El relator de la ONU para los derechos de los migrantes: “Es lamentable que no se haya aclarado la tragedia de Melilla cinco meses después”

Felipe González Morales (Madrid, 61 años) lleva desde 2017 observando con lupa un asunto que incomoda a gobiernos de todo el mundo. De izquierdas y de derechas, democráticos y autoritarios. El relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los migrantes lamenta que las violaciones de convenios y normativas internacionales “no tienen un gran costo para los Estados”.

González está especialmente preocupado por “la normalización” de las devoluciones en caliente, más recientemente en América Latina, donde el éxodo masivo de venezolanos está poniendo a prueba la buena vecindad del resto del continente. Es en Perú y en Chile, en su frontera con Bolivia, donde el experto ha identificado un aumento considerable de estas expulsiones que se realizan sin seguir un procedimiento legal. El relator ve con preocupación cómo en una gran cantidad de países, incluidos los europeos, “las deportaciones [retornos, en la jerga migratoria comunitaria] se han colocado en el centro de la agenda para la inmigración”. Denuncia que con estas prácticas se impide, entre otros, “el ejercicio del derecho de asilo”.

González ha seguido también de cerca los acontecimientos ocurridos en la frontera entre Marruecos y Melilla del 24 de junio, cuando al menos 23 personas —otras 70 están desaparecidas― murieron en una estampida después de que cientos de migrantes intentaran entrar en la ciudad autónoma a través de uno de sus puestos fronterizos.

“Es lamentable que no se haya aclarado la tragedia después de cinco meses”, afirma el hispano-chileno durante una entrevista en la sede de EL PAÍS, en Madrid, el día 23. El relator explica que la ONU pidió información a España sobre una situación que considera de “extrema gravedad”. Recibió, asegura, una respuesta genérica, por lo que todavía se pregunta: “¿Cuántas personas murieron?, ¿Fueron atendidas aquellas que estaban vivas después de sufrir las lesiones?, ¿En qué lugar se hallaban?”. Además, el relator rebate la tesis del Ministerio del Interior de que la tragedia sucedió en una especie de tierra de nadie. “Está esta afirmación de que habría una especie de zona intermedia, un limbo entre España y Marruecos, no es una cuestión aceptable desde el punto de vista del derecho internacional. No puede usarse para eximirse de responsabilidad”. El relator también cuestiona los rechazos en frontera que se realizaron en ese día: “Y si efectivamente se devolvió a 470 personas a Marruecos sin que pudiesen solicitar asilo, eso es contrario al derecho internacional. Una persona no tiene menor nivel de protección a su derecho humano porque haya recurrido a determinados medios para cruzar una frontera. Hasta el peor delincuente tiene derecho a un debido proceso y a no ser torturado”.

Políticas de externalización

Es en Níger, donde Bruselas está poniendo ingentes esfuerzos económicos y logísticos para frenar la inmigración irregular hacia el Viejo Continente, donde González pudo constatar un “agravamiento de la situación de los derechos humanos como consecuencia de las políticas migratorias” de la UE. “El énfasis está claramente en la seguridad, y el enfoque de [el respeto a] los derechos humanos está en un plano secundario”. Sería también el caso de España, que se centra en la seguridad, lo que es “complicado” porque al final acaba habiendo “violación de derechos humanos”. Un extremo que González atribuye a la izquierda y a la derecha indistintamente.

“Las políticas de externalización [de fronteras, migratorias] impiden que haya un ejercicio del derecho de asilo”, declara en referencia a los acuerdos bilaterales del Reino Unido con Ruanda y Dinamarca con países de los Balcanes con el objetivo de enviar a esos países a personas que, según consideran, no tienen el derecho de quedarse allí. El hecho de que se presente como “tendencia” las prácticas anteriores representa “un problema mucho más complicado que va a ser mucho más difícil de resolver”, vaticina.

El relator, en la misma línea que critican muchos expertos, cree se está incrementando el uso de la migración como arma política y de presión. Lo hizo Turquía en 2020 y Bielorrusia y Marruecos en 2021. En todos los casos como arma de presión a Europa. Ante este fenómeno, González defiende que esa politización de la inmigración “no exime de responsabilidad al Estado receptor” de migrantes. Precisamente el próximo junio, González y su equipo publicarán un informe sobre la situación migratoria en Bielorrusia y en Polonia.

La crisis económica se acentúa y las guerras persisten. Ante este panorama, el relator advierte de que se puede esperar un aumento en los flujos migratorios. También como consecuencia del cambio climático. González admite que no existe la figura de “refugiado climático” reconocida como tal y defiende que a las personas que huyen de las drásticas consecuencias del calentamiento global se les pueda garantizar el derecho de asilo. “Pero todavía no hay una pauta común global y clara al respecto” pese a que en África, por ejemplo, el mayor flujo migratorio es interno y responde a causas climáticas, explica.

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