El Defensor del Pueblo cuestiona las explicaciones de Interior sobre la tragedia de Melilla
La Secretaría de Estado de Seguridad niega ahora que la actuación en la avalancha del 24 de junio fuera una operación coordinada con Marruecos
El Defensor del Pueblo ha puesto en duda algunas de las explicaciones que le ha dado el Ministerio del Interior sobre la actuación llevada a cabo el 24 de junio, cuando centenares de personas intentaron entrar en España desde Marruecos forzando la entrada del puesto fronterizo de Barrio Chino, en Melilla. En una resolución que puede encontrarse en su página web, la institución cuestiona varias afirmaciones de la versión de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES); desde la coordinación con los agentes marroquíes, que ahora se niega, a la afirmación oficial de que los agentes no eran conscientes del riesgo que corrían los migrantes. También incide en la falta de procedimiento legal para ejecutar las devoluciones, que se realizaron con ayuda de los agentes marroquíes, y apunta que el lanzamiento de gases y piedras por parte de los guardias españoles pudo “intensificar la situación de peligro”.
El escrito del Defensor, publicado la semana pasada, tiene fecha del 14 de octubre y recoge las conclusiones preliminares que la institución sacó tras ver las imágenes y analizar la primera respuesta oficial que le fue enviada el 20 de septiembre. El Defensor ya había informado en una nota de prensa sobre este primer análisis, pero no se conocía el contenido detallado de los documentos que se intercambiaron la institución y la SES, que depende del Ministerio del Interior.
La resolución del Defensor revela ahora que, según la Secretaría de Estado, el operativo desplegado en Melilla no estaba coordinado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado marroquíes. Ambos países, mantiene la SES, llevaron a cabo sus actuaciones “de forma autónoma”, produciéndose la colaboración “únicamente en la fase final de los acontecimientos [en referencia al momento en el que agentes de ambos países comenzaron a ejecutar devoluciones]”. Interior defiende que mantener “un flujo de información con la Gendarmería Real Marroquí no permite asumir que se realicen actuaciones coordinadas en el control de entrada”.
Con esta respuesta Interior se desvincula de las acciones de los gendarmes y fuerzas auxiliares marroquíes durante aquella jornada. Aquel 24 de junio, unas 1.700 personas, la mayoría refugiados sudaneses, intentaron cruzar por la fuerza el puesto fronterizo del Barrio Chino. Al recinto no llegó todo el grupo, pero sí varios centenares de personas que, durante más de 30 minutos, intentaron forzar las puertas de entrada mientras volaban piedras y gases lacrimógenos de ambos lados de la frontera. Cuando las puertas se abrieron, se produjo en embudo y decenas de personas quedaron amontonadas tanto en el lado del puesto que está bajo control español como en el marroquí. Tras la avalancha, los guardias marroquíes golpearon a las víctimas y las dejaron durante horas tiradas en el suelo de un patio, a pleno sol y sin asistencia médica. Murieron al menos 23 personas, pero hay unas 70 desaparecidas.
El defensor Ángel Gabilondo considera que la afirmación de que no hubo una operación coordinada contrasta con otra respuesta de la misma Secretaría de Estado al referirse a un salto a la valla anterior, en marzo. “En aquella ocasión [en la que España y Marruecos aún no habían recuperado sus relaciones], se habla de la actuación de fuerzas hispano-marroquíes al describir el operativo”. En ese salto de marzo, entraron a Melilla más de 800 personas, frente a las 133 que lo hicieron en junio. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el 25 de junio, un día después de la tragedia, que la gendarmería marroquí “trabajó coordinadamente con las fuerzas y cuerpos del Estado para repeler ese asalto tan violento”.
En cualquier caso, dicta la institución, “una coordinación más estrecha en la actuación, en incidentes como el que nos ocupa, en que se producen peligrosas aglomeraciones en zonas muy cercanas a la valla, podría evitar que se desencadenen tragedias como la acaecida en este caso”.
