Bruselas exige congelar fondos europeos a Hungría por las violaciones del Estado de derecho

La Comisión plantea a los países por primera vez suspender la entrega de 7.500 millones, aunque hace un gesto a Budapest al aprobar con duras exigencias el plan de recuperación por la pandemia

Desde la izquierda, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, y el responsable de Justicia, Didier Reynders.
Desde la izquierda, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, y el responsable de Justicia, Didier Reynders.OLIVIER HOSLET (EFE)

La Comisión Europea aboga por estrenar con Hungría la herramienta que permitirá por primera vez restringir fondos europeos a los países que vulneren el Estado de derecho. Bruselas cree que Hungría no ha cumplido con su parte del acuerdo al que llegaron en septiembre para implantar 17 medidas y reformas contra la corrupción que evitaran ese castigo. Con esta conclusión en la mano, el Ejecutivo comunitario recomendará al Consejo de la UE, que integra a los países miembros y que tendrá la última decisión, que congele la entrega de 7.500 millones de fondos estructurales al Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán, el paso definitivo para aplicar el mecanismo que permite imponer sanciones cuando detecta que las deficiencias en el Estado de derecho de un país europeo ponen en riesgo el presupuesto comunitario.

Para mitigar la dureza de esa decisión, el colegio de comisarios ha dado, al mismo tiempo, el visto bueno al plan de recuperación postpandemia húngaro, que supone acceder a 5.800 millones de euros en subvenciones. El dinero llegará, no obstante, siempre que Hungría aplique cuatro importantes medidas que aseguren la independencia del poder judicial en el país magiar.

En el fondo, lo que ha hecho este miércoles Bruselas ha sido doblar la apuesta con Orbán. Ya no solo le amenaza con dejarle sin 7.500 millones del dinero de programas europeos si no aplica las medidas a las que se comprometió en septiembre. También le advierte de que están en juego los 5.800 millones que lleva aparejados su plan de recuperación. La suma de ambas decisiones asciende a 13.300 millones, casi el 20% del gasto público húngaro en 2019, último año antes de la pandemia. Pero en los dos casos, hace depender su entrega —si así lo ratifican los Estados miembros en el Consejo de la UE— de que Orbán dé marcha atrás sobre muchas de sus políticas en los últimos años. Es decir, le reclama que despliegue las reformas anticorrupción exigidas hace algo más de dos meses y cambios legales que garanticen la independencia judicial y la aplicación de la jurisprudencia europea en Hungría.

“Riesgo para el presupuesto de la UE”

“La Comisión considera que, a pesar de las medidas adoptadas, sigue existiendo un riesgo para el presupuesto de la UE, dado que las medidas correctoras que aún deben cumplirse son de carácter estructural y horizontal. Si bien se han emprendido o están en curso una serie de reformas, Hungría no ha aplicado adecuadamente los aspectos centrales de las 17 medidas correctoras necesarias acordadas en el marco del mecanismo general de condicionalidad en el plazo del 19 de noviembre, tal como se había comprometido”, explica el comunicado del Ejecutivo europeo en el que da cuenta de su decisión.

Orbán lleva más de una década desafiando a Bruselas y a muchos de sus socios comunitarios ante su deriva autoritaria, que le ha llevado a dar pasos que desmantelan el Estado de derecho en Hungría y a revertir derechos y garantías entre sus ciudadanos, como los de la comunidad LGTBI. Al hilo del plan de recuperación, la UE aprobó el llamado mecanismo de condicionalidad para poder sancionar a los países que en este tipo de derivas ponen en riesgo el presupuesto comunitario. La herramienta llegó a ser recurrida ante los tribunales por los dos países que desde el principio parecían objetivos claros de ella: Polonia y Hungría. El Tribunal de Justicia de la UE rechazó el recurso, lo que dejó las manos libres a la Comisión para activar el proceso, algo que hizo en septiembre.

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“Hay que distinguir entre las dos decisiones”, ha pedido el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. “La valoración que hacemos del plan de recuperación húngaro es positiva”, ha continuado el letón, en referencia a la previsión de inversiones y el planteamiento de transformación de la economía del país hacia una mayor sensibilidad digital y medioambiental. “Pero también evaluaremos la ejecución de este plan y las condiciones que lleva aparejadas”, ha añadido, en referencia a esos cuatro “superhitos”, como Dombrovskis los ha llamado, que exige Bruselas para liberar los fondos. Estos buscan asegurar la independencia judicial y deberán aprobarse y desplegarse antes de que Budapest pueda solicitar el primer pago de su plan, es decir, en el primer trimestre del año que viene. Tanto Dombrovskis como el responsable de Justicia, Didier Reynders, han sido muy claros: si no se cumplen estos cuatro hitos, no habrá dinero.

“La pelota está ahora en manos de los Estados miembros”, ha dicho Reynders. Son ahora los 27 países que componen la UE reunidos en el Ecofin, el órgano que agrupa a los ministros de Economía y Finanzas, quienes tienen que decidir sobre las dos propuestas que han aprobado este miércoles los comisarios. Este es el mismo órgano en que Hungría ha bloqueado hasta ahora iniciativas en las que la UE ha puesto mucho empeño: el desarrollo del acuerdo internacional de más de 150 países para fijar un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y la entrega a Ucrania de 18.000 millones para el gasto corriente del país invadido por Rusia desde febrero.

En principio, los cuatro puntos, más otros adicionales, iban a evaluarse en la próxima reunión de este órgano, que será el 6 de diciembre. Pero comienza a cundir la idea de retrasar la decisión a un encuentro posterior, antes de final de año, en el que los cuatro asuntos podrían estar sobre la mesa, según apunta Politico. La vinculación quedaría patente de esta forma y se trataría así de torcer el brazo de Orbán, que lleva arrastrando los pies con sanciones a Rusia y ayudas a Ucrania desde que comenzó la guerra por su cercanía al régimen de Vladímir Putin.

Si Hungría se viera privada a medio plazo de los más de 13.000 millones de euros vinculados a las decisiones que ha adoptado la Comisión este miércoles, el golpe a las finanzas de Budapest sería grave. Ante las elecciones del pasado abril, el Gobierno de Orbán disparó el gasto público, y su déficit fiscal se ha convertido en una pesadilla para el Ejecutivo ahora. A esto se ha sumado la inflación, que en este país se ha disparado hasta el 22%; la caída del forinto, la moneda húngara, en los mercados de divisas; y el castigo a los bonos de deuda pública (la prima de riesgo, indicativa de la sostenibilidad de las cuentas de un país, ha llegado a los 800 puntos básicos, ocho puntos porcentuales).

Esta tormenta casi perfecta sobre las finanzas públicas húngaras (de momento deja de recibir los 7.500 millones, el 65% de tres programas de sus fondos de cohesión, más los 5.800 millones del plan de recuperación) castigaría mucho su economía. La situación de debilidad lleva a varios servicios de estudios de bancos a presumir que Orbán acabará cediendo ante las exigencias de sus socios comunitarios.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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