueron secuestradas y 22 mujeres y cinco niñas violadas. Posteriormente, los propios milicianos enterraron los cuerpos en fosas comunes cavadas por los vecinos a punta de fusil.

El informe de la ONU fue elaborado a partir de los testimonios de personas que lograron escapar hasta Rwindi, donde hay una base de la Monusco, la misión de Naciones Unidas en el Congo. El M23 niega los hechos y asegura que solo ocho civiles fallecieron por “balas perdidas”. Sin embargo, el Gobierno congoleño eleva la cifra de muertos a 272. El Ejército, así como milicianos mai mai y las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), de mayoría hutu, se enfrentan desde marzo al M23, pero no lograron impedir su entrada en Kishise y Bambo. En todo caso, esta matanza es una nueva llamada de atención hacia un conflicto que ha provocado más de cinco millones de muertos desde 1996, según un estudio de la ONG International Rescue Committee, y se ha reactivado este año.

“El olvido de este conflicto por parte del resto del mundo es muy doloroso”, asegura Justin Kashara, activista congoleño procedente de Goma, “y estos días lo hemos visto especialmente con la invasión del M23 de nuestro territorio. El inmovilismo es total, hay unos derechos para blancos y otros para negros. Tenemos miedo, estoy buscando cómo puedo sacar a mi familia de allí, pero al mismo tiempo se ha producido una reacción popular increíble; en esta ocasión hay muchas personas dispuestas a luchar para evitar la balcanización del Congo”. A principios de noviembre, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, hizo un llamamiento a alistarse en el Ejército y miles de jóvenes respondieron positivamente.

Integración de milicianos

La reactivación del conflicto del Congo comenzó a finales del año pasado tras el proceso fallido de integración de los miembros del M23 en las fuerzas de defensa y seguridad del país, pero se intensificó a partir de marzo de 2022, cuando este grupo armado, bajo las órdenes del coronel Sultani Makenga, atacó varias aldeas en la zona de Rutshuru, próxima a las fronteras con Ruanda y Uganda. Las Fuerzas Armadas congoleñas reaccionaron, pero no pudieron impedir el avance del M23, que a finales de mayo logró llegar a las afueras de Goma, donde fueron repelidos por la Monusco y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los rebeldes extendieron los combates hasta el Parque Nacional de Virunga, el mítico hogar de los gorilas de montaña, y a mediados de junio se apoderaron de la ciudad de Bunagana, clave en la comunicación de Goma con Uganda, lo que activó una respuesta de la comunidad internacional.

El presidente de la RDC ha acusado en reiteradas ocasiones a Ruanda de apoyar al M23, afirmación corroborada por informes de Naciones Unidas, lo que su homólogo Paul Kagame y el propio grupo armado insisten en negar. Este pasado sábado, durante su discurso anual del estado de la nación, Tshisekedi habló de las “tendencias expansionistas” de su vecino y calificó la ofensiva de “una cobarde agresión a la RDC al amparo del M23″.

Kinshasa ha comenzado a reunir pruebas con la intención de pedir la creación de un tribunal especial para juzgar a Ruanda. En concreto, se acusa al Gobierno de Kagame de desplegar soldados ruandeses en territorio congoleño y de entregar armas, uniformes, cascos, chalecos antibalas y equipamiento militar al M23, “hasta tal punto que ahora es difícil distinguir a ambas fuerzas”, dijo Patrick Muyaya, portavoz del Gobierno de la RDC.

Ante la escalada del conflicto y tras una ola de manifestaciones este verano contra la Monusco, a la que se acusa de inacción, la Comunidad Africana Oriental (CAO) decidió la creación de una fuerza militar regional y el envío de tropas para apoyar a la RDC, lo que se concretó con la llegada de tropas burundesas en agosto y kenianas en noviembre. Uhuru Kenyatta, expresidente de Kenia, es el mediador designado por la CAO para este conflicto.

El pasado 25 de noviembre, cinco días antes de la masacre, Tshisekedi y Vincent Biruta, ministro ruandés de Asuntos Exteriores en representación de Kagame, alcanzaban un acuerdo de alto el fuego que incluía la retirada del M23 del territorio congoleño ocupado y permitía el uso de la fuerza por parte de las tropas de la CAO en el caso de que los rebeldes no aceptaran estos términos. Aunque los enfrentamientos han continuado, el M23 expresó el pasado 6 de diciembre su intención de iniciar el repliegue.

Las secuelas del genocidio de Ruanda de 1994, la disputa por el control de la inmensa riqueza mineral de esta región y la debilidad del Estado para controlar una zona muy alejada de la capital, Kinshasa, están detrás del largo conflicto de Congo. Coltán, cobalto, cobre, casiterita, uranio, oro o diamantes cruzan a diario las fronteras hacia otros países, que obtienen un enorme beneficio de ello. Ruanda, por ejemplo, es el principal exportador mundial de coltán, fundamental para la fabricación de smartphones, tablets y ordenadores portátiles, pero este país no tiene grandes yacimientos, frente al 80% de las reservas mundiales que se concentran en la RDC.

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