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Las cámaras grabaron la situación de peligro
La Secretaría de Estado de Seguridad, que dirige Rafael Pérez, también asegura que las fuerzas policiales “no tuvieron constancia, ni observaron directamente, ni tampoco a través del perímetro fronterizo, la situación de riesgo a la que se expusieron estas personas”. Esta cuestión es importante porque está por aclarar si las autoridades españolas pudieron hacer algo para evitar la tragedia.
La SES afirma que cuando la Guardia Civil logra acceder al interior del recinto del puesto fronterizo Barrio Chino [una vez ocurrida la avalancha mortal], “no encuentra personas heridas, ni fallecidas, pues en ese momento, las fuerzas de seguridad marroquíes habían logrado neutralizar el intento de entrada por la fuerza, así como despejado la vía de acceso a las instalaciones del lado español”.
El Defensor vuelve a discrepar de la interpretación oficial: “Tras el visionado de las imágenes, en especial las captadas por el helicóptero, estas afirmaciones no pueden ser compartidas por esta institución. De hecho, se observa cómo un número indeterminado de personas se encuentran amontonadas y, en varios casos, aplastadas en uno de los accesos”.
La descripción que hace la institución de los vídeos para rebatir a Interior es muy similar a la reconstrucción realizada por EL PAÍS tras ver los vídeos de la avalancha, que se produce a las 8.42. En las imágenes captadas por el helicóptero de la Guardia Civil, detalla la institución, los agentes marroquíes empiezan a acceder al interior del puesto fronterizo, las personas se agolpan en el otro extremo del acceso. “Hay una avalancha. Fuerzan una de las puertas, pero ya hay muchas personas amontonadas: entre ellos se intentan liberar. Se siguen lanzando botes de humo. Se pisan unos a otros. Los agentes marroquíes ya están a su altura en el puesto fronterizo”.
Para el Defensor, también las imágenes captadas por el dron y la cámara del vallado ponen de manifiesto “la situación de peligro que se desarrolló” y de la que los agentes que participaron en el operativo “debieran haber tenido información constante”. La institución mantiene que “no resulta plausible que no se tuviera conocimiento alguno de la situación de riesgo” y defiende que “el lanzamiento por ambas partes de piedras y el hecho de que algunos agentes españoles les rociaran con un spray pudo intensificar la situación de peligro”. En su descripción de las imágenes, el Defensor detalla cómo algunos agentes españoles “buscan piedras y se las lanzan a las personas que están en la parte superior de la valla” y cómo un agente de la Guardia Civil rocía con gas a los migrantes “para que no sigan intentando derribar la puerta del puesto”.
Una vez que parte del grupo logra salir del puesto fronterizo y se concentra bajo la valla de Melilla, prosigue el Defensor, se observa cómo hay dos cuerpos en la carretera, sin que se aprecie en las imágenes que reciban atención sanitaria. “No se ha facilitado información respecto del momento en el que se solicitó la intervención de los servicios sanitarios o de la Cruz Roja”, recoge el escrito. La institución describe lo que capta el helicóptero a las 9.14, el momento en el que la Guardia Civil intenta que varios centenares de personas no sobrepasen el cordón policial: “Se observa en la carretera una ambulancia parada a cierta distancia de los vehículos de la Guardia Civil. El video finaliza a las 9.15, la ambulancia no interviene en ningún momento. En las imágenes captadas por el dron tampoco se observa la intervención de la ambulancia”. Interior ha defendido que el vehículo no se acercó por motivos de seguridad.
Devoluciones en caliente
El Defensor también se refiere a las 470 personas que fueron devueltas a Marruecos. Aquí la institución deja claro que fue la propia Secretaría de Estado la que informó de ese número, a pesar de que Interior lo ha negado en repetidas ocasiones. En ese mismo escrito, la SES eleva a 134 (y no 133) el número de personas que logró quedarse en España. La SES niega cualquier “devolución sumaria”, por no ser un proceder legal autorizado.
El Defensor vuelve a discrepar y procede a describir los vídeos que graban el momento en el que empiezan a producirse las devoluciones: “A las 8.58 horas, se observa que hay gran cantidad de personas en el terraplén situado junto al vallado de la puerta y que se producen detenciones. Tan solo dos minutos después, a las 9.00 horas, se observan entregas expeditivas a través del vallado. El lapso de tiempo transcurrido, dos minutos, hace imposible sostener que se han realizado rechazos en frontera conforme a las mínimas exigencias legales”. En su resolución, la institución vierte sus sospechas de que entre los devueltos hubiese menores y personas con necesidad de protección internacional.
Parte de estas devoluciones se hicieron gracias a que los agentes marroquíes entraron en Melilla para llevarse a los migrantes, un extremo que negó el ministro Fernando Grande-Marlaska a pesar de que fue grabado en vídeos publicados por el diario Público.
La Secretaría de Estado de Seguridad volvió a mandar un nuevo escrito el pasado jueves que el Defensor está aún analizando. Aunque es un procedimiento habitual, el departamento de Grande-Marlaska ha mostrado su malestar por la publicación de esta resolución: “El Ministerio del Interior muestra su sorpresa por el hecho de que se esté difundiendo ahora un escrito anterior a las minuciosas y detallas alegaciones realizadas la semana pasada por el departamento, y con las que se demuestran extremos como que el Defensor sí tenía desde el principio todas las imágenes disponibles sobre los hechos, que todos los rechazos en frontera se realizaron de acuerdo a la legislación vigente o que la Guardia Civil en ningún momento omitió el deber de auxilio. El hecho de difundir un escrito que ni recoge ni tiene en cuenta ninguna de las detalladas explicaciones y alegaciones formuladas por Interior genera una clara situación de indefensión”.
Grande-Marlaska pide esperar para comparecer en la Eurocámara
La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo debatirá este jueves sobre los incidentes del pasado 24 de junio sin la presencia del ministro del Interior. La Eurocámara había solicitado en julio su comparecencia para explicar la actuación del Gobierno en la tragedia, aunque la invitación no obligaba a Grande-Marlaska a acudir. En una carta dirigida al presidente de la comisión, el socialista Juan Fernando López Aguilar, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministro pide “esperar” a que finalicen las dos investigaciones abiertas por el Defensor y la Fiscalía, cuyas conclusiones, argumenta, pueden resultar “de interés para todos”. El eurodiputado anticapitalista Miguel Urbán, uno de los promovió la petición en julio, ha criticado la decisión: “Es totalmente impropio e insólito que Marlaska no acuda al Parlamento”, ha cuestionado en una nota de prensa en la que también pide su dimisión, informa Paula Chouza.
Refugiados sin refugio: imposible llegar a la oficina de asilo
Una de las recomendaciones del Defensor tras los hechos del 24 de junio en Melilla es que España garantice que los refugiados puedan pedir asilo en la frontera o en consulados y embajadas. España ha defendido ante el Tribunal de Derechos Humanos, que juzgó las devoluciones en caliente, que hay varias opciones de entrar en España como refugiado, por lo que no se justificaría un salto a la valla.
El Defensor del Pueblo, sin embargo, constata la imposibilidad de acceso al puesto fronterizo de Beni Enzar (Melilla), donde está la oficina de asilo, a todo aquel que no sea marroquí. La institución también señala la imposibilidad de que nacionales de terceros países puedan solicitar protección internacional en las representaciones diplomáticas de España en Marruecos, un procedimiento que recoge la ley de asilo española.
En el caso de Marruecos, preocupa especialmente al Defensor del Pueblo "el alto número de personas, presumiblemente con necesidades de protección internacional, que se ven obligadas a poner en riesgo sus vidas" para poder pedir asilo en España, en lugar de acogerse a las posibilidades que contempla la ley.
